El mes de julio inició con la oposición brasileña presentando 123 solicitudes de juicio político a Jair Bolsonaro por su gestión de la pandemia del COVID-19. Este pedido está vinculado al documento elevado a finales de junio en el que se acusa al mandatario de 23 delitos por los que podría ser destituido.
Estos documentos están apoyados por 11 partidos políticos y decenas de organizaciones civiles y sindicales que culpan al Presidente brasileño por las más de 500 mil muertes ocurridas durante la pandemia.
Las denuncias fueron elevadas a la Comisión Parlamentaria de Investigación, creada hace dos meses para investigar posibles omisiones del Gobierno en la gestión de la pandemia.
Deputados de oposição apresentaram pedido de impeachment que reúne argumentos de outros já existentes na Câmara. Aliados afirmam que Bolsonaro é vítima de narrativas falsas. https://t.co/nZQUBKVkes
— Câmara dos Deputados (@camaradeputados) June 30, 2021
Entre las acusaciones figura el caso de un contrato para la importación de 20 millones de dosis de la vacuna Covaxin, de la farmacéutica india Bharat Biotech. El convenio estipulaba la adquisición de estas dosis a un precio de 320 millones de dólares, lo que supondría un incremento de hasta el 1000% del precio real.
Ricardo Miranda, Jefe de Importaciones del Ministerio de Salud, había asegurado ante la CPI haber enfrentado presiones atípicas para autorizar y acelerar la compra de las dosis, mientras que su hermano, el Diputado oficialista Luis Miranda, afirmó haberle comunicado personalmente al Presidente sobre las incoherencias del convenio, lo que podría implicar a Bolsonaro por prevaricación.
Al escándalo de Covaxin le sigue el de la denuncia de la empresa estadounidense Davati, dedicada a insumos médicos, que acusó a un Director de logística del Ministerio de Salud por pedirle un dólar de coima por cada vacuna AstraZeneca que fuera ofrecida de forma tercerizada.
Protestas sociales
Miles de brasileños volvieron a protestar este sábado en las calles para exigir la destitución del Presidente Jair Bolsonaro, con la novedad de la apertura de la investigación que ordenó la Corte Suprema de Justicia por su gestión de la pandemia.
Ya no es solo la oposición la que se enfurece