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Jueves 18 de abril de 2024
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Juicio político a los supremos ¿Cuáles son las principales acusaciones que se mencionaron en la comisión legislativa?

Los miembros de la Corte están siendo procesados en un juicio político por causas que incluyen delitos en el ejercicio e intromisiones en funciones de los poderes ejecutivos y legislativos.

Los miembros de la Corte están siendo procesados en un juicio político por causas que incluyen delitos en el ejercicio e intromisiones en funciones de los poderes ejecutivos y legislativos.

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Entre todas las urgencias que azotan la agenda política y mediática, es muy fácil olvidar que la Corte Suprema de Justicia, aquella que se encuentra decidiendo entre la constitucionalidad o no de los sistemas electorales provinciales, está hoy atravesando un juicio político por mal desempeño en sus funciones, delitos en el ejercicio de la función y crímenes comunes.

El Juicio Político es una herramienta prevista en la Constitución Nacional para asegurar el equilibrio entre los distintos poderes del Estado. En este caso, desde Casa Rosada y con la participación de varios gobernadores se elaboró un escrito que fundamenta el juicio a los miembros de la Corte y es la comisión específica del poder legislativo la que deberá analizar las pruebas y testimonios.

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Las causas que del juicio político contra los jueces de la corte Horacio Rosatti Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti  en este caso son cuatro: la declaración de inconstitucionalidad de la Ley del Consejo de la Magistratura y la reposición de una ley derogada; el fallo sobre coparticipación en favor de CABA;  el fallo que benefició con el 2×1 a los condenados por delitos de lesa humanidad y el vaciamiento de la Obra Social de los Judiciales.

Asimismo, en las audiencias de la comisión se mencionaron otros episodios que hablan de absolutas irregularidades en el ejercicio del poder de los supremos.

Consejo de la Magistratura

El Consejo de la Magistratura es el órgano creado con la reforma constitucional de 1994 para dar transparencia en la designación de jueces de primera y segunda instancia. En la Constitución se establece que el Congreso, a través de una ley votada por mayoría simple, debe establecer la conformación de éste órgano para que se establezca de manera equilibrada entre jueces, abogados y académicos.

La conformación del Consejo de la Magistratura fue modificada varias veces, siempre fruto de una ley aprobada por el Congreso. Primero tuvo 19 miembros, luego se sancionó una ley que le asignaba 20, que incorporaba al Presidente de la Corte como Presidente del Consejo, y finalmente el congreso acordó sancionar una ley para reducir sus miembros a 13, dejando afuera al Presidente de la Corte.

El Congreso, sin embargo, no se ponía de acuerdo para asignar varios de sus miembros, y Horacio Rosatti, el actual Presidente de la Corte Suprema, aprovechó este desacuerdo para recuperar su rol como presidente de la Magistratura. Para esto, derogó la Ley que aprobó el Congreso y puso en vigencia la ley anterior, que el máximo órgano legislativo había derogado.

Esto es visto como una intromisión inconstitucional del Poder Judicial sobre una decisión que atañe al poder legislativo. Por ello se lo acusa a Horacio Rosatti de incurrir en prácticas inconstitucionales con motivos de acumulación de poder personal.

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La coparticipación de CABA

Otra de las causas involucradas en el juicio a la Corte Suprema, y que sirvió también como desencadenante de la discusión sobre la intromisión del poder judicial sobre el resto de poderes, es el fallo que obliga al poder ejecutivo nacional a devolver a CABA el porcentaje de coparticipación que durante la pandemia se había trasladado a la provincia de Buenos Aires.

El origen del conflicto surge cuando en el 2016, para beneficiar a su socio partidario y jefe de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodrígues Larreta, Mauricio Macri eleva la masa de impuestos coparticipables que Nación le debe transferir a CABA del 1,4 por ciento al 3,75 por ciento.

En la pandemia, durante el conflicto de la policía bonaerense, el Presidente Alberto Fernández resolvió devolver este porcentaje aumentado a la provincia de Buenos Aires para poder financiar los reclamos de la fuerza.

