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Domingo 12 de enero de 2025
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¿Disminuyeron los femicidios? El relato oficial vs. los números de las organizaciones

Las organizaciones sociales señalan que los datos oficiales del gobierno no son claros ni ciertos y critican la falta de transparencia. También advierten sobre el daño que está causando la reducción de las políticas de género, que dejó a las víctimas de violencia sin el apoyo que necesitan para denunciar y protegerse.

Las organizaciones sociales señalan que los datos oficiales del gobierno no son claros ni ciertos y critican la falta de transparencia. También advierten sobre el daño que está causando la reducción de las políticas de género, que dejó a las víctimas de violencia sin el apoyo que necesitan para denunciar y protegerse.

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En una de sus últimas conferencias de prensa, el Vocero Presidencial, Manuel Adorni, celebró que “Los asesinatos de mujeres se redujeron en más de un 10% este año. Esto es gracias al gran trabajo de los ministros Patricia Bullrich y Cúneo Libarona. Detrás de esto está la tolerancia cero con los violentos que matan mujeres”. Sin embargo, varias organizaciones denunciaron manipulación de datos y desinformación al respecto de lo que en verdad son: femicidios.

Es posible que los datos reales sobre la violencia de género fueran otros, al igual que ocurre con otros temas sensibles como la pobreza. Como señala Gaby Sosa, Directora del Observatorio Mumalá, el relato de la “mejoría” se choca con la realidad de las políticas públicas desfinanciadas que en lugar de erradicar la violencia de género, parecen contribuir a su invisibilización.

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Qué dice el relato oficial y qué dicen las organizaciones

Otro de los factores a los cuales Adorni le adjudicó el “descenso” de femicidios fue a la eliminación del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad.  “Hace un año funcionaba el por suerte extinto Ministerio de la Mujer, cuyo presupuesto actualizado a hoy serían unos 300.000 millones de pesos. Sin ese ministerio, sin ese gasto y sin ese peso en el bolsillo de los contribuyentes, se lograron bajar en más de un 10% los crímenes contra las mujeres”, afirmó el Vocero, sin proporcionar cifras claras ni fuentes confiables.

Quienes sí llevan un registro público y mensual de los femicidios en el país son las organizaciones: Mumalá, La Casa del Encuentro y el Observatorio Lucía Pérez. Todas refutan las afirmaciones del Gobierno Nacional. Según sus propios datos, los femicidios aumentaron en el 2024 en comparación con el año anterior.

Otra cosa que señala Gaby Sosa es que los números pueden variar de año a año y si bien puede haber una disminución, la misma se tiene que mantener en el tiempo. Sin embargo, ese ni siquiera parece ser el caso del 2024. De enero a octubre de 2024, La Casa del Encuentro llegó a reportar 275 femicidios. Esto significaría un 13,2% de aumento en relación al mismo período de 2023.

Además, el Observatorio Lucía Pérez fue quien más crímenes contabilizó con un total de 308 femicidios en lo que va del año. A pesar de que la mayor cantidad de femicidios se da en ámbitos familiares, el organismo afirma que aumentaron los llamados “femicidios territoriales”, en los que las mujeres son asesinadas en contextos de narcocriminalidad y violencia social.

El ajuste económico, la violencia de género y los femicidios

El relato del Gobierno de Milei es el mismo que el de la pobreza: que la reducción de políticas sociales (en este caso políticas de género) traen como resultado mejorías en los indicadores sociales (en este caso la violencia de género). Básicamente asegura que el ajuste es necesario para obtener “mejores resultados”, pero ésto no sólo carece de fundamentos si no que es peligrosamente falaz.

Una de las políticas más emblemáticas en la lucha contra la violencia de género fue la creación de la Línea 144, la cual ofrecía contención telefónica a víctimas de violencia. También estaba el programa Acompañar, que brindaba asistencia económica a mujeres en situación de violencia. Ni hablar del cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, quienes se encargaban de que los programas funcionen.

El Ministerio de Justicia de la Nación a cargo de Mariano Cúneo Libarona cerró los Centros de Acceso a la Justicia.

Con el cierre del Ministerio y el desguace posterior también se eliminaron estructuras clave como los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), que brindan asesoramiento y acompañamiento jurídico a las mujeres víctimas de violencia. Es lógico que se reporten menos casos de violencia de género si las víctimas, que ya de por si están en un ámbito hostil, no tengan la ayuda para proceder legalmente.

Otra cosa que hay que notar es que el mensaje oficial en sí constituye una forma de violencia simbólica. Si para el Gobierno Nacional los femicidios, a los cuales ni siquiera llama por su nombre, son sólo un número y las políticas públicas efectivas son carne de cañón, se invisibiliza la realidad de miles de personas que sufren violencia y están expuestas a múltiples riesgos sólo por ser mujeres o disidencias.

Una desprotección sistemática contra los femicidios

“Solo un 12% fue el porcentaje que registramos este 2024 en los casos de aquellas víctimas que pudieron denunciar a su agresor”, explica Sosa. “Siempre tuvimos una mirada muy crítica en este punto porque ya veníamos con números muy bajos, en el mejor de los casos llegamos al 25% de situaciones denunciadas por las víctimas previas a los femicidios. La baja a un 12 % tiene que ver con que contamos con menos recursos que les muestren a las mujeres que va a haber un Estado que las acompañe.”

Lo que señala Sosa es que la desprotección frente a los femicidios no se da solamente por la disminución de los programas específicos sobre el tema si no al brutal ajuste del Gobierno de Milei que afecta a la población en muchos aspectos, en especial a las mujeres y disidencias. “Con respecto a las políticas públicas también es importante mencionar que la situación económica, el aumento de la desocupación, la precarización en los salarios impacta particularmente en las mujeres”, afirma la Directora.

El ajuste económico que promueve el Gobierno Nacional no sólo impacta a nivel de la violencia directa, sino que también acentúa las desigualdades que hacen que muchas mujeres no puedan salir de situaciones de abuso. La falta de recursos para el acceso a servicios de salud, vivienda y educación, así como la precarización laboral de las mujeres, dificultan su autonomía y refuerzan la violencia en sus relaciones.

El verdadero costo del relato oficial

El impacto de este “ajuste” es especialmente grave para las mujeres más pobres, que no solo enfrentan la violencia machista, sino también una creciente precarización de sus condiciones de vida. Las mujeres que viven en barrios populares y comunidades rurales son las que más sufren la falta de recursos y la imposibilidad de acceder a servicios de asistencia. Mucho menos a ayuda en casos de violencia de género

Sin políticas públicas que las acompañen, muchas de ellas quedan atrapadas en ciclos de violencia que parecen no tener fin. El relato oficial sobre la disminución de los femicidios en 2024 se desmorona cuando se analizan los datos reales y las condiciones en las que viven las mujeres en el país.

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