El Gobierno de Javier Milei profundizó un modelo que concentra recursos en los principales distritos y en el Estado nacional, debilitó las arcas provinciales y transfirió a ellas toda la responsabilidad de asistir a los sectores más vulnerables. Según analizó el director de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, esta lógica regresiva no sólo promueve la desigualdad territorial generando a las provincias una pérdida superior a los 15 billones de pesos en 2024, sino que también desplaza el peso del ajuste a las provincias y a quienes menos tienen.
Esta transferencia de recursos desde los territorios subnacionales hacia el Gobierno Nacional se combinó con un esquema que prioriza los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los intereses de los sectores más concentrados de la economía.
«Si se observa el acumulado desde que Milei asumió, las provincias siguen en rojo por más de 15 billones de pesos. La recaudación nacional cayó -8,3% en términos reales. Pero esa caída no fue pareja: los recursos coparticipables se desplomaron un -12,3%, mientras que los no coparticipables apenas retrocedieron -1,2%. ¿Qué significa esto? Que el ajuste no lo soportó la Nación, sino las provincias, que vieron esfumarse ingresos esenciales para sostener servicios públicos básicos«, explicó Girard.
«En el primer trimestre, los ingresos totales cayeron -4,1%, con un desplome del -8,8% en el IVA, impuesto que depende de la dinámica del consumo. Sí aumentaron los ingresos por combustibles y lo recaudado por impuesto a las ganancias, pero por razones puntuales: la reintroducción de la cuarta categoría, otra vez afectando a las y los trabajadores«, amplió.
Parálisis de la obra pública y recorte a las provincias
A este panorama se suma una paralización casi total de la obra pública. Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), se registran caídas cercanas al 100% en programas como Apoyo para Infraestructura en Municipios, Obras de Seguridad en Rutas Nacionales y Desarrollo de Infraestructura Hidráulica.
En el plano de las transferencias del Tesoro Nacional a las provincias y municipios, el ajuste también fue muy marcado. Entre los recortes más destacados están el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (-100%), la Asistencia Financiera a Provincias y Municipios (-100%) y la Asistencia Técnica a Municipios (-90%).
Pese a este ajuste, los recursos no se redistribuyeron ni se volcaron a las provincias y se centralizaron en los principales distritos: por ejemplo en febrero la Ciudad de Buenos Aires se quedó con el 80% de las transferencias no automáticas.
Según CEPA, además se verificó un fuerte peso de los servicios de deuda pública dentro de la estructura del gasto: sólo esa función representó el 11% del total. En este marco, con el cumplimiento de los pagos al FMI como prioridad, el Sector Público Nacional logró un superávit financiero de $866.189 millones que no fue destinado a compensar los recortes en los territorios ni a los sectores sociales más afectados.
Un ajuste sobre los trabajadores
El ajuste también se descargó directamente sobre trabajadores y trabajadoras. «Se reintrodujo el Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría —golpeando directamente a trabajadoras y trabajadores que volvieron a pagarlo—, se eliminó la devolución del IVA —que beneficiaba fundamentalmente al consumo popular— y se redujeron las alícuotas del Impuesto a los Bienes Personales en el marco de un blanqueo a tasa cero, un verdadero ‘ofertón’ para los ricos», señaló Girard.
«Todo esto, mientras se subía el impuesto PAIS y a los combustibles, al tiempo que la recuperación del agro post-sequía aseguraba ingresos por vía de las retenciones, todos impuestos de nula o baja coparticipación. El resultado es tan claro como brutal: los de arriba pagan menos, los de abajo, más, y las provincias y los municipios reciben menos recursos«, denunció el director de ARBA.
La nueva carga para las provincias
Frente a este panorama, son las propias provincias las que deben salir a cubrir los huecos que dejó la Nación. Es el caso de Formosa, que tuvo que asumir con recursos propios el financiamiento de los fondos eliminados del FONID, sostener comedores escolares y la asistencia a comunidades originarias. Además, la provincia propuso continuar con las obras paralizadas si Nación cancela las deudas pendientes con las empresas adjudicatarias. Esta paralización, que llega a 56 obras, generó 8.000 despidos.
El Gobierno de Javier Milei consolida un esquema de concentración de recursos en manos del Estado Nacional, mientras le carga a las provincias el costo del ajuste. El modelo de financiamiento es regresivo: castiga a las mayorías, beneficia a los sectores más concentrados y profundiza la desigualdad territorial.
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