El Gobierno habilitó por DNU (846/2024) la posibilidad de realizar canjes para títulos en cualquier moneda sin los requisitos de la Ley de Administración Financiera (LAF) y sin pasar por el Congreso, eliminando cumplimientos legales en un contexto donde hoy al superávit logrado con el feroz ajuste a la ciudadanía es usado para pagar deuda.
El Centro de Economía Política (CEPA) analizó que el DNU elimina el cumplimiento del artículo 65 de la Ley de Administración Financiera (LAF), es decir, aquellos requisitos que implican mejorar monto, tasa o plazo de la deuda para renegociarla. Con el DNU, el Gobierno pone como único criterio que le tomen a precio de mercado los bonos a canjear, lo cual es muy laxo, ya que no demanda ningún beneficio para el país, y habilita a todo lo contrario.
Consecuencias principales: habilita al endeudamiento sin control y la posibilidad un ajuste mayor
“(El Gobierno) quiere renegociar sin ningún tipo de exigencia que evite empeorar las condiciones de endeudamiento de Argentina, como ocurrió con el Megacanje de 2001, por el que fue procesado Federico Sturzenegger”, resaltó en su informe el CEPA, recordando el grave perjuicio que tuvo la medida encabezada por el hoy Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, que lo llevó a un procesamiento por corrupción y favorecer a 7 bancos en detrimento de las cuentas públicas.
El DNU habilita a un aumento de la deuda pública sin control, en tiempos donde casi todo el ahorro de las cuentas públicas va para el pago de los intereses de la deuda. De los 899.660 millones de pesos de superávit del sector público en agosto pasado, 896.130 millones fueron usados para pagar intereses, dejando poco margen para otras necesidades a atender por parte del Estado nacional, como la mejora en las jubilaciones.
En agosto, el gasto público se redujo a 7,8 billones de pesos, una caída del 23,7% en términos reales (ajustada por inflación) en comparación con el mismo mes de 2023. Según el CEPA, esta fuerte contracción ha impactado de manera drástica en áreas clave como la educación, con una reducción del 92%, y la vivienda, también con una caída del 92%. El transporte (-73%), las transferencias a provincias (-41%) y a universidades (-31%) también se han visto gravemente afectados.
Esto deriva en que el ajuste es cada vez más palpable, con 50% de pobreza en el primer semestre.
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La falta de dólares y un DNU que busca ingresar a escondidas
El CEPA señala que pese a que “el gobierno se cansó de decir que tenía los dólares para pagar la deuda, al final del día está claro que no puede resolver el frente externo: se queda sin dólares y las condiciones no mejoran para acceder a los mercados”, y por ello la necesidad de aumentar los pasivos para obtener dólares.
Asimismo, el CEPA recordó que esta medida figura en el Presupuesto 2025, señalando que es poco probable que se apruebe, y por ello dicho DNU. “El Congreso acaba de recibir, hace una semana, un Presupuesto para decidir, entre otras materias, sobre la facultad para tomar y canjear deuda del Gobierno de Milei y su ministro Caputo. En el marco del debate del Presupuesto, publican un DNU que avanza sobre uno de los temas que se deberían votar en el Congreso”, se señala.
El mecanismo también dice mucho: el gobierno lo hace a escondidas. En el Boletín Oficial de hoy, el DNU 846 parece referirse al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) pero en verdad habla de deuda. Primero, en el artículo 1, el gobierno pretende engañar con una norma sobre FGS y trafica, en el artículo 2, un cheque en blanco del Congreso al Poder Ejecutivo.
Con la eliminación del artículo de la Ley de Administración Financiera ante una reestructuración que incremente el monto adeudado el Gobierno podría estirar plazos, pero ofreciendo mayores tasas, lo que empeoraría el valor presente neto de esa deuda reestructurada, pudiendo resultar ruinoso para el país en determinadas circunstancias.
Con el DNU, el Gobierno no estaría obligado a cumplir con la exigencia de que para reestructurar una deuda el país no tiene que resultar perjudicado, lo que se logra mejorando dos de los tres elementos de la deuda (tasa, plazo y/o monto). “Debe existir una exigencia, requisito o pauta de parte del Poder Legislativo para la tarea encomendada al Poder Ejecutivo. De lo contrario, se trata de una habilitación sin controles: un cheque en blanco”, concluye el CEPA.
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