En diciembre del año pasado, un fallo firmado por los cuatro miembros de la Corte exigió a la Nación retribuir a CABA estos fondos coparticipables que habían sido arbitrariamente asignados por Mauricio Macri. Esta intromisión se leyó además como una muestra de la connivencia entre el poder judicial y Cambiemos.

Desfalco en la obra social

En un caso que involucra más que nada al juez Maqueda, se investiga el posible usufructo de fondos y desfalco en la obra social del Poder Judicial. En el marco del juicio político a la Corte Suprema de Justicia, se han llevado a cabo diversas rondas de testimonios sobre presuntas irregularidades en la obra social.

Según algunos testimonios, la situación de la obra social ha sido crítica y opaca en los últimos años. Además, se han denunciado amenazas y seguimientos a quienes han investigado la obra social.

La denuncia por malversación en la obra social del Poder Judicial de Argentina se originó en septiembre de 2021, cuando la Policía Federal realizó allanamientos en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación a raíz de una denuncia por presunta malversación. Desde entonces, se han llevado a cabo diversas investigaciones y rondas de testimonios sobre presuntas irregularidades en la obra social. 

El regreso del 2×1

La Ley 24.390, famosamente denominada 2×1, tuvo vigencia en Argentina entre 1994 y el 2001. En principio, esta ley se fundamentaba para reducir la población carcelaria, compuesta en gran parte por personas con prisión preventiva y sin condena firme. La Ley establecía que, pasado los dos años de prisión preventiva sin condena, se debían computar dobles los días de detención.

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La Corte Suprema brindó al torturador Luis Muiña el beneficio de la Ley 2×1, derogada en el 2001.

El problema es que, como se vio, en la práctica la Ley estaba siendo utilizada para beneficiar y reducir las condenas a acusados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, por la que muchos organismos de derechos humanos se opusieron hasta que finalmente fue derogada en el 2001

Sin embargo, el 3 de mayo del 2017, después de 16 años de ser derogada, la Corte volvió a declararle aplicable para otorgarle ese beneficio a Luis Muiña, detenido en 2007 y condenado en 2011 a 13 años de prisión por haber participado de un grupo paramilitar que torturó a personas en 1976 durante los primeros años de la dictadura.

Ante el escándalo, ese mismo 12 de mayo el Congreso volvió a establecer la inaplicabilidad de la ley a delitos de lesa humanidad, esperando que la corte emita un nuevo fallo aplicable en casos en curso. La ausencia del mismo vuelve a verse como una intromisión del poder judicial sobre el legislativo, en éste caso para beneficiar a quienes ejercieron delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar.

Comisión

La semana que viene se vuelve a reunir la comisión de juicio político a los supremos. Entre los múltiples testigos se escuchó al exadministrador de la Corte Suprema, Héctor Marchi, que habló sobre los desmanejos de la obra social. Yo he sufrido seguimientos, hay amenazas contra funcionarios que han colaborado conmigo. Son cosas que generan presión pero no me impiden venir y contar la verdad”, dijo. 

Marchi elaboró cuatro informes  en 2021 y 2022 en los que dio cuenta de numerosas irregularidades en la obra social, tras lo cual fue desplazado de su cargo. En estos, dijo, se detallaron distintas irregularidades: ausencia de balances contables, inexistencia de presupuestos oficiales, un vulnerable sistema informático, inexistencia de cualquier tipo de auditorías sobre proveedores, faltantes de medicamentos y pérdidas millonarias.

Asimismo, acusó que el colaborador de Rosatti, Silvio Robles, “ocultó esos informes”. Robles, fue mencionado en supuestos chats en los que habló con el exministro porteño,  Marcelo D’Alessandro, en los que el primero sugería la postura a tomar para que el segundo (mejor dicho la gestión de Larreta) pudiera reclamar por el punto de coparticipación que se le fue restituido por la Corte, tema mencionado mas arriba.

Esta causa fue archivada por el Fiscal Carlos Stornelli, quien también fue llamado para que declare en la comisión, algo que el funcionario buscó hacer por escrito, evitando presentarse.

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