El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) rechazó el llamamiento a la ‘Consulta Ciudadana’ convocada por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) para rever las tarifas del peaje. A través de un comunicado, señalaron que se trató de “un simple formalismo, meramente decorativa, de carácter no vinculante y no presencial, por escrito”.
Además, sostuvieron que sólo tuvo la finalidad de “imponer y habilitar un nuevo incremento en las tarifas de peaje que cobrará la Empresa concesionaria Corredores Viales S. A., que comprende la Red Vial Nacional concesionada y la Autopista Ricchieri-Ezeiza-Cañuelas”. Cabe destacar que el aumento ya estaba autorizado antes de la realización de la Consulta Ciudadana citada.
“Es sumamente grave que dicha Consulta Ciudadana, que venció el 17 de abril del corriente, simple e infundada y ni siquiera convocando a una audiencia pública vinculante, se haya llevado a cabo sin que exista un Ente Regulador ni Marco Regulatorio que defienda los derechos de los usuarios viales directos e indirectos, tal cual lo exige la Constitución Nacional en su artículo 42. Las concesiones viales tienen carácter de servicio público”, señaló Jorge Zatloukal, integrante del CONADUV.
A su vez, Ricardo Lasca, del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (CADIA) y Coordinador del CONADUV, manifestó: “Con la actitud autoritaria y antidemocrática de las correspondientes autoridades nacionales, se imposibilita el debate y cambio de opiniones entre las respectivas áreas de gobierno y los usuarios viales directos e indirectos, no pudiéndose evitar ni alterar el porcentaje de aumento que ya se encontraba definido y aprobado de antemano en las respectivas Resoluciones redactadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Los caminos son de dominio público y no propiedad exclusiva de quienes gobiernan”.
Para los trabajadores viales, el tema no pasa por modificar las tarifas del peaje con el objetivo de restablecer la ecuación económica financiera de la concesionaria, sin tener en cuenta para nada la relación beneficio/costo del usuario, sino que se acarrean problemas desde inicios de los años 90.
En este marco, denuncian “contratos de concesión leoninos, ilegales y lesivos, tarifas calificadas de exacciones ilegítimas, perjudiciales al interés general, carentes de causa jurídica, con niveles desproporcionados con relación al servicio, contrarias a la utilidad nacional, y de beneficios abusivos para los concesionarios”.
“Desde el Gobierno Nacional intentan, y vaya a saber por qué razón, premiar a la empresa concesionaria Corredores Viales S. A. con otro injustificado incremento de las tarifas de peaje, totalmente inapropiado, injusto, ilegal y carente de todo fundamento técnico económico desde el punto de vista de la ingeniería económica de transporte”, acusaron.
Por otro lado, sostuvieron que “la empresa Corredores Viales S. A. se limita a cobrar un ‘falso peaje o impuesto al tránsito’ inconstitucional e inviable, que es deficitaria, sumamente costosa, burocrática e innecesaria y que actúa irregularmente en forma paralela a la Dirección de Vialidad Nacional”.
“El CONADUV rechaza el nuevo tarifazo de peaje y la correspondiente actualización mensual, exhortando a las respectivas autoridades a no dar curso al incremento propuesto, solicitando coraje, voluntad y decisión política al nuevo Gobierno para que se ponga punto final al escandaloso negociado que significan las concesiones viales y que los usuarios viales padecen injustamente desde los años 90”, concluye su comunicado.
Tarifas de peaje: la propuesta del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV)
- Poner en práctica un verdadero Proyecto Vial que contemple toda la red caminera del País, tanto Nacional como Provincial, LIBRE DE PEAJE, reasignando en forma efectiva los recursos generados a través del Impuesto a los Combustibles.
“Esto permitiría el sostenimiento y mejoramiento del sistema vial argentino en condiciones óptimas de transitabilidad, implicando el desarrollo de la Argentina, generando inversión y puestos de trabajo. A su vez se lograría reducir el costo de transporte, impulsar y mejorar la situación de las economías regionales, disminuir el índice de accidentes y siniestros viales, promover el turismo, entre tantos otros beneficios”, sostuvieron.
- Crear en el ámbito del Congreso de la Nación, una Comisión de Seguimiento del uso de los fondos viales, con la participación activa de los usuarios viales directos e indirectos, a los efectos de impedir la malversación y desvío de los mismos, terminando así con el abuso por parte del Estado Nacional.
- Disolver a la mayor brevedad la innecesaria empresa Corredores Viales S. A.
- Rejerarquizar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), reafirmando las funciones propias y prioritarias en la totalidad de nuestras rutas nacionales y provinciales, de planificación concertada, control de gestión federalizada, administración e investigación tecnológica, convirtiéndola en el Organismo rector de la Política Vial Nacional y Provincial.
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