“Decreto 51”. El primer DNU al que Federico Sturzenegger le estamparía su firma como ministro de Desregulación ya fue bautizado en Casa Rosada con ese nombre. La norma seguirá la misma línea que se propuso Javier Milei de “destruir el Estado desde adentro”. Lo que está en carpeta es la supresión de funciones y llanamente la disolución de unos 60 organismos estatales, con sus correspondientes políticas públicas.
Los funcionarios que responden a Sturzenegger, según trascendió, todavía están ajustando los últimos detalles del decreto, por lo que la lista final de organismos públicos por los que pasará la motosierra todavía no fue confirmada.
Sin embargo, desde el Gobierno pusieron algunos ejemplos de los que serán alcanzados por el desguace, como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE); y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), que todavía permanece dentro del organigrama del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona.
Si bien la medida será anunciada como el debut de Sturzenegger como ministro, lo cierto es que el trazo grueso ya estaba contemplado en la Ley Bases. En el capítulo de Reforma del Estado, el Congreso facultó al Gobierno a disponer la «reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial” de los organismos que forman parte de la estructura estatal.
Un medio nacional consultó si existía algún criterio para la supresión de organismos, y la respuesta fue que el Gobierno busca «desregular» y eliminar los supuestos «curros» de las gestiones anteriores. Ese mismo argumento se utilizó, por ejemplo, para liquidar el Fondo de Integración Sociourbana (FISU) sin aportar pruebas de los casos de «corrupción». En esa línea, se especula que los organismos vinculados a las organizaciones sociales y culturales caigan en la volteada del DNU de Sturzenegger.
Con el DNU de Sturzenegger, hay cientos de puestos de trabajo en riesgo
En el Gobierno aseguran que el nuevo DNU no traería aparejada una nueva ola de despidos masivos en la administración pública. De todos modos, varios cientos de trabajadores quedarían a priori sin funciones o directamente sin organismo en el que cumplir con sus tareas, por lo que la preocupación de los gremios al respecto va en aumento.
Ahora!!@fedesturze no vamos a permitir el cierre de ningún organismo!!
El intento de cierre de más de 60 organismos públicos impulsado por el Gobierno no es sólo un ataque a los trabajadores estatales, sino a toda la sociedad.
Cada organismo que se cierra se traduce en un… pic.twitter.com/UazMrsVaqn— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) JULY 25, 2024
La ley Bases también incluyó una reforma profunda en el empleo público y el Gobierno quedó también facultado a «distribuir» a piaccere a aquellos trabajadores de planta permanente que quedan a tiro de «disponibilidad» durante 12 meses luego de que su área haya sido eliminada. Incluso puede destinarlos al sector privado. La desarticulación y fusión de organismos redundaría en que muchos queden en esa situación.
«Detrás del argumento fiscalista para justificar los despidos, en realidad se oculta el verdadero problema. Quieren que el Estado renuncie a su obligación de garantizar a los sectores más vulnerables, como las disidencias con el INADI, las comunidades originarias con el INAI o la eliminación del rol de contralor y fiscalización de la economía con el INAES a la hora de combatir la alta concentración de la riqueza», aportó por su parte el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.
Fuente: Página 12
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