Cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Desaparición Forzada. La fecha tiene como objetivo llamar a la conciencia mundial sobre la práctica de la desaparición forzada por parte de los Estados. Es una modalidad que está catalogada como crimen de lesa humanidad por la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas (ONU).
En Argentina, esta conmemoración fue adoptada por la ley 26.298 en 2007, en la que el país también se adhirió a la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
En la legislación mencionada, se remarca: “Se entiende por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
La última dictadura militar generó más de 30.000 desaparecidos cuyos restos no fueron encontrados debido a que el Gobierno de facto de ese momento utilizó todo tipo de modalidades para desaparecer y asesinar a jóvenes militantes, docentes, familias enteras que se levantaron contra el régimen militar y el modelo de gobierno neoliberal de la época o bien que no tenían ningún tipo de militancia política.
Juicios de Lesa Humanidad
De acuerdo a un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, fueron condenadas 1.070 personas y 161 resultaron absueltas en 278 sentencias dictadas por tribunales de todo el país desde 2006, año en que se realizaron los primeros juicios tras la reapertura de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado.
Además, hay 516 procesados y procesadas en las causas en trámite. Estas causas tienen diferente estado: 20 están en juicio oral, 64 están elevadas a juicio a la espera del inicio del debate y 272 en instrucción. También son 750 los condenados detenidos y 21 las personas que permanecen prófugas en diferentes causas.
En el NEA, hasta el momento se llevaron adelante más de cinco juicios por lesa humanidad. Entre los delitos que se juzgaron se encuentra el de la desaparición forzada y asesinato de militantes sociales, mujeres y apropiación ilegal de niños y niñas.
Los casos juzgados en el NEA
Tanto en Misiones como en Chaco, Corrientes y Formosa, desde 2006 en adelante, se desarrollaron juicios por Lesa Humanidad. Uno de los más resonantes fueron las causas Caballero I y II, en las que más de 20 ex militares y policías fueron juzgados y condenados por cometer crímenes de lesa humanidad en la ex Brigada de Investigaciones de Resistencia, donde también estuvieron detenidas las víctimas de la Masacre de Margarita Belén.
Asimismo, este año el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia condenó a nueve ex militares y ex policías por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Brigada de Investigaciones de la Policía de Chaco y la Alcaidía policial entre 1974 y 1979 contra cinco personas, de las cuales dos eran conscriptos y fueron secuestrados mientras hacían el servicio militar obligatorio en el Regimiento de La Liguria.
Por otra parte, este año el Tribunal Oral Federal de Formosa condenó a dos exjueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de esa provincia durante la dictadura militar. Los dos recibieron penas como coautores de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento de los secuestros, torturas y desaparición forzada de siete empleados y empleadas judiciales.
En tanto que, desde 2019, el Juzgado Federal Nº1 de Corrientes lleva adelante el décimo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Corrientes durante la última dictadura. Se lo conoce como la “Séptima Brigada”, y se juzgan a 14 integrantes de las fuerzas de Seguridad y el Ejército, oficiales y suboficiales, por delitos cometidos en perjuicio de más de 60 víctimas.
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