“Haz lo que yo digo y no lo que yo hago”, es una frase que se le atribuye al filósofo Séneca, en el 56 D.C. pero que, sin perjuicios, podría asignarse al modo de gestionar la educación pública del Gobierno de Javier Milei: ese modo es, en lo retórico, ‘la defensa de la educación pública’, mientras que en lo administrativo es el no gestionar y delegar todas las facultades a las provincias.
Ayer, una vez más, el oficialismo de la Cámara de Diputados, integrado por la Libertad Avanza y el PRO, intentó postergar la firma de un dictamen para tratar la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) que el Gobierno eliminó en marzo.
De este programa se pagó a las provincias, apenas, $3.683 millones (de un total de $46.611 millones) únicamente en enero, lo que representa una baja de 80,7% en términos interanuales.
Al arrancar la reunión de ayer, el presidente de la Comisión de Educación, el macrista Alejandro Finocchiaro, recordó que el encuentro se daba en el marco de un emplazamiento, pero planteó llevar adelante un cronograma y recién emitir dictamen el miércoles 12 de junio, con el fin de tener un “estudio serio y profundo” sobre el costo fiscal del asunto.
El motivo para posponer la reintroducción del fondo que corresponde entre un 15% y un 20% del sueldo de los docentes públicos en algunos distritos, fue que “significa un gasto fiscal de entre entre el $1 billón y los $1,4 billones, lo que haría peligrar el preciado superávit del Gobierno”.
Sin embargo, no es la primera medida que el Gobierno ejerce una acción contra la educación que tanto dice defender. Vale mencionar que, incluso, en el tan mencionado Pacto de Mayo, que no fue y que no se sabe cuando será, nada se dijo sobre la educación.
Recordemos los diez puntos:
- La inviolabilidad de la propiedad privada.
- El equilibrio fiscal innegociable.
- La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno.
- Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.
- La rediscución (sic) de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual.
- Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.
- Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.
- Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación.
- Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados.
- La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global.
Tampoco en la Ley Bases existen reformas al sistema educativo que tengan que ver con la búsqueda de incrementar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje y, más bien, los capítulos referidos a este tema se centran en la cuestión del financiamiento o, sobre todo, del desfinanciamiento educativo.
«El proyecto de ley hay que analizarlo en el contexto del ajuste fiscal que ya se está implementando. En lo que respecta al financiamiento educativo, la reducción de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias y la eliminación de la obra pública, que incluye la construcción de escuelas, van a impactar en la reducción de los fondos para la educación», analizó la Profesora e investigadora de la UBA, Myriam Feldfeber, en diálogo con Página 12.
Entre los puntos centrales de las políticas educativas que el Gobierno quiere implementar mediante la Ley Bases se encuentra el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo que incorpora un artículo en el que se señala que los acuerdos sobre condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo y carrera docente quedarán en manos de cada una de las provincias. Esto, como explica Feldfeber, tiene el efecto de dejar «relegada la responsabilidad del Estado Nacional en la garantía del derecho a la educación y eso agudiza las desigualdades entre las provincias».
Pero, mientras la Ley de Educación Nacional permite los estudios a distancia sólo a partir de los 18 años, la Ley Bases prevé los estudios «híbridos como alternativa a la educación presencial». Es un cambio que, así expresado, da la impresión de abrir la puerta a implementar el denominado «homeschooling», que podría comenzar desde el cuarto grado del primario eliminando la obligatoriedad de ir a la escuela.
En el marco del debate en comisiones, el secretario Torrendel dijo que la propuesta en relación a la presencialidad no es habilitar su eliminación sino la hibridación: «Hemos propuesto algunos cambios al proyecto como llegó en primera instancia, que tienen que ver con precisar que la cuestión clave está en la hibridez. Sin duda la educación presencial es clave, quedó demostrado, pero también es cierto que debe estar progresivamente integrada con el entorno virtual y hay muchas experiencias positivas donde se complementa la educación presencial».
