Luego de ser electo presidente, Javier Milei dio el anuncio de que Patricia Bullrich, su contrincante electoral a quien un mes antes había acusado de tirar bombas en jardines de infantes, volvería a ocupar el puesto de Ministra de Seguridad de la Nación.
No solo eso, además se le concedió un capitulo entero dentro del DNU 70/23 y de la Ley Ómnibus para de redacte un protocolo de seguridad a su gusto y medida, que la ministra aprovechó para y eliminar una serie de garantías constitucionales y así poder limitar el derecho a la protesta de manera mas eficiente.
Cada gas pimienta cuesta $250.000. Los miércoles tiran tantos que ya es habitual que se haga difícil respirar incluso a varias cuadras del Congreso. pic.twitter.com/Kw2yJYpPsU
— Myriam Bregman (@myriambregman) March 18, 2025
El protocolo establece, por ejemplo, que cualquier manifestación que corte calles o rutas sin autorización constituye un delito en flagrancia, lo que permite a las fuerzas de seguridad intervenir sin necesidad de una orden judicial previa. Además, contempla la identificación a los participantes, organizadores e instigadores de las protestas, así como los vehículos utilizados. Esto incluye el registro de infracciones administrativas y penales, y se procederá a incautar vehículos sin documentación adecuada.
En sus principios, también incluía la presunción de criminalidad ante cualquier reunión de más de tres personas en la vía pública o de cualquier posteo de redes sociales en apoyo a la protesta, pero por suerte esta parte si les pareció demasiado al congreso y no pasó del proyecto.
Libertario, te lo explico así para que lo entiendas.
Jubilación mínima $270.000
Gas pimienta $300.000
Denunciar protestas $10.000.000Hoy #TODOSALCONGRESO #TodosConLosJubilados pic.twitter.com/Ins9ZvBWv2
— Juan ✌🏻 (@juancabrerav94) March 19, 2025
Con este protocolo, junto al regreso de los proyectiles de gas lacrimógeno importados de Estados Unidos (que habían sido prohibidos en el país después de la muerte del docente Fuentealba), a la Patricia Bullrich se le encomendó la tarea de suprimir las marchas y protestas para demostrar a inversores y organizaciones de préstamos internacionales que las políticas de motosierra a jubilados y trabajadores no sería doblegada por la protesta social y que el gobierno aplicaría el ajuste manteniendo el orden en las calles.
Sin embargo, transcurrido un año de gobierno el protocolo de la Ministra Bullrich parece haber demostrado lo contrario. Durante 2024, se reportaron 15 protestas reprimidas con un total de 1,155 heridos, incluyendo periodistas y manifestantes que sufrieron lesiones graves por el uso de balas de goma y gases lacrimógenos. En varias ocasiones también produjo una cientos de detenidos que debieron ser liberados a los pocos días u horas porque las fuerzas de seguridad no son capaces de proporcionar pruebas que justifiquen su detención.
Mas represión: más caos
Y lo peor es que después de cada intervención, no solo fallan en establecer el orden, sino que dan como resultado la generación de nuevas convocatorias a protestas en respuesta a la represión, obteniendo aún más acompañamiento que la vez anterior.
Prueba caval de ello fue la represión del miércoles 12 de marzo a la protesta que realizaban los jubilados frente al congreso. No era la primera vez que Patricia Bullrich ordenaba reprimir una protesta de jubilados. Ya lo venía haciendo hace por lo menos tres miércoles, logrando que al miércoles siguiente las organizaciones vuelvan a convocar y obtengan más acompañamiento.
En una de estas protestas que se realizaban de manera pacífica, las fuerzas de seguridad avanzaron lastimando a varios jubilados, entre ellos un hincha del club Chacarita. Esto hizo que muchos hinchas del mismo club y posteriormente de otros equipos de futbol se convocaran al otro miércoles en solidaridad con Dawlowski, generando una multitud aún más grande frente al congreso.
La sucesión de hechos culminó nuevamente con las fuerzas de seguridad avanzando sobre una protesta pacífica, dejando un tendal de heridos, detenidos sin causa y centenares de filmaciones en redes sociales donde se identifica a infiltrados y se observa a policías procediendo de manera violenta incluso sobre personas que no eran parte de la protesta.
El resultado es una nueva convocatoria para este miércoles donde se promete aún más personas que el miércoles pasado. Para redoblar la apuesta, este miércoles el gobierno prometió un operativo en el que cerrarán el tránsito en 15 calles y ofrecen recompensas de 10 millones de pesos a quien provea información sobre supuestos provocadores de la protesta. Un operativo bastante caro, teniendo en cuenta que todo se podría haber solucionado evitando la intervención de las fuerzas de seguridad y la aplicación del protocolo.
Mientras el lobo no está
Y el crecimiento del caos en las calles de Buenos Aires contrasta con las movilizaciones en donde no se activó el protocolo de seguridad y que, en cambio, transcurrieron en paz, sin destrozos, sin heridos y con total normalidad.
Ejemplo de ello fue la primera movilización convocada por la CGT en contra del DNU en enero del 2024. Se estima que entre 600,000 se movilizaron en Buenos Aires y otras 1,5 millones de personas en todo el país, y sin activar el protocolo, la protesta se llevó adelante sin incidentes.
Así también pasó con la Marcha Universitaria Federal del 23 de abril de 2024, que contó con una participación masiva de estudiantes, docentes y personal no docente de las universidades públicas de todo el país. Se estima que entre 800,000 y más de 1.5 millones de personas se movilizaron en defensa de la educación pública y contra los recortes presupuestarios, lo que se pudo hacer sin incidentes gracias a que no se aplicó el protocolo Bullrich.
🔴EL RÉGIMEN DE MILEI AMENAZANDO REPRESIÓN POR PARLANTES Y PANTALLAS DE LAS ESTACIONES DE TRENES A QUIENES VAYAN A LA MARCHA DE LOS JUBILADOS‼️
El derecho a la protesta ya no existe en la Argentina…
Saluden a la ex República👋👋👋#TodosConLosJubilados #TodosAlCongreso pic.twitter.com/zEMXkyPvg4
— Peronista de Perón (@AlePeronista) March 19, 2025
Finalmente, en febrero de este año, la Marcha Antifacista que se convocó tras el discurso homofóbico de Milei en Davos reunió a más de 50 mil personas. Otra vez, esta marcha realizó sin incidentes gracias a la ausencia del protocolo.
Después del miércoles y de la fuerte represión de las fuerzas de seguridad, la narrativa que se promulgó desde el gobierno nacional fue que Bullrich actuaba para mantener el «orden«. Sin embargo, el elemento común del desorden y el caos parece no ser otra que la propia Patricia Bullrich y la activación de su protocolo de seguridad.
Llama la atención que un gobierno que, al menos en su primer año se jactaba de echar a quien no cumplía con su función, mantiene en la cartera de seguridad a una Ministra que está demostrando empeorar la seguridad de la población cada vez que se mete.
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Empleo en retroceso: 118.019 puestos perdidos en 2024 y caída de hasta el 10% en las provincias
