El ex presidente de Perú Alberto Fujimori, quien gobernara el país desde 1990 hasta el año 2000, se encuentra en el banquillo de acusados del juicio por las esterilizaciones forzadas realizadas durante su mandato.
El ex mandatario ya fue sentenciado por varios crímenes durante su gobierno, entre los que se incluyen una condena a 25 años por dos matanzas y dos secuestros -del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer Ampudia– y a otros 8 años por corrupción.
El sábado, después de casi tres meses de audiencia maratónica, la Justicia decidirá si a estas sentencias se le sumará su participación en el llamado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, impulsado por su gobierno entre 1996 y 2000.
El programa que derivó en esterilizaciones forzadas
Se estima que mientras duró el programa fueron sometidas más de 300.000 peruanas y 22.000 peruanos a esterilizaciones forzadas. En la mayoría de los casos, los procedimientos fueron realizados sin preparación y sin cuidados postoperatorios, teniendo como resultado por lo menos 5 mujeres muertas.
El plan, lanzado durante el gobierno de Fujimori, se anunció como un método para atacar la pobreza. En la práctica, se volvió un programa de control de la natalidad con matices clasistas y discriminatorios que culpabilizaba a las mujeres pobres por la pobreza del país.
Según un documento firmado por el exministro Costa, el Gobierno planeaba realizar 150.000 ligaduras de trompas solo en 1997. Para lograrlo, coaccionaba al personal de salud a cumplir con los objetivos de las postas sanitarias para cumplir las metas.
Trabajando bajo presión, el personal de salud insistía a las mujeres pobres que llegaban a las postas para vacunarse o recibir asesoramiento sobre algún otro tratamiento. Muchas de las mujeres eran quechuas y tenían dificultades para hablar el español, sin embargo, los consentimientos que se les hacía firmar eran en castellano.
Temerosos por no llegar a las metas, en algunos barrios se realizaban operativos para captar más mujeres. Ofreciendo alimentos, vitaminas y medicinas, se las atraía a los centros de salud, donde se las encerraba y obligaba a ser sometidas al procedimiento.
Una investigación y recabación de testimonios de Amnistía Internacional enumera distintos métodos de hostigamiento, amenazas y chantajes utilizados para obligar a las mujeres en situación de vulnerabilidad a someterse a esterilizaciones forzadas.
HACE MINUTOS | Keiko Fujimori sobre caso esterilizaciones forzadas: Somos respetuosos de las decisiones que tome el sistema de justicia, ya sea el Ministerio Público o el Poder Judicial, y de acuerdo a eso actuaremos ► https://t.co/nCssbEp1yR pic.twitter.com/71nfyp0yrm
— Canal N (@canalN_) May 14, 2021
A las madres se les amenazaban con no inscribir a sus hijos en el registro, mientras que a las embarazadas se les amenazaba con realizar un aborto si no firmaban el consentimiento para ser esterilizadas después del parto.
En los operativos, en ocasiones utilizaban ambulancias para recolectar a las mujeres y se las amenazaba con volver con la policía si se negaban. Algunos testimonios también afirman que se les pagaba a los maridos para que firmaran una autorización para que la mujer sea sometida a una esterilización “voluntaria”.
El juicio
El Comité Latinoamericano y del Caribe de los Derechos de la Mujer (Cladem) concluyó que sólo el 10% de las mujeres que fueron esterilizadas en aquel periodo dieron su “consentimiento genuino“.
Oficialmente, el Gobierno del Perú reconoció las vulneraciones que el programa ocacionó a los derechos de la mujer en varias ocasiones, durante la gestión de Alan García y nuevamente con Ollanta Humala en el poder, quien aprobó la creación del Registro de Víctimas de Esterilización Forzada.
Sin embargo, en todas las oportunidades los reconocimientos fueron desdichos por una nueva gestión, mientras que a Alberto Fujimori se los absolvió de cualquier responsabilidad. Veinte años después de estos delitos, el fiscal Pablo Espinoza presentó los cargos de manera virtual, con traducción al quechua, acompañado de los testimonios de 1300 personas.
Además de Fujimori, también son juzgados los exministros de Salud Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga, quien actualmente es congresista del partido fujimorista Fuerza Popular.
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