El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) tiene por objetivo el financiamiento de obras de urbanización (cloacas, asfalto, tendido eléctrico, etc.) en los conglomerados urbanos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares.
Esta política estatal fue impulsada por organizaciones sociales y trascendió dos gobiernos, iniciada en el gobierno de Mauricio Macri a través del decreto 819/2019 y fortalecida en el de Alberto Fernandez con la ley 27.453 para beneficiar a los más de 5 millones de personas que viven en barrios populares.
El Fondo se financiaba con un 30% de lo recaudado con el Impuesto País, es decir, a través de la compra de dólares. Sin embargo el gobierno de Javier Milei decidió recortar éste lunes al 1% la financiación para un fondo que, tanto opositores como oficialistas, ponderaban por su buen funcionamiento y beneficios hacia los más necesitados.
En NEA HOY dialogamos sobre esto con Soledad Balan, ex candidata a intendenta de la ciudad de Posadas y actual responsable del EPRAC, quien cuenta con un amplio historial de militancia en barrios populares tanto desde organizaciones sociales como políticas.
La primera política social
Soledad Balan reivindica el FISU afirmando que es una política fundamental, ya que se trata de “un fondo donde la traducción era directa a la reivindicación de muchísimos derechos que están vulnerados, en obras que le permiten acceder al agua potable, a la energía eléctrica, a espacios públicos de calidad y calles transitables para los vecinos y las vecinas de barrios populares”.
Además, Balan pondera el trabajo que llevaron adelante las organizaciones sociales, coordinando relevamientos y planificando acciones, para la concreción de los proyectos que hicieron posible la existencia y ejecución del FISU.
Según remarca, ésta política “fue producto del trabajo de un montón de organizaciones que hicimos el relevamiento, que elaboramos la ley, y que ahora viene un gobierno para sacarlo de una manera denigrante, que habla de un exterminio de un montón de cosas que habíamos logrado consolidar”.
Para la representante del EPRAC, este recorte adquiere gravedad si se piensa en la situación argentina. “Hoy estamos llegando casi al 60% de situación de pobreza, hay 27 millones de argentinos que están deambulando por el país en situación de pobreza, de los cuales 7 millones no tiene ni un plato de comida ni un techo donde dormir y donde habitar”, aseguró.
Antes de estar al frente del EPRAC, a Soledad Balán le tocó llevar adelante y acompañar obras realizadas con fondos del FISU en barrios como las ejecutadas en el Barrio Manantial en la Chacra 252 de la ciudad de Posadas. Allí, vio de primera mano cómo éste fondo es utilizado para mejorar la calidad de vida de las familias que viven en barrios populares, como también pasó en otros barrios de la capital, de Puerto Libertad, de San Pedro y otras localidades de la provincia.
Y explicó que “en ésta época, una política de las que más se necesitan, que sacaba a los que más tienen para dar a los que menos tienen, se viene a recortar por un gobierno que está en el sentido diametralmente opuesto, que está sacándole a los que menos tienen para dárselo a los que más tienen”.
Lo simbólico
El recorte al Fondo de Integración Socio Urbana estuvo acompañado de una operación de desprestigio, que afectó al FISU en general y a Fernanda Miño en particular (funcionaria al frente del fondo) siendo acusada mediáticamente de mal manejo de fondos públicos.
Estas acusaciones fue desmentida, no solo por las auditorías del Banco Internacional de Desarrollo sino también por el funcionario que el propio Javier Milei puso a cargo para reemplazar a Miño, Sebastián Pareja, quien confirmó que el FISU había ejecutado el 80% de las obras planificadas y que “fue una de las pocas secretarías que funcionó en los últimos 4 años”.
A Soledad Balán le parece muy simbólico que un gobierno que se anuncia como la solución a la corrupción estatal y promotor de la eficiencia en el gasto público, recorte a una de las secretarías más auditadas y eficientes del estado.
Además, le parece “cínico que ataquen a la única funcionaria del ejecutivo nacional en muchos años que viene de vivir en una villa y que hace políticas para una villa, una de las políticas más auditadas internamente y externamente, y que al día de hoy, terminando su gestión ella sigue viviendo en una villa de San Isidro”.
La funcionaria vincula ésta campaña de desprestigio con la forma en que se instigó en medios y redes sociales a organismos como el CONICET, el INADI o el Ministerio de la Mujer, como una forma de justificar despidos y recortes de presupuesto.
“La verdad, esto nos lleva a preguntarnos para quién gobierna éste gobierno, y mi pensamiento es que efectivamente gobierna para unos pocos”, se cuestionó.
Planificando la miseria
Soledad Balán reitera que el cierre o desfinanciamiento del Fondo de Integración Socio Urbana “le va a negar el derecho a miles de familias, recordemos que hoy uno de cada diez argentinos vive en un barrio popular”.
Por eso llama a salir y “poner el cuerpo” para defender las políticas que el gobierno nacional desprestigia para luego recortar. “Ahora es el momento de defender no solamente el financiamiento, sino defender las políticas y derechos que nos costaron mucho obtener, y estoy hablando de género, estoy hablando de pobreza, de integración socio urbana”.
Y termina afirmando: “Yo quiero que a la Argentina le vaya bien, pero me parece que para que al país le vaya bien, éste proyecto político no tiene que estar bien, porque es un proyecto que está planificando pobreza, que está planificando miseria”.
ADEMÁS EN NEA HOY:
Ajuste a las provincias: el Gobierno recortó 88% en febrero y suma una deuda de $101.000 millones.
Javier Milei busca aprobar una nueva versión de la Ley Ómnibus: los cambios al proyecto.
