Con un apuro sorprendente, el Gobierno de Javier Milei avanzó en la firma de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sin dar datos de los montos, tasas de interés ni plazos exactos de desembolso. En cambio, el Ejecutivo se auto-autorizó a endeudarse sin pasar por el Congreso, firmando un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Esta jugada, de muy dudosa legalidad, ya generó denuncias.
El nuevo acuerdo se estructurará bajo un Programa de Facilidades Extendidas (EFF en inglés) con un plazo de hasta 10 años y un período de gracia de 4 años y medio. Pero el decreto no dice la cosa más importante: cuánto dinero prestará el FMI ni las condiciones específicas que el país deberá cumplir. Por supuesto que esto deja varias preguntas acerca del impacto real que tendrá esta nueva deuda en la economía argentina.
El misterio del decreto
Como el DNU no lo detalla, poco se sabe sobre los montos y las condiciones. Según un informe del banco suizo UBS, el paquete total ascendería a 20.000 millones de dólares, de los cuales sólo 8.000 millones serían fondos frescos, mientras que el resto se destinaría a cubrir pagos de capital e intereses que vencen durante la gestión de Milei. Otro de los problemas es que el decreto no confirma la tasa de interés. El documento se limita a establecer que los fondos obtenidos se utilizarán para:
Cancelar operaciones de crédito público del acuerdo de 2022 y cancelar deuda del Estado con el Banco Central con el objetivo de «mejorar la posición financiera y liquidez de sus reservas».
Lo irónico es que el último punto se contradice totalmente con la idea o discurso de Milei de querer eliminar el Banco Central. Al final es el mismo decreto reconoce la importancia de su estabilidad para la economía del país. Otra cosa es que los expertos en finanzas que tantos alaba el presidente advierten que la falta de detalles del negociado puede generar incertidumbre en los mercados y aumentar la presión sobre los bonos soberanos argentinos.
Además, distintos analistas comparten una misma preocupación: que esta nueva operación sea un mecanismo de financiamiento a corto plazo, por ejemplo, porque es año electoral, y que no logre resolver los problemas estructurales que afectan al país.
Un Congreso relegado
El DNU firmado por Milei ignora completamente la Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública, que establece que cualquier acuerdo con el FMI debe ser aprobado por el Congreso. La justificación del oficialismo es que el país necesita «urgente» el apoyo del Fondo y que el trámite legislativo demoraría mucho tiempo. Sin embargo, la maniobra no pasó desapercibida y ya generó una denuncia penal contra el Presidente por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Además, la decisión de avanzar sin consultar generó fricciones incluso dentro de los bloques aliados y los “dialoguistas”. Legisladores del PRO y la UCR se ofendieron por la falta de claridad del asunto y calificaron el DNU como «un cheque en blanco» para el Ministerio de Economía, que tendrá total potestad para aplicar las condiciones del FMI sin restricciones.
Un futuro hipotecado
El nuevo acuerdo con el FMI extiende los vencimientos de deuda hasta 2035, es decir que es problema “de otro”. Las futuras administraciones tendrán la carga de renegociar o cumplir. Es decir que Milei compra un problema sin tener que resolverlo, la responsabilidad va a ser de los próximos gobiernos. Un poco se parece a la primera vez que Toto Caputo pidió un préstamo al FMI, pensando que un gobierno futuro tendría que hacerse cargo y, por las vueltas de la vida, él terminó siendo el funcionario que se tuvo que encargar del préstamo.
Las reservas netas siguen siendo negativas y la economía siguen en crisis. El nuevo endeudamiento sólo trae preguntas. Mientras el Gobierno celebra el acuerdo como una victoria, lo cierto es que su contenido sigue siendo un misterio y la deuda. La carga recaerá sobre las espaldas de los argentinos por los próximos años.
Consecuencias económicas y sociales
Además del impacto financiero inmediato, los acuerdos con el FMI suelen traer condiciones, y las mismas generalmente afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad. En anteriores negociaciones con el organismo, a Argentina la obligaron a implementar recortes en el gasto público, reducir subsidios y avanzar en reformas estructurales que tuvieron un enorme impacto en el empleo.
Es por eso que los economistas advierten que la falta de transparencia en el acuerdo podría esconder cláusulas que impliquen nuevas restricciones de todo tipo. De hecho, en reuniones previas con funcionarios del FMI, el Gobierno dejó entrever que podría comprometerse a un ajuste mayor al esperado. Es decir, más despidos, más reducción de salarios reales y aún más aumento en la tarifa de servicios básicos. A esto se suma la preocupación por el impacto que el acuerdo podría tener en la inflación.
Las reacciones
El acuerdo con el FMI generó fuertes críticas por parte de sectores sindicales y movimientos sociales, que alertan sobre las posibles consecuencias del ajuste fiscal. Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) advierten que cualquier reducción en el gasto público terminará afectando el poder adquisitivo de los trabajadores y aumentando los índices de pobreza e indigencia.
En tanto, organizaciones de derechos humanos y movimientos populares anunciaron movilizaciones para exigir mayor transparencia en el acuerdo y reclamar que el Congreso recupere su potestad en la toma de decisiones sobre la deuda pública. La falta de información clara y eludir el control legislativo generan dudas y preocupación sobre las verdaderas implicancias de este nuevo endeudamiento para el país.
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