Un informe reveló que un tercio de los funcionarios nacionales ocupan cargos en empresas privadas, lo que hace cuestionar si hay un conflicto de intereses en la participación en ambas esferas al mismo tiempo, puesto que hay casos de firmas a las que estos pertenecen que se vieron beneficiadas con el rumbo que toma Javier Milei en su Gobierno.
El informe es del Observatorio de las Elites de CITRA que entrecruza los datos de las autoridades superiores de la administración pública general (ministros, secretarios, etc.) con la Base de Autoridades Sociedades Comerciales y Asociaciones Civiles (puestos directivos de las grandes empresas). Así, descubre aquellos funcionarios que ocupan cargos importantes en algunas empresas y sociedades.
En el gabinete de Javier Milei hay 55 funcionarios con 182 participaciones en 171
empresas. Más del 50% de las empresas (97 de 171) operan en 5 sectores principales: energía e hidrocarburos, tecnología, servicios financieros, servicios de consultoría y actividad agropecuaria.
Las áreas donde están los funcionarios relevados, tuvieron que ver con la redacción del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y del DNU 70/23 (Ley Bases), con el cual se favorece la extracción de recursos con resultados cuestionables para el país y se desregula para fortalecer un modelo exportador.
¿Conflicto de intereses?
Un funcionario público tiene la responsabilidad de tomar decisiones de gobierno que favorezcan a la mayor cantidad de gente. En cambio, cuando este tiene intereses privados que pueden influir en sus decisiones, se compromete la imparcialidad y la objetividad que deben regir su actuación. Esto puede llevar a decisiones que favorezcan intereses particulares en lugar del bien común o, peor aún, utilizar fondos públicos para ese beneficio.
De esta manera, si estos funcionarios públicos toman decisiones que favorezcan económicamente a sus empresas y contribuyan a su enriquecimiento personal se consideraría un acto de corrupción y tráfico de influencias.
Un funcionario que ocupe un cargo directivo en una empresa exportadora, por ejemplo, estará interesado en bajar los aranceles de la exportación para que él mismo pueda ganar más dinero con su empresa, sin importar que esto perjudique a la industria nacional deje a muchas personas sin trabajo.
Así, el informe permite leer cómo ciertas políticas del Gobierno nacional que benefician a sectores específicos de la economía y perjudican a otros tienen entre los ganadores a miembros del propio Gobierno. Estos funcionarios serán beneficiados por esas medidas y no porque estas resulten en un beneficio para el país en general.
«¿Cuáles son las entidades con las que tienen vinculación los funcionarios políticos? Sobresalen dos tipos particulares de asociaciones civiles: las gremiales empresarias (cámaras) y las impulsoras de políticas públicas», señala el informe. «La presencia de participaciones en asociaciones empresariales es mayoritaria en el Ministerio de Economía, la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Capital Humano», dice el informe.
Lobos cuidando el gallinero
El informe encuentra que un tercio de los funcionarios de Milei ocupan cargos de dirección en empresas privadas. Además, hace una diferencia con respecto a los gabinetes de gestiones anteriores. En el caso de Menem, por ejemplo, los perfiles empresariales se ubicaban en cargos específicos y generalmente inferiores, y en el de Macri, con cargos altos.
En el caso de Milei, los perfiles empresariales atraviesan toda la escala de rangos, pero especialmente en cargos de secretarios. Muchos de estos tomaron relevancia por participar en la redacción del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones y del DNU 70/23, que incluyen muchos puntos destinados a beneficiar justamente a las empresas a las que participan.
En concreto, 4 de los 8 ministros tienen participación en empresas nacionales o extranjeras. Aunque dos de ellos terminaron dejando sus cargos (Russo y Mondino), aún quedan Luis Caputo y Guillermo Francos, con intereses en el sector financiero y logístico. Además, 33 de los 60 secretarios y 35 de los 117 subsecretarios también cuentan con participación en empresas privadas relacionadas al puesto que ocupan.
¿Quiénes son?
La mayor cantidad de funcionarios públicos con puestos directivos en empresas privadas se encuentran en el Ministerio de Economía. El propio Ministro Luis Caputo es director en tres consultoras privadas nacionales (Anker Gestión, Anker Latinoamérica y LC Advisors) y 2 extranjeras (Suddeutsche vermogensverwaltung GMBH y Deutche Bank), desde las cuales tiene el poder de vender información privilegiada a sus clientes sobre las políticas de cambio que se implementarán.
Dentro de los funcionarios de alto rango, también se encuentra en esta lista Guillermo Francos, Jefe de Gabinete, que tiene participación en empresas relacionadas a transporte y logística y servicios tecnológicos, como Aero VIP, Amaleo, Fexis, y GP Alimentos.
Un caso emblemático puede encontrarse dentro del Ministerio de Desregulación de Sturzenegger. Hector Huici se desempeña en esta cartera como Subsecretario, mientras que al mismo tiempo tiene participación en 10 empresas nacionales y 2 extranjeras relacionadas a las telecomunicaciones y los hidrocarburos.
Esto puede explicar por qué el Ministerio tiene tantos intereses en «liberar» el mercado de los hidrocarburos y de las exportaciones. Más que beneficiar al Estado, esto daría beneficios al propio subsecretario a través de las empresas que ya cuentan con gran participación en estos mercados.
Pero tal vez el caso más escandaloso es el de Luis Lucero, que se desempeña como Secretario de Minería dentro del Ministerio de Economía mientras que, al mismo tiempo tiene 29 participaciones en sociedades extranjeras vinculadas a la minería y al sector inmobiliario.
Este es un caso ejemplar para explicar lo que significaría el tráfico de influencias. A un funcionario como Lucero no les afecta en lo más mínimo que el RIGI permita a empresas extranjeras explotar recursos naturales dejando muy poco, ya que ellos recibirían parte de los recursos que estas empresas se lleven, razón por la cual estas empresas podrían tener trato preferencial sobre las licitaciones de las explotaciones.
Así también José Ignacio García Hamilton, Secretario Administrativo y Legal del Ministerio de Economía, que también cuenta con participación en una empresa extranjera dedicada a la inversión inmobiliaria, y por ello se beneficia que se elimine las restricciones a extranjeros a comprar tierras en Argentina, ya que así las empresas de las que es parte podrían realizar inversiones inmobiliarias sin ataduras en el país y hacerlos parte de las ganancias.
Igual sucede en el área de energía. Tres subsecretarios, el de Energía Eléctrica Damián Sanfilippo, el de Combustibles Líquidos Luis de Ridder y la de Transición y Planeamiento Estratégico Mariela Beljansky tienen participación en empresas relacionada con el sector que deberían regular, estando de ambos lados del mostrador.
En el caso de De Ridder, además de participar en la Cámara de Exportaciones cuenta con participación en Oleoductos Del Valle S.A., siendo directamente beneficiado por las inversiones que realizó el Estado para la finalización del gaseoducto que le permitirá exportar energía.
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