Recientemente las multas de tránsito en Chaco alcanzaron cifras tan elevadas que han generado una creciente preocupación entre los conductores y la sociedad en general. Con sanciones que van desde el monto de $350.000 por infracciones graves y que puede superar el millón de pesos hasta el tercer vencimiento. La pregunta es si estos costos elevados son realmente efectivos para mejorar la seguridad vial o si, por el contrario, representan una carga económica muy alta para muchos ciudadanos, se vuelve más relevante que nunca.
El situación de las fotomultas y la intervención de la Defensoría
Además de los altos costos de las sanciones, los chaqueños deben afrontar precios altísimos en tarifas de luz y gastos básicos que se relacionan a la alimentación generando un descontento en la población. Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo del Chaco actuó y logró disminuir el valor de una de las sanciones de tránsito relacionada a las fotomultas. En el transcurso del año anterior se llevó a cabo una serie de gestiones administrativas y judiciales ante la gran cantidad de reclamos ciudadanos relacionados con el sistema de fotomultas y radares en la provincia.
Dicha intervención tuvo como objetivo garantizar la transparencia en la aplicación de sanciones y evitar que infracciones mal confeccionadas afectaran injustamente a los conductores chaqueños. Durante ese proceso se realizaron las siguientes corroboraciones:
- Revisión de la legalidad y homologación de los radares utilizados en rutas y avenidas.
- Verificación del cumplimiento de la señalización en las zonas de control de velocidad.
- Análisis del procedimiento de notificación de infracciones, ante denuncias de ciudadanos que manifestaron haber recibido sanciones sin haber sido correctamente informados.
La respuesta a los reclamos de los chaqueños
Gracias a esta gestión se logró que varias multas fueran revisadas y se detectaron inconsistencias en la aplicación del sistema, lo que derivó en la anulación de numerosas sanciones y en la exigencia de mejoras en los mecanismos de control y notificación. Ante la persistencia de las irregularidades y que las respuestas administrativas no fueron satisfactorias en todos los casos, la Defensoría del Pueblo avanzó con una acción judicial mediante la presentación de un recurso de amparo. Con esta medida, se buscó:
- Evitar el cobro indebido de multas mal confeccionadas y sin notificación adecuada.
- Garantizar mayor transparencia en la implementación de los radares y en el proceso de emisión de multas.
- Proteger el derecho de los ciudadanos a la defensa, evitando sanciones arbitrarias o injustificadas.
A raíz de esta gestión se revisaron alrededor de 500.000 fotomultas mal confeccionadas y nulas en su comunicación que fueran pagadas por ciudadanos chaqueños, lo que representaba una afectación directa a la economía de miles de familias.
Sanciones de tránsito
Los montos de otras multas de tránsito, que dependiendo de la infracción van desde $350.00 hasta el millón de pesos si no se abona en un plazo determinado, resultan desproporcionados para una gran parte de la población chaqueña. Este tipo de sanciones, aunque necesarias para frenar comportamientos peligrosos como el cruce de semáforo en rojo o el uso del celular al volante, pueden verse como una simple carga económica para aquellos que ya enfrentan dificultades para llegar a fin de mes. Así, el sistema parece ser más punitivo (que solo se dedique a aplicar un castigo) que preventivo, lo que abre el debate sobre si la penalización económica es realmente la mejor estrategia.
El Gobierno chaqueño argumentó que el ajuste en los valores de las multas responde a la inflación y el aumento de los precios de los combustibles, lo que tiene cierto sentido desde un punto de vista administrativo.
La pregunta que surge es si este enfoque de penalizar al infractor está logrando su objetivo de disuadir infracciones ya que Chaco se ubica entre las siete provincias con el índice más alto de siniestros fatales durante el 2023, según un informe de Dirección de Estadística Vial que revela un total de 183 fallecidos por esta causa en ese año.
En este sentido, es fundamental que, más allá de la penalización, se invierta en un cambio cultural que haga de la seguridad vial una prioridad no solo por las multas, sino por el compromiso de cada uno con la vida y el bienestar común.
En definitiva, el sistema de sanciones en Chaco necesita más que ajustes en sus valores. Es urgente una revisión profunda que no solo contemple el aumento de los montos, sino también una estrategia integral que combine educación, concientización y medidas de prevención. Solo así se podrá construir una verdadera cultura de tránsito responsable, donde las multas no sean solo un peso económico, sino una herramienta efectiva para la protección de todos.
Fuente: Defensoría del Pueblo de Chaco
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