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Viernes 11 de octubre de 2024
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Derechos Humanos: organismos internacionales se preocupan por Argentina

Después de las detenciones arbitrarias frente al Congreso en el día que trataron la Ley Bases en el Senado, varios organismos internacionales vieron a Argentina cruzar una línea peligrosa en cuanto a la protección de los Derechos Humanos.

Después de las detenciones arbitrarias frente al Congreso en el día que trataron la Ley Bases en el Senado, varios organismos internacionales vieron a Argentina cruzar una línea peligrosa en cuanto a la protección de los Derechos Humanos.

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En 6 meses de gestión el Presidente ha logrado que múltiples organismos internacionales pongan la lupa sobre él. A veces es bueno y a veces es malo, como sucede con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Organización de los Estados Americanos (OEA), quienes están preocupados por la protección de los derechos humanos en Argentina bajo la era Milei.

Tampoco son los únicos, Amnistía Internacional pidió que los países del G7 “aborden la situación de los derechos humanos en Argentina” y múltiples asociaciones civiles argentinas se encuentran con el mismo desvelo, ya que la escalada de la violencia parece estar en pañales.

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Fuerzas de seguridad arrastrando a un detenido.

Aún hay 5 detenidos por protestar contra la Ley Bases

Cuando se trató en el Senado la famosa Ley Bases, el Congreso se blindó como cada vez que las leyes a tratar perjudican a la población. Fue en este contexto que la CGT, organizaciones civiles y partidos políticos del campo popular se manifestaron junto a un conjunto de personas frente al Congreso.

A pesar de que el derecho a la protesta es un derecho constitucional en Argentina, las fuerzas de seguridad que responden a la Ministra Patricia Bullrich detuvieron a 33 personas en las inmediaciones del Congreso. No hubo justificativo y las detenciones fueron al voleo.

“Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. No son presos políticos, son delincuentes que estaban cometiendo delitos y como consecuencia de eso, el que las hace las paga. Tienen que estar todos encerrados por haber cometido delitos”, opinó Milei en una entrevista televisiva. El Presidente argumentó que él no está “en contra de las manifestaciones”.

De la lista inicial de 33 detenidos, sólo quedan cinco: Patricia Calarco Arredondo, David Sica, Cristián Fernando Valiente, Roberto María de la Cruz Gómez y Facundo Ezequiel Gómez. Todos ellos fueron procesados por la Jueza María Romilda Servini de Cubría, bajo la clásica figura antiprotesta de “atentado a la autoridad”.

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La ONU y los Derechos Humanos

La crítica de la ONU hacia la administración de Javier Milei se centra en varias políticas que, según el Alto Comisionado Volker Türk, ponen en riesgo los derechos humanos en Argentina. 

Türk destacó la falta de protección para los sectores más vulnerables de la población bajo el gobierno de La Libertad Avanza (LLA), señalando entre otras cosas los recortes al gasto público y el cierre anunciado de instituciones para los derechos de las mujeres, así como la suspensión de la participación en eventos internacionales relacionados con la Agenda 2030.

El Alto Comisionado también expresó preocupación por las restricciones al derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión, evidenciadas en un protocolo del Ministerio de Seguridad para evitar manifestaciones. Este protocolo ha sido criticado por convertir el derecho a  la protesta en un delito, algo que organizaciones como el CELS han denunciado como un retroceso en términos de derechos civiles.

Además, señaló que la eliminación de organismos como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo y los Centros de Acceso a Justicia podrían exacerbar la discriminación y la injusticia en el país.

En respuesta a estas críticas, la comunidad internacional, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional, está tomando acciones para examinar más de cerca la situación de los derechos humanos en Argentina bajo la nueva administración.

Sonia Cavallo objetando la Agenda 2030.

La OEA y la Agenda 2030

La Agenda 2030 es una de las obsesiones de Milei. Insistió con su rechazo durante el balotaje y una vez ya asumido como Presidente, Milei ordenó a la Cancillería que Argentina debía objetar o rechazar todos los proyectos multilaterales que “sigan esa agenda”. La misma se llama Agenda para el Desarrollo Sostenible y fue aprobada por 193 países en la ONU.

¿Qué es la agenda 2030? Básicamente un tratado cuyos objetivos son:

  • fin de la pobreza
  • hambre cero
  • salud y bienestar
  • educación de calidad
  • igualdad de género
  • agua limpia y saneamiento
  • energía sustentable y no contaminante
  • trabajo decente y crecimiento económico
  • industria, innovación e infraestructura
  • reducción de las desigualdades
  • ciudades y comunidades sostenibles
  • producción y consumo responsable
  • acción por el clima
  • vida submarina
  • vida de ecosistemas terrestres
  • paz, justicia e instituciones sólidas
  • alianzas para lograr los objetivos
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Argentina, junto con todos los estados miembros de la OEA, había apoyado inicialmente la Agenda 2030 de la ONU en 2015

. Sin embargo, debido al dogma presidencial Argentina ahora cuestiona activamente la Agenda 2030, algo que pone en tensión su defensa de la libertad, la división de poderes y la democracia.

Las ideas de Milei fueron aplicadas por primera vez la semana pasada en el Consejo Permanente de la OEA en Washington. La Embajadora argentina, Sonia Cavallo (hija de Domingo Cavallo), objetó todos los proyectos relacionados con seguridad hemisférica, fortalecimiento democrático, la crisis en Haití y la igualdad de género en la diplomacia global y por sobre todo, lo relacionado con derechos humanos.

“Condenar de forma enérgica todo acto que impida o dificulte de forma arbitraria, directa o indirectamente, las tareas que desarrollan las defensoras y los defensores de los derechos humanos en las Américas, incluido las y los defensores del medio ambiente, así como las y los defensores indígenas de esos derechos, contra todo acto de represalia, la violencia, y la criminalización de su trabajo, el acoso, la intimidación, los ataques, la tortura, la desaparición forzada, la detención y el encarcelamiento arbitrario, el asesinato y todas las demás formas de abuso de los derechos humanos que cometen agentes estatales o no estatales, entre otros”, sostiene un artículo clave del proyecto.

Esta iniciativa de Protección de los Derechos Humanos en América Latina fue objetada en su totalidad por Argentina.

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