Este apartado puede entenderse plenamente desde la lógica oficialista que fue exteriorizada por el diputado Benegas Lynch, al que Milei tiene una singular apreciación, cuando dijo: “Yo no creo en la obligatoriedad de la educación. La libertad también es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo”.
Educación: de Ministerio a secretaría
No es menor que la gestión libertaria haya elegido bajar de rango el Ministerio de Educación y convertirlo en Secretaría que, ahora, orbita bajo el Ministerio de Capital Humano, que es conducido por Sandra Pettovello y que, en los últimos días, tuvo que afrontar una denuncia por la no distribución de más de 5 millones de toneladas de alimentos.
Esa misma secretaría de Educación, en consonancia con los demás organismos del Estado nacional, también experimentó políticas de vaciamiento que perjudicó a diferentes áreas: Becas Progresar, Innovación Educativa, Nivel Primario y la Unidad de Género.
Además, vale recordar que entre diciembre y marzo fueron despedidos 200 trabajadores que realizaban tareas en diversas áreas del exministerio, incluso personas que acumulaban hasta 25 años de antigüedad.
Los números rojos de la educación bajo la gestión Milei
En la línea de los antecedentes mencionados, en los que se observa un ataque constante de la gestión de Milei al sistema educativo, se pueden encontrar otros indicadores que demuestran que el desfinanciamiento educativo se da, también, a escondidas; con el recorte de partidas a universidades y a los sistemas educativos provinciales.
Fue el mismo periódico oficialista, La Nación, que en abril realizó un informe sobre la ejecución presupuestaria del Gobierno libertario y reconoció que “entre las palabras y los hechos están los números que reflejan, culminado el primer trimestre del año, que entre las prioridades del Gobierno no está la educación”.
Y menciona que las partidas destinadas a programas educativos claves se desplomaron en estos tres primeros meses de 2024, respecto del mismo período del año pasado, “con el agravante de que estas partidas no fueron actualizadas con la inflación para este ejercicio 2024, con lo cual la subejecución presupuestaria actúa como una motosierra de hecho para ajustar el gasto”.
Si bien el Gobierno insiste en que el servicio de educación está descentralizado entre las provincias y son ellas las responsables primarias de garantizarlo, no es menos cierto que, en virtud de la ley de educación, la Nación es corresponsable en la tarea de planificación, organización, supervisión y financiación del sistema educativo nacional, agrega.
Sin embargo, los programas educativos más importantes de la cartera que conduce el secretario del área, Carlos Torrendell, están en franca caída. Entre ellos los siguientes:
- Gestión educativa y políticas socioeducativas: cayó un 67,8% en términos reales. Este programa, cuyo objetivo es desarrollar acciones orientadas a promover la igualdad y el efectivo goce del derecho a la educación, tiene entre sus propósitos la ampliación de la cobertura escolar con la universalización de la jornada completa o extendida en la educación primaria. Algunas provincias, como Buenos Aires, debieron suspender la implementación de la jornada completa en un total de 60 escuelas primarias distribuidas en 31 distritos por falta de financiamiento nacional.
- Infraestructura y equipamiento escolar: cayó un 98,9% en términos reales. En lo que va del año sólo ejecutó el 0,85% de la partida, de por sí desactualizada por la inflación. Este programa es clave, pues debe asegurar la construcción de nuevos edificios, ampliaciones, refacciones, adquisición de equipamiento áulico, de comedores escolares, provisión de servicios básicos, además de dotar a las escuelas de los recursos materiales y pedagógicos necesarios para asegurar la calidad de la educación, priorizando aquéllas que atienden a alumnos/as en situaciones sociales más desfavorecidas.
- Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes: cayó un 45,9% en términos reales. El programa tiene como objetivo promover el acceso, la permanencia y la finalización de la escolaridad obligatoria y la educación superior, tanto no universitaria como universitaria.
- Fondo de Incentivo Docente: si bien tuvo una caída en su ejecución devengada del 79%, si se analiza la base caja (es decir, los fondos que efectivamente se distribuyeron a las provincias), dicha caída asciende al 99,99%. El gobierno nacional había anticipado su intención de eliminar este fondo, lo que implicaría un recorte nominal de los salarios docentes de entre el 10% y 20% de acuerdo a cada distrito.
