Las delegaciones de Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay llegaron a un acuerdo por la Hidrovía en la Reunión Especial del Comité Intergubernamental (CIH) y resolvieron que nuestro país seguirá cobrando peajes en la autopista fluvial hasta tanto se determine el costo definitivo de la tasa.
De esta manera, hasta que se establezca el nuevo valor, el peaje se seguirá cobrando de acuerdo a la tarifa vigente sin modificaciones. Argentina ofreció una mesa técnica para evaluar las obras sobre las que se pondrá la atención ahora y, si corresponde, redefinir el monto del peaje.
También se propuso iniciar discusiones técnicas en el CIH sobre la tasa del peaje establecido y, de llegar a un acuerdo en los próximos 60 días, los montos percibidos se volverán a facturar según la nueva tasa, en caso de que se modifique.
La delegación argentina se comprometió a evitar embargos e interdicciones de las embarcaciones de los países signatarios, por un plazo de 60 días corridos, y también a no realizar nuevas presentaciones a la Justicia para el cobro judicial de montos de tasa de peaje mientras el tema esté en análisis y evaluación en la CIH.
Después de la reunión especial, que se llevó a cabo en la Embajada de Brasil en Buenos Aires, todos los países firmaron el acta convocando a conformar la comisión de expertos. Participaron las delegaciones de los cinco países que componen el CIH (Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia, Uruguay) en formato presencial y virtual.
¿Cómo se generó el conflicto por la Hidrovía y el peaje?
El canciller argentino Santiago Cafiero explicó este miércoles en el Senado que el conflicto por el peaje se inició cuando las autoridades de la Administración General de Puertos, que depende del Ministerio de Transporte, relevaron las obras que se hacían desde Sante Fe hacia el norte para mejorar la navegabilidad y descubrieron que a partir de 2010 se estableció el cobro de un peaje para obras de la hidrovía, pero nunca se definió el monto.
“Se le puso un monto acorde para que los argentinos no paguen con sus impuestos el transporte fluvial de empresas privadas que viajan por la hidrovía”, señaló el canciller y aclaró que no hay discriminación a Paraguay ni se vulnera el tratado de Santa Cruz de la Sierra, “porque no se impide la navegabilidad de los ríos”.
“Es la tasa de un servicio que hay que pagar para hacer obras y poder garantizar la navegabilidad”, aclaró Cafiero. “Los valores no son tan significativos para el Estado, pero son aproximadamente 26 millones de dólares anuales que ese tramo representa, pero no era justo que lo paguen todos, sino que lo paguen quienes lo usan. Se puso un valor que no excede ese monto”.
Fuente: Letra P y El Parlamentario
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