¡Volvimos a los 90’! La privatización de Aerolíneas Argentinas vuelve a ser objeto de discusión en el ámbito político argentino. Este miércoles, la Cámara de Diputados se apresta a debatir un proyecto del Gobierno que busca deshacerse de la aerolínea de bandera.
Lejos de sorprender, esta entrega de la soberanía ya se veía venir en las promesas de campaña, pero es aún más evidente luego de que el Boletín Oficial anunciara un nuevo DNU con olor a megacanje. El mismo, le otorga amplias facultades al Gobierno Nacional para reestructurar la deuda pública sin ningún tipo de control legislativo.
Una cosa tiene mucho que ver con la otra. Estas 2 iniciativas están intrínsecamente relacionadas y generan serias preocupaciones sobre la dirección del Gobierno y el futuro económico que quiere tomar para el país.
Privatización en puerta
La propuesta de privatización de Aerolíneas Argentinas no es nueva, pero en el contexto actual de crisis económica y fiscal, ha cobrado un nuevo impulso. La empresa es una de las joyas de la abuela más atractivas que tiene el país y en el contexto de desesperación actual, el Gobierno Nacional está ansioso de vender lo que sea a cambio de algunos dólares.
Desde el Poder Ejecutivo sostienen que la venta de la aerolínea podría representar una salida a los problemas financieros que aquejan al Estado. Sin embargo, este argumento ha encontrado resistencia entre sectores que conocen la historia y saben cómo terminó Aerolíneas Argentinas la última vez que fue privatizada.
La venta de Aerolíneas Argentinas es considerada una de las más ruinosas privatizaciones del gobierno de Carlos Menem. En 1990 se vendió la empresa a la aerolínea estatal española Iberia.
Como sucedió en la mayoría de las privatizaciones, el Estado nacional absorbió, antes del traspaso, las deudas de la compañía, que ascendían a 868 millones de dólares. Los españoles pagaron sólo 260 millones de dólares, que obtuvieron con endeudamiento que se cargó luego a Aerolíneas, y 1610 millones en títulos públicos.
El DNU y el endeudamiento
En el Boletín Oficial del 23 de septiembre, el Gobierno Nacional habilitó por DNU (846/2024) a realizar canjes para títulos en cualquier moneda sin los requisitos de la Ley de Administración Financiera y sin pasar por el Congreso.
Esta medida trajo comparaciones con el megacanje del 2001, cuando se llevaron a cabo canjes de deuda que terminaron perjudicando gravemente al país. A través de este nuevo decreto, el Gobierno ha eliminado la necesidad de cumplir con el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera (LAF), que exige que cualquier reestructuración de deuda debe mejorar las condiciones en términos de monto, tasa o plazo.
En lugar de eso, el único criterio establecido es que los bonos sean tomados a precio de mercado, lo que deja la puerta abierta a una gestión irresponsable y a un eventual aumento de la deuda pública.
El Centro de Economía Política (CEPA) analizó todas las implicaciones del DNU, y señalaron que esta medida podría llevar a un aumento descontrolado de la deuda pública en un momento en que el superávit fiscal logrado por el Gobierno se utiliza prácticamente en su totalidad para pagar intereses de deuda.
En agosto, de un superávit de 899.660 millones de pesos, 896.130 millones fueron destinados a cubrir estos intereses, dejando un margen de solo 3.531 millones de pesos para atender otras necesidades del Estado, como mejoras en jubilaciones o inversión en infraestructura.
¿Cuál es el apuro?
La combinación de las políticas de ajuste y la propuesta de privatización no se produce en un vacío. La motosierra quería terminar con el gasto público y así lo hizo. En agosto, se reportó una caída del 23,7% en términos reales en comparación con el mismo mes del año anterior. El problema es que dejar de pagar escuelas y hospitales no es tan buena idea.
Sectores clave como educación y vivienda han visto reducciones del 92%, mientras que las transferencias a provincias también han sido severamente recortadas. Esta situación ha llevado a que el 50% de la población viva en condiciones de pobreza y muestra el impacto del ajuste en la vida cotidiana de los argentinos.
El Gobierno se cansó de decir que tenía los dólares para pagar la deuda pero al final del día está claro que no. El DNU 846 parece ser una medida de urgencia ante la falta de dólares que enfrentan, porque la realidad es que el país se encuentra en una situación crítica en cuanto a reservas.
Este DNU, por lo tanto, evidencia un intento de obtener dólares, a como dé lugar, sin la supervisión del Congreso, en un contexto donde la gente no puede pagar impuestos y la recaudación cae en picada.
El ciclo de privatización y endeudamiento
La relación entre la privatización de Aerolíneas Argentinas y el DNU es clara: la venta de activos del Estado podría utilizarse para financiar un endeudamiento que ya se encuentra en niveles peligrosos.
Al igual que en la década de 1990, donde se llevaron a cabo privatizaciones con la promesa de mejorar la situación económica del país, hoy se corre el riesgo de que los ingresos generados por la venta de Aerolíneas se destinen casi en su totalidad al pago de intereses de deuda, dejando poco espacio para inversiones en áreas cruciales como salud, educación e infraestructura.
El CEPA ha destacado que la privatización no solo implica la venta de un bien estatal, sino que también representa una oportunidad perdida para el desarrollo del país. La situación actual es aún más crítica, ya que gran parte del superávit fiscal se destina a cubrir compromisos de deuda en lugar de atender las necesidades urgentes de la población.
Esto significa que las medidas que el Gobierno presenta como soluciones podrían resultar en un círculo vicioso que perpetúa la crisis económica.
La falta de transparencia y control
Además, el uso de un DNU para implementar cambios tan grandes en la política de deuda pública, sin pasar por el Congreso, genera preocupaciones acerca de qué tan democrática es en verdad esta medida.
Desde siempre, la falta de supervisión legislativa es un problema gravísimo que enciende alarmas. El CEPA advierte que el actual DNU otorga un “cheque en blanco” al Poder Ejecutivo, lo que podría tener consecuencias devastadoras para la economía argentina.
El hecho de que el DNU intente disfrazar cambios relacionados con la deuda como medidas relacionadas con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) es una maniobra que parece un intento de ocultar la magnitud de la reestructuración de deuda que se está llevando a cabo.
La eliminación de los requisitos que garantizan que la reestructuración no perjudique al país es la evidencia que el Gobierno está dispuesto a asumir riesgos extremos en su búsqueda de soluciones rápidas.
¿A dónde vamos?
La combinación de la privatización de Aerolíneas Argentinas y el DNU 846 deja a la economía argentina en una encrucijada. Ambas medidas están diseñadas para abordar la crisis fiscal, pero podrían llevar a un aumento feroz de la deuda y a un ajuste que impactará aún más en la población.
El hecho de que el Gobierno Nacional esté celebrando un “superávit” que en realidad se destina casi en su totalidad al pago de intereses de deuda resalta lo complejo y preocupante del problema. Además, busca despojar al Estado de activos estratégicos que podrían ser fundamentales para el desarrollo y bienestar de la población.
La privatización de Aerolíneas Argentinas y el DNU de reestructuración de deuda son dos caras de una misma moneda: una estrategia que podría llevar a un endeudamiento insostenible y a un ajuste fiscal que nos castiga a todos.
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