- Fortalecimiento edilicio de jardines de infantes: esta partida cayó un 93%, apenas erogó el 1,38% de su presupuesto en un trimestre.
- Conectar Igualdad: la partida se ajustó en un 83,1% en términos reales respecto del mismo período del año pasado.
- Universidades. Los fondos asignados a las altas casas de estudio cayeron un 33,2% interanual real.
Hasta ese momento (un mes atrás), el único refuerzo presupuestario en materia de educación se había volcado en un subsidio a la educación privada con el programa de los vouchers educativos por $120.000 millones; también se asignaron $145.000 millones a las becas Progresar las cuales, vale decir, no incrementaron su valor y se estancaron en los $20.000 que ya regía en 2023.
“Educación como servicio esencial”, ¿Qué intención tiene la declaración?
Es un tanto inocente creer que la declaración de la educación como “servicio esencial” (de la que tanto habla el Gobierno) está promovida por la intención de valorizar al sistema educativo nacional, ya que, en la realidad, se observan los constantes ataques tanto retóricos como institucionales, a través del recorte de partidas, lo cual no permite asegurar un servicio de calidad.
Vale recordar que el artículo 97 del DNU 70/2023 estableció a la educación como “servicio esencial”, pero luego fue suspendido por la Justicia mediante un amparo presentado por la CGT ya que la decisión de Milei implica una restricción sobre los paros docentes: establece que, frente a un conflicto colectivo que afecte los servicios considerados esenciales, en ningún caso se podrá “negociar o imponer a las partes una cobertura menor al setenta y cinco por ciento (75%) de la prestación normal del servicio de que se tratare”.
Es decir: en una escuela, por ejemplo, no podrán adherir a una medida de fuerza más de 1 de cada 4 docentes.
Según la definición del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para determinar los casos en los que podría prohibirse la huelga “el criterio determinante es la existencia de una amenaza evidente e inminente para la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población”.
Entre los ejemplos que menciona la OIT figuran el sector hospitalario, la electricidad, el abastecimiento de agua, los servicios telefónicos, la policía y las fuerzas armadas, los bomberos, los servicios penitenciarios y el control del tráfico aéreo. No se menciona, en cambio, la enseñanza, pero sí “el suministro de alimentos a los alumnos en edad escolar” y “la limpieza de los establecimientos escolares”.
Por otro lado, la OIT estableció que un servicio no esencial puede convertirse en esencial “cuando la duración de una huelga rebasa cierto período o cierto alcance y pone así en peligro la vida, la seguridad de la persona o la salud de toda o parte de la población”.
En consecuencia, la medida se puede analizar más desde la lógica represiva del Gobierno libertario que prometió derogar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional (entrevista con A24 durante la campaña presidencial en Agosto 2023), o desde el protocolo antipiquetes promovido por la Ministra Patricia Bullrich, que desde la búsqueda de fortalecer la calidad educativa.
Alfabetización y acuerdo con las universidades
Nobleza obliga, el Gobierno acordó ayer, en una reunión con el Consejo Federal de Educación (donde participan los ministros de Educación de todas las provincias), el financiamiento para los planes de alfabetización provinciales. Sin embargo, el programa tendrá parte de los recursos provenientes del programa “Libros para Aprender” que la gestión libertaria cerró en abril y que distribuía ejemplares a todas las escuelas del país.
Si podemos hablar de “logros” en la gestión educativa, vale decir que el Gobierno avanzó en las negociaciones con el Consejo Interuniversitario Nacional (en donde participan los rectores de todas las universidades públicas del país) y ofreció un aumento del 270% para las partidas destinadas al funcionamiento de las instituciones.
Sin embargo, de acuerdo a los datos del informe realizado por Chequeado, de confirmarse la aplicación de estos aumentos, los fondos para todo el año caerían 2,9% real, considerando las proyecciones de inflación del Banco Central, por lo que, incluso este acuerdo, seguiría siendo perjudicial para el fortalecimiento del sistema educativo estatal.
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