243.000 personas quedaron afuera de la moratoria provisional y 8 de cada 10 hombres y 9 de cada 10 mujeres ya no podrán jubilarse. Detrás del hito del superávit fiscal que tanto pregona el Presidente Javier Milei, hay una realidad brutal: el ajuste recayó con particular violencia sobre los sectores más vulnerables, especialmente, los jubilados.
La decisión política de no renovar la moratoria provisional deja a miles de personas sin poder acceder a una jubilación justa, negándole los años de aporte que muchas veces sus trabajadores no respetaron. Hoy por hoy las personas mayores van a tener que conformarse con una Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que es significativamente inferior en monto y en derechos.
Mientras Milei y su equipo económico exhiben el superávit como un trofeo y festejan las decisiones de no aumentar las jubilaciones con asados, en las calles, las manifestaciones de jubilados ganan adeptos todos los días. Pero el gobierno, lejos de ceder, respondió con represión y desdén, dejando en evidencia el desprecio con el que tratan a quienes trabajaron toda su vida.
Moratoria previsional: ¿qué significaba y a quién beneficiaba?
Hasta el 31 de diciembre de 2023, estaba vigente un régimen de moratoria previsional que permitía a quienes no habían logrado completar los 30 años de aportes necesarios para jubilarse, regularizar su situación y acceder a una jubilación mínima. Este sistema había sido implementado en 2005 durante el gobierno de Néstor Kirchner y fue una de las políticas más inclusivas en materia previsional.
Gracias a la moratoria, cientos de miles de personas, en su mayoría mujeres, pudieron acceder a una jubilación en lugar de quedar desprotegidas. La moratoria reconocía una realidad evidente y dolorosa: en Argentina, muchas personas trabajaron en la informalidad o en sectores precarizados donde los aportes no fueron garantizados por quienes tenían la responsabilidad de hacerlo.
Ahora, el fin de la moratoria deja sin alternativa a todos los que no tienen los aportes suficientes. La única opción que les queda es la PUAM, que no es una jubilación, sino el 80% de una jubilación mínima, pero solamente podrán beneficiarse si logran cumplir con ciertos requisitos socioeconómicos.
¿Cuál es la diferencia entre jubilación y PUAM?
Uno de los aspectos más crueles del fin de la moratoria es la enorme diferencia entre una jubilación y la PUAM. Mientras que la jubilación mínima permite el acceso a obra social, aguinaldo y aumentos establecidos en base a la ley de movilidad previsional, la PUAM es apenas un 80% de la jubilación mínima, no contempla aguinaldo y está sujeta a la voluntad del gobierno de turno.
Además, la PUAM no reconoce los años trabajados ni la historia laboral de las personas. Se otorga recién a los 65 años, sin importar si la persona trabajó durante décadas en la informalidad. Es una forma de precarización que condena a los adultos mayores a vivir con ingresos aún más bajos mientras la inflación crece.
Una de las cosas más crueles del PUAM es que no es compatible con la pensión de viudez. Los viudos no podrán cobrar una pensión por viudez en caso de que su pareja con haberes vigentes haya fallecido, algo a lo que los jubilados por el sistema general sí pueden acceder. Si la persona fallecida es beneficiaria de PUAM, no genera derecho a pensión para la esposa o el marido.
La moratoria y la base del “superávit” de Milei
Según Milei y su equipo económico encabezado por el Ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, entre otros, el “superávit fiscal” fue el resultado de una gestión eficiente y de la reducción del gasto público innecesario. Sin embargo, si se tiene en cuenta los números, queda en evidencia que el principal ajuste se realizó en jubilaciones y prestaciones sociales.
El fin de la moratoria previsional, sumado al congelamiento de la fórmula de movilidad jubilatoria y la licuación de los haberes por inflación, significó un recorte brutal en la población mayor. En términos reales, los jubilados perdieron más del 30% de su poder adquisitivo desde que asumió Milei. En otras palabras, el “superávit” que el gobierno festeja no se logró gracias a un milagro económico ni a una mejora en la eficiencia del Estado, sino a costa de sacrificar a los jubilados.
Las marchas de los jubilados
El descontento por la política previsional del gobierno se hizo sentir con fuerza en las calles. Desde hace tiempo los jubilados se reúnen todos los miércoles para reclamar por sus derechos. Organizaciones de jubilados, sindicatos y movimientos sociales han protagonizado movilizaciones multitudinarias exigiendo una recomposición de los haberes y la restauración de la moratoria.
El punto más álgido de las protestas se vivió hace unas semanas, cuando miles de personas se concentraron frente al Congreso y la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decidió que se utilice el protocolo anti-piquetes contra grupos de sexagenarios. Las imágenes de adultos mayores enfrentando a la policía, recibiendo golpes y gases lacrimógenos, dieron la vuelta al mundo en medios internacionales. En los medios hegemónicos, es otra historia.
La respuesta de Milei no fue la de un presidente dispuesto a dialogar, sino la de un líder autoritario que descalifica cualquier forma de disidencia. En sus habituales intervenciones en redes sociales y en los medios, calificó a los manifestantes como «planeros de lujo» y «parásitos del Estado», a gente que lo único que exige es un derecho básico: una jubilación digna.
¿Qué se puede esperar?
Con la moratoria eliminada y una PUAM insuficiente, el panorama para los futuros jubilados es desolador. La cantidad de personas que accederán a una jubilación completa será cada vez menor, lo que significa que en los próximos años el sistema previsional argentino va a desaparecer o se va a convertir en una máquina de exclusión.
Además, el gobierno no mostró intención alguna de discutir una alternativa a la moratoria. Por el contrario, dejó en claro que su plan es avanzar hacia un sistema de capitalización privado. El ajuste sobre los jubilados no es una cuestión de necesidad económica, sino de elección política. Mientras el gobierno destina recursos para pagar deuda y sostener los negocios de los grandes grupos económicos, deja a la deriva a quienes trabajaron toda su vida.
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