A través del Decreto 302/2024 publicado la semana pasada en el boletín oficial, el presidente Javier Milei modificó un artículo de la Ley Argentina Digital y derogó otro decreto que había sido emitido por el gobierno de Alberto Fernandez durante la pandemia, el N° 690/20.
La norma indicaba que “las tarifas de los servicios públicos esenciales y estratégicos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia, las de los prestados en función del Servicio Universal y de aquellos que determine la Autoridad de Aplicación por razones de interés público, podrán ser reguladas por ésta”.
Así, daba al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) la facultad de intervenir en los precios de los proveedores de internet en sus distintas presentaciones (telefonía, cableado, etc). Además, el artículo 15 de la Ley Argentina Digital que fue modificado reconocía “el carácter de servicio público esencial y estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia al uso y acceso a las redes de telecomunicaciones, para y entre licenciatarios de Servicios de TIC”. De esta forma, se inhiben los recursos de amparo por aumentos desmedidos
Con estas modificaciones, esencialmente lo que hace el gobierno de Javier Milei es liberar los precios de los servicios de telefonía, internet y cable, para que las empresas proveedoras puedan subir sus tarifas indiscriminadamente como así lo han hecho las prepagas.
Sumando a la inflación
El decreto de Javier Milei mantiene el artículo que reza “Los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”.
Las críticas tanto de opositores como de distintos medios marcaron lo poco creíble que resulta pensar que las empresas de telefonía e internet tendrán el interés de mantener precios razonables, cuando el gobierno esperaba lo mismo de las prepagas y hoy no está sabiendo cómo frenar sus aumentos desmedidos.
Desde Casa Rosada aclararon a varios medios que no esperan que pase lo mismo con las prestadoras de TICs, ya que muchas de ellas acudieron a la justicia para poder realizar aumentos durante el último año.
Sin embargo, el decreto se emite en un contexto de fuertes aumentos de servicios públicos como el transporte, energía y gas, mientras que de acuerdo a los aumentos semanales de principio de abril se espera que el porcentaje de aumento de precios de los alimentos tampoco esten por debajo de los dos dígitos.
Sobre esta espiral inflacionaria, en el mes de marzo estos servicios ya registraron un aumento del 15%, y acumularon un alza general del 81.3% desde el 1 de diciembre. Se espera que con el aumento de la energía (que son parte del costo de la provisión), los servicios de internet para abril también se encuentren por encima de los dos dígitos y continúen así para los próximos meses.
Brecha Digital
El Decreto de Necesidad y Urgencia para regular los precios de los servicios TIC fue promulgado durante la pandemia, cuando las restricciones hicieron crecer la necesidad del teletrabajo y las clases online.
A través de ésta medida, el gobierno de Alberto Fernandez se aseguró que la nueva necesidad de las familias a estar conectadas no repercuta en un aumento desmedido de precios de los proveedores de estos servicios, dejando afuera a los más pobres de la posibilidad de una educación o un trabajo.
Fue allí que se empezó a tener más en cuenta la “canasta básica tecnológica” como nuevo indicador de desigualdad, que registra lo que debe gastar una familia para no dejar de tener acceso a las mismas oportunidades de trabajo, educación e información.
De acuerdo a un informe del INDEC, elaborado de acuerdo a registros del tercer trimestre del año 2023, el 10% de los hogares todavía no tiene acceso a internet, y que si bien el 90% de las familias cuenta con al menos un celular, el 40% no cuenta con PC o notebooks en la casa.
Es por eso que en muchos países, incluyendo Estados Unidos, se ejecutan programas de conectividad y medidas para regular los precios del servicio, ya que existe un consenso de que los países con una mayor brecha digital son menos competitivos para empresas e inversores.
Los esfuerzos del gobierno de Alberto Fernandez, sin embargo, no tuvieron mucho efecto, ya que las empresas proveedoras acudieron a la justicia que aprobó casi automáticamente cada uno de los aumentos que se proponían.
Todo aumenta
El argumento del gobierno nacional es que la liberación de los precios permitiría a las empresas una mayor inversión en infraestructura para llegar y brindar un mejor servicio a aquellos lugares en donde el mismo es eficiente.
Este argumento, sin embargo, no se sostiene con el anterior. Si el gobierno niega que el decreto abrirá la puerta a aumentos excesivos porque las empresas ya venían realizando aumentos con el beneplácito de la justicia, esto significa que ya se encontraban en condiciones de invertir, mejorar y ampliar sus servicios si ese fuese su objetivo.
Cabe aclarar que el decreto se publica poco antes de la reunión que Javier Milei tuvo con Elon Musk en su fábrica de Texas. El magnate ya había anunciado que StarLink, su empresa proveedora de servicios de internet satelital, desembarcaría a Argentina para brindar servicios en zonas rurales vinculadas al complejo sojero. El decreto, entonces, podría haber sido un gesto del presidente al empresario.
Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa se criticó la medida señalando que “únicamente las empresas saludaron esta normativa, dado que, a partir de ahora, en el marco de una ausencia del Estado en el sector de las telecomunicaciones, ya no necesitarán fallos judiciales que les venían permitiendo incrementar sus precios a los usuarios de manera unilateral y al margen de las normativas vigentes”.
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