Las últimas precisiones que dejó el Gobierno nacional sobre su decisión de bajar la edad de punibilidad se dio en el marco de la creciente inseguridad en los grandes centros urbanos. Una vez más, el debate fue impulsado por Patricia Bullrich, la actual Ministra de Seguridad de Javier Milei que, durante el periodo presidencial de Mauricio Macri se unió al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, para pedir que se baje un año (de 16 a 15 años).
Sin embargo, según dejó saber a medios nacionales la actual Ministra, el nuevo proyecto es más ambicioso: «Todavía se está discutiendo la edad, si es a 14 años, si es a 13 como en Uruguay o a 12 como en Brasil», anticipó a radio Mitre, hace algunas semanas.
En ese marco, el referente de la Red por los derechos de las Niñeces, Adolescencias y Juventudes de Corrientes, Sebastián Carrano, dialogó con NEA HOY y criticó que “cada año y medio” vuelva a “estar el tema en agenda de la política, pero de la política partidaria, lamentablemente, no de la política pública”.
Carrano reclamó que no se vea como un problema más profundo para acompañar a los adolescentes que cometen delitos.
“El número de adolescentes que cometen delitos, por decir, entre los 12 y los 17 años es menor y, además, en esos delitos que cometen, que no son números significativos, todavía es menor el número de delitos graves y delitos de sangre. Entonces no es una problemática que la estadística nos está mostrando que es algo que está sucediendo todo el tiempo”, agregó.
El referente reclamó que, a pesar que el número de casos sea bajo, los sectores que impulsan estas normativas de baja de la edad de imputabilidad, lo hagan basándose en casos aislados en los que participan menores de edad.
Y remarcó que desde la red que integra y las organizaciones que forman parte de ella se oponen a estas iniciativas: “Creemos que viviendo en un país, con esta gestión nacional del Estado que se está corriendo muchísimo en cuanto a las políticas públicas y donde tenemos el 60% de los niños niñas y adolescentes de nuestro país en situación de pobreza, pensar en bajar la edad de punibilidad de esos pibes es encarar la problemática desde el lugar incorrecto. Creemos que lo que hay que hacer es garantizar sus derechos, que los ponen en situación de pobreza a ese 60% y no pensar en medidas punitivas o en políticas que en realidad son totalmente regresivas y represivas”.
En cuanto al contexto en el que viven la mayoría de las personas menores de edad que se encuentran involucradas en delitos, Carrano profundizó: “Los adolescentes que cometen estos delitos en su mayoría están por encima de los 16 años, con problemas para tener continuidad en la escuela y, al ser parte de un hogar en situación de pobreza, no se le puedan garantizar algunos derechos”. E indicó que, a estas problemáticas, se suma la del consumo problemático.
Frente a esa situación los gobiernos nacionales y provinciales, argumentó el referente, no existen programas de promoción de derechos, políticas públicas o espacios de contención destinados a este sector de la sociedad.
Bajar la edad de punibilidad: qué dicen los organismos internacionales
Sebastián Carrano mencionó que el Comité de Niños, Niñas y Adolescentes de la ONU recomendó no bajar la edad de punibilidad y, en su lugar, recomendó otro tipo de políticas públicas como la reinserción socioeducativa.
En cuanto a los intentos de la gestión libertaria, con el protagonismo de Patricia Bullrich, de intentar bajar la edad de imputabilidad para las personas menores de edad, expresó: “Creemos que no es solo ir en contra de las recomendaciones (de los organismos internacionales) sino de las recomendaciones de que haya políticas públicas que no sean punitivas solamente sino que haya políticas públicas que tengan que ver con la prevención”.
El caso de Corrientes en cuanto al tratamiento con adolescentes que participan en delitos
En el marco nacional, Carrano advirtió que la provincia de Corrientes transita una compleja situación en lo que respecta a la contención de personas menores de edad que delinquen.
“Hoy en día la provincia tiene un Centro Penal Juvenil en la localidad de San Cayetano, que debe tener alojadas a 10 pibes. No son muchos, pero hace unos años apareció muerto uno de esos internos y no se sabe qué sucedió, hasta el momento”, explicó.
Y agregó: “Sabemos que la situación en la que están en el centro penal juvenil es una situación de encierro, casi como si fuera un adulto”.
Asimismo, indicó que el centro depende del Ministerio de Seguridad aunque desde hace años se le viene recomendando a la provincia, sobre todo desde la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, que el espacio tiene que pasar a la órbita de otro ministerio como el de Desarrollo, ya que la lógica que le imprime el Ministerio de Seguridad es el de la privación de libertad; y las medidas que se toman y el abordaje es muy típico del encierro de adultos.
Sin embargo, la provincia “se comprometió a hacerlo y nunca lo hizo”. El motivo de que no se modifique esta situación, aseguró Carrano, es que no son más de 10 personas que se encuentran privadas de la libertad allí y, en su mayoría, pertenecen al interior provincial, por lo que “no tienen prensa” y sus familias “no viajan 300 kilómetros a visitarlos”.
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