Camila Solange Medrano fue detenida el 7 de junio del 2018 por venta de drogas y durante los siguientes tres años y medio sostuvo que fue coaccionada por su pareja de ese momento y los familiares de este, con quienes vivía por no tener otro lugar donde estar con sus tres hijos, para que sea parte del negocio ilegal que sostenía ese hogar. Si bien su caso terminó con la absolución la marcó de por vida: la complejidad de la trama de la que fue parte hizo que estuviera con arresto domiciliario, perdiendo la posibilidad de terminar la secundaria, llevar a sus hijos a la escuela o atender a la madre que tenía cáncer terminal. Las historias detrás de la venta de drogas a menudo reflejan situaciones de vulnerabilidad y en el caso de las mujeres condenadas, se suman elementos de violencia de género. Sin embargo, existe una carencia de estudios estadísticos detallados desde el Estado que permitan comprender correctamente el problema y diseñar soluciones, especialmente en un contexto de escalada del narcotráfico a nivel mundial.En este contexto, la Red Federal de Periodismo Judicial, constituida en 2023, y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) han elaborado el informe “Mujeres y microtráfico de drogas, punto ciego de la Justicia argentina”. Este informe evidencia las deficiencias de la justicia al abordar estos casos, los cuales muchos son abordados por las provincias dificultando la generación de un mapa del delito.“Los tribunales argentinos avanzan en términos generales sin datos ni rumbo contra un sector sumergido en la pobreza, la desigualdad y la violencia”, señala el informe. La influencia de la situación económica de las condenadas por venta de droga en pequeña escala se puede ver en cómo estas son asistidas por defensores oficiales al no poder pagar un abogado propio. Según el informe la cantidad aumenta desde el 2019 a 2023, lo que puede verse reflejado en el siguiente gráfico.
La investigación recopiló datos de las 23 provincias argentinas, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Poder Judicial Federal.Respecto al microtráfico de drogas (venta o traslado de pequeñas cantidades), el informe destaca que los “kioscos” o “búnkeres” son espacios comúnmente asociados a las mujeres en el microtráfico, aunque su estructura y particularidades siguen siendo poco conocidas. El documento señala una gran preponderancia de mujeres en el traslado de drogas en su cuerpo, especialmente en las provincias con fronteras internacionales, como las del NEA, donde se analizó el perfil de las mujeres condenadas por microtráfico entre 2019 y 2023.
Misiones es la única provincia del NEA con datos detallados sobre mujeres condenadas, contabilizando 19 sentencias entre 2019 y 2023. Más allá de los números es poco lo que se sabe de este conjunto de personas y cómo lograr que no vuelvan a caer en el delito.
En Chaco, por ejemplo, las vendedoras de drogas son las más vulnerables, siendo por lo general madres de muchos hijos, que entran en el microtráfico por medio de sus parejas, para reemplazarlas luego de que estos son atrapados y condenados. En la otra punta de la pirámide, según el estudio en el Gran Resistencia en 2024 hay al menos cinco mujeres líderes de organizaciones de este tipo, aunque el estudio señala que en la provincia las mujeres cometen más delitos de microtráfico que robos o hurtos.
En general, las condenadas por microtráfico de drogas tienen entre 28 y 60 años, suelen vivir en familias ensambladas y residen en asentamientos informales o viviendas sociales en barrios de clase trabajadora. Muchas de estas mujeres invierten las ganancias del microtráfico en mejorar sus hogares, siendo la mayoría amas de casa, empleadas domésticas o dueñas de “kioscos” en sus hogares.
En Corrientes, la mayoría de las mujeres imputadas no ocupan altos mandos en las organizaciones delictivas, pero sí suelen ser vendedoras y cabezas de familias monoparentales. “Es muy difícil conseguir trabajo para una persona sin preparación”, advierte la Defensora Pública, Rosana Gambacorta, quien narra cómo una propuesta de venta de droga puede convertirse en un medio de supervivencia para estas mujeres al garantizar la compra de leche o elementos esenciales para criar niños.
En Formosa, las mujeres desempeñan principalmente el rol de transportistas, mayormente de marihuana desde Paraguay, y muchas tienen un perfil de adicciones, algunas incluso involucradas en la prostitución. “Tienen roles esencialmente secundarios, la mayoría se involucra en el microtráfico debido a su lugar en la familia o por consumo propio o de sus parejas”, señala el informe.
El consumo problemático de drogas es una característica común de estas mujeres compartidos con sus parejas que están en la misma situación por lo que en la justicia hay conciencia de la necesidad de brindarles tratamientos y rehabilitación, prosigue el informe en cuanto a Formosa.
En aquellos hogares monoparentales donde hay adicciones y una condena por venta de droga además el problema se traslada a los hijos e hijas más pequeños, pero “la propia Sedronar admite que no requería a las personas en tratamiento que digan si tenían a su cargo a familiares menores de edad ni tampoco hacía cruces de parentescos entre pacientes. La Secretaría manifestó que las internaciones se extendían entre tres y nueve meses (90 días prorrogables por 180 más)” lo que podía significar en desamparo a estas criaturas y a la vez complica cualquier rehabilitación.
En Misiones una gran parte de las condenadas fueron por el traslado de pequeñas cantidades, algunas siendo de nacionalidad paraguaya que ya tienen un grupo familiar formado. En todos los casos se puede notar que hubo violencia intrafamiliar previo a la incursión de la venta de drogas.
“He planteado por años, aunque nadie me da bolilla, que se trata de mujeres cuya voluntad está disminuida porque son violentadas psicológicamente. No es que no comprendan lo que hacen, pero pueden recibir represalias si se niegan y prácticamente carecen de opción” relató Gambacorta, como justamente fue el caso de la mencionada Camila Solange Medrano, cuya historia de violencia y víctima de coacción terminó por absolverla.
“El primero de junio de 2020, a las 18 horas, mi mamá falleció en mis brazos en la casa de mi abuela”, recordó Camila, entrevistada en el marco del informe, cuando le preguntaron por lo que pasó durante su arresto domiciliario, antes de la absolución, señalando que además sus hijas tuvieron que tener un tipo de asistencia psicológica. Luego de ser liberada terminó el secundario y trabajó como empleada doméstica, en busca de un trabajo en blanco.
“(Cuando hablamos de ventas de drogas) estamos hablando de algo que sí es un delito y que a nadie recomendaría hacerlo, pero deberían fijarse en el detrás, en que pasó en la vida de esa persona para llevarla a lo que hizo”, reflexionó Medrano. Esto es lo que el informe en definitiva busca demostrar, lo que en suma podría evitar que las personas que no quieran volver a este mundo delictivo puedan tener otra opción, pero no es solo una decisión individual, detrás debe haber una planificación estatal, basada en estudios serios que trasciendan las meras condenas.
El informe no solo destaca la necesidad de abordar la problemática del microtráfico desde una perspectiva que vaya más allá de analizar cuál es la sentencia que corresponde, sino también la urgencia de políticas públicas integrales que contemplen tanto la prevención como la rehabilitación. Solo así se podrá ofrecer alternativas reales y sostenibles para alejarse del delito, asegurando un futuro para las familias involucradas.
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