La semana pasada se puso en tensión la existencia del Hospital Nacional en Red «Lic. Laura Bonaparte«, un nosocomio de gestión nacional ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, famoso en todo el país por ser un efector de referencia en materia de salud mental y tratamiento de personas con problemas de consumo.
En principio los trabajadores del hospital encendieron las alarmas ante un intento de cierre por parte del Ministerio de Salud de la Nación, pero ante las distintas protestas y reclamos el gobierno nacional generó una mesa de negociación destinada a su reestructuración y futuro traspaso a la Ciudad de Buenos Aires.
En NEA HOY dialogamos con Gustavo Zbuczynski, Licenciado en Psicología y presidente de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA), quien explicó que el conflicto se enmarca en un cambio de política de salud mental, en donde existen signos que parecen indicar un regreso a la manicomialización y el encierro a personas neurodivergentes o con problemas de consumo y una desregulación de la Ley 26657 de Salud Mental.
«Volver a la manicomialización»
Desde el gobierno nacional aclaró que el conflicto alrededor de la «re-estructuración» del Hospital Bonaparte se centra en la intención de dejar de gestionar desde la nación instituciones educativas o de salud. El Bonaparte, junto a otros siete hospitales nacionales, pasarían a ser gestionados por las provincias o, en este caso, la Ciudad de Buenos Aires.
Zbuczynski señala la similitud de esta maniobra con las políticas de la década de los 90, cuando el gobierno menemista traspasó a las provincias la gestión de la salud y la educación. Sin embargo, remarca el conflicto que genera pasar estas instituciones a gestión provincial en el contexto de un fuerte ajuste y desfinanciación a las provincias.
«Claramente ahí hay un conflicto económico y político en donde quieren pasar los efectores a gestión de las provincias porque este gobierno considera que no tiene que gestionar ni salud ni educación, pero al mismo tiempo no está dispuesto a brindar los fondos que requieren gestionarlos» remarcó el presidente de ARDA.
«El Bonaparte es un símbolo».
Además de la cuestión económica, Zbuczynski señala un segundo elemento a tener en cuenta dentro del conflicto con el Hospital Bonaparte, y es pensar al efector como un símbolo de la filosofía detrás de la Ley de Salud Mental.
«El Bonaparte es una institución que se modificó a partir de la Ley de Salud Mental, adaptándose para seguir los lineamientos de la Ley«, explicó el psicólogo, «Ahí tenés un ingrediente político extra que tiene que ver con la direccionalidad política que se le quiere dar a la salud mental«.
La Ley de Salud Mental se aprobó en el 2010 después de varios años de debate en el que participaron instituciones profesionales, médicas y civiles vinculadas a distintos aspectos de la salud mental. La intención fue cambiar la dirección de las políticas de salud mental, que aún se encontraban basadas en el encierro y aislamiento, agregando una perspectiva desde los derechos humanos del paciente, agregando abordajes más interdisciplinares y ambulatorios.
Como señala el presidente de ARDA, el gobierno se manifestó en varias ocasiones en contra de la Ley de Salud Mental. Ya en el primer proyecto de ley ómnibus donde desregulaba la normativa para permitir la creación de más manicomios, institutos de rehabilitación e internaciones involuntarias.
«Básicamente porque hay una idea de lo que son los consumos de droga, que al estar penalizado facilitan el vínculo con el tema de la delincuencia, se piensa que el consumidor es un delincuente y de ahí pensar que el consumo se soluciona con instituciones parecidas a las carcelarias«, explicó Zbuczynski. «Ahí tenés un ingrediente político extra que tiene que ver con la direccionalidad política que se le quiere dar a la salud mental«.
En este sentido, siendo el Hospital Bonaparte un símbolo de la aplicación de la Ley de Salud Mental, su desfinanciamiento y re-estructuración de estas instituciones con abordajes más comunitarios hacia los problemas de salud mental puede leerse en el marco de una lógica revanchista de esta concepción del encierro y criminalización como tratamiento para adictos y neurodivergentes.
Seguir cayendo en las clínicas clandestinas
ARDA vienen denunciando desde hace muchos años hechos de explotación, servidumbre y vulneraciones a la salud y los derechos humanos que ocurren en las famosas «granjas de rehabilitación» y distintas instituciones clandestinas supuestamente dedicadas a tratar problemas de consumo.
Ante la desregulación de la Ley de Salud Mental y el desfinanciamiento de efectores que intentan aplicarla, Zbuczynski teme que muchas personas que quieran encontrar soluciones para sus familiares con problemas de consumo o salud mental tengan menos posibilidades de encontrarla en el sistema público y, en cambio, caigan con más frecuencia en estas granjas y clínicas clandestinas que muchas veces ponen en peligro la vida del paciente.
«El problema de la Ley de Salud Mental es que se implementó muy poco, no se crearon todos los mecanismos que se preveía«, aclaró Zbuczynski, «y si ahora desfinanciamos los pocos lugares que la aplican, lo que vamos a tener es instituciones clandestinas pululando por todas las provincias que lo único que hacen es encerrar a los consumidores sin darles asistencia terapéutica real, pero claro, en ausencia del Estado, los familiares pueden pensar que esto es una solución«.
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