Octubre y noviembre de 2024 quedarán en la historia de la presidencia de Javier Milei como los meses con mayores transferencias de fondos del Tesoro Nacional a provincias en su primer año de mandato. Sin embargo, el análisis de esta distribución revela una marcada desigualdad, ya que estos recursos se concentran exclusivamente en gobernadores que respaldaron las batallas legislativas del oficialismo.
Los envíos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), provenientes de impuestos coparticipables, fueron concentrados en Entre Ríos ($3.000 millones) a finales de octubre, en Catamarca ($3.000 millones) a inicios de noviembre, y esta semana, se enviaron a Tucumán ($4.500 millones), Salta ($4.500 millones) y Misiones ($4.000 millones).
Los ATN estuvieron varios meses sin distribuirse, reactivándose en octubre y noviembre. Antes de eso, los fondos se habían asignado en junio en el contexto de la aprobación de la Ley de Bases. Así, noviembre se convirtió en el mes de mayor transferencia de fondos ATN en la administración de Milei, con un total de $16.000 millones, superando los $13.500 millones distribuidos en junio.
¿Qué tienen en común las provincias beneficiadas en octubre y noviembre? Todas han apoyado legislativamente iniciativas que el oficialismo consideraba críticas. Incluso los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones) fueron invitados en octubre a una cena con Milei como agradecimiento por respaldar el veto al financiamiento de las universidades, un proyecto que aumentaría los fondos de estas instituciones y los sueldos docentes, que hoy sufren el ajuste nacional.
Entre Ríos también brindó su apoyo cuando ayer el diputado Francisco Morchio, cercano al Gobernador Rogelio Frigerio, se ausentó de la sesión de Diputados, facilitando así que no se avanzara en dos leyes que el oficialismo buscaba frenar: una limitación a los decretos de necesidad y urgencia y la inhabilitación de un decreto que permite al Gobierno a renegociar deuda sin mejorar las condiciones.
El “premio” para todos fue mucho más que una cena con asado. Sin embargo, el costo lo paga la ciudadanía: las leyes frenadas buscaban proteger intereses nacionales, como una renegociación de deuda beneficiosa, y apoyar a la educación pública, como el financiamiento universitario.
Queda claro que el “No hay plata” solo aplica para la ciudadanía y aquellos que cuestionan al Gobierno, mientras que los aliados cercanos reciben “premios” sustentados con fondos públicos.
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