“Producto de las derivas del veneno en el aire, Santiago Nicolás Arévalo desarrolló un cáncer de pulmón que le ocasionó la muerte”, ratificó el informe judicial por el que días atrás el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes dejó firme la condena al empresario hortícola Nicolás Prietto por uso indebido de agrotóxicos en Lavalle, Corrientes.
El caso sucedió entre fines de marzo e inicios de abril del 2011, en Puerto Viejo, localidad de Lavalle. El niño se encontraba jugando con su prima en el patio de la casa, a pocos metros del cerco de la finca que le pertenece al productor de tomates.
En diálogo con la familia de Nicolás Arévalo, NEA HOY supo que esa misma tarde comenzó a desarrollar síntomas de intoxicación y en menos de cinco días, con tan solo cuatro años de edad, falleció. Además, su prima, Celeste Estévez, de siete años, sufrió lesiones graves.
“Donde hay producciones se fumiga tres veces a la semana, pero cuando empieza la temporada de la plantación se fumiga casi todos los días”, se aseguró.
“Estaban jugando a 15 metros de la finca, después se descompusieron pero nadie pensó que había sido el veneno que les hizo mal. Al día siguiente, mandaron a Nicolás a comprar al kiosco y en el camino pisó un charco que contenía desechos del veneno volcados por los mismos dueños de las plantaciones”, contó Josefina Arévalo, tía y madrina de Nicolás.
La madrina de Nicolás recordó que, en el periodo en que el niño empezó a desarrollar síntomas de intoxicación, lo llevaron al hospital de la zona y les dijeron que él y su prima “tenían frío” y que con abrigarse solucionarían el problema.
Algunas horas después lo ingresaron al hospital de Goya, donde le diagnosticaron muerte cerebral y fue derivado al Hospital Pediátrico Juan Pablo II, de la capital correntina.
“Cuando llegó al hospital pediátrico los médicos denunciaron a la mamá de Nicolás por la intoxicación que tenía. Querían saber qué le había dado ella para que estuviera así. Fue muy complicado porque no entendíamos lo que estaba pasando y su mamá estaba traumada”, agregó.
La situación de la familia cambió cuando, en pleno velorio del niño de Lavalle, un vecino les informó que sus animales habían muerto por beber agua de charcos cercanos a la finca del productor tomatero.
Según el informe judicial, el condenado utilizó órgano clorado Alpha-Endosulfan, “un agrotóxico que se encontraba en el barro de la zanja”
Antes de eso, las autoridades sanitarias del municipio habían dicho que la familia padecía una hepatitis fulminante, aunque sin realizar los chequeos correspondientes.
Una situación que no se modificó
La tía y madrina de Nicolás Arévalo denunció, durante la entrevista con NEA HOY, que aún sigue teniendo miedo por las cosas que siguen pasando.
“Esto no cambió y no va a cambiar, porque el poderoso, por más de que se lo inculpe y se lo demuestre mil veces, va a seguir haciendo lo que quiere. Aunque le confirmaron la sentencia, el tipo va a salir en libertad en cuatro o cinco meses”, reclamó.
En la misma línea, se quejó de que no haya alcanzado la muerte de Nicolás y de otro niño que falleció al año siguiente (José Carlos Rivero, de la misma edad de Nicolás), para lograr una legislación que prohíba el uso de agrotóxicos en la zona.
Josefina Arévalo dijo, además, que en la finca de Prietto las cosas no cambiaron: “Siguen trabajando igual, haciendo las mismas cosas. Ahora, un poco más distanciados de los vecinos”.
Por otro lado, criticó que las autoridades municipales y provinciales, así como los referentes del Poder Judicial, no se acerquen a constatar que las prácticas de este tipo no se realizan más.
“Acá nunca se hizo el control sanitario para probar el tema de la contaminación. Ningún médico vino a realizar chequeos para comprobar si una persona está envenenada, porque no quiere arriesgarse a perder su matrícula”.
El caso de Carlos Rivero
Al año siguiente de lo sucedido con Nicolás, otro niño de cuatro años, José Carlos Rivero, murió envenenado por el uso de agrotóxicos, que se utilizaba en la finca de al lado de su casa.
El acusado por la muerte del niño es Oscar Antonio Candussi, dueño de la empresa, quien está procesado por homicidio culposo.
Desde entonces, su familia no obtuvo justicia por la muerte de “Kily”, como lo conocían. Además, la familia tuvo que lamentar en 2021 la muerte de otra de sus integrantes; Antonella de 16 años, hermana de Kily, quien falleció a causa de un cáncer (otra enfermedad vinculada al modelo de agronegocios).
Vale acotar que en 2018 la Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN) dictó una resolución en la que recomendaba el control del uso de agrotóxicos y un camino imprescindible hacia la agroecología en esta región provincial.
Un año después, en noviembre de 2019, los funcionarios de la DPN viajaron a la provincia y recorrieron el pueblo de Lavalle y las tomateras.
Tras este paso, luego de documentar innumerables situaciones de riesgo concreto para la salud y el ambiente, elaboraron un informe en el que se lee que las autoridades municipales reconocieron que se continúan utilizando pesticidas prohibidos. Por ejemplo, el endosulfán, prohibido seis años antes.
Desde distintas asociaciones como Guardianes del Y’verá y Correntinos contra el Cambio Climático, y familias que fueron víctimas del uso indebido de agrotóxicos, sobre todo en zonas rurales de Corrientes, reclaman que se elabore una norma que prohíba su utilización en zonas donde habitan personas y animales.
Si bien la confirmación de la condena al empresario de Lavalle, por parte del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, podría sentar precedentes en otros casos similares, muchas de las personas afectadas, como la familia de Nicolás Arévalo, piensan que el problema no se solucionará hasta que exista una sanción más severa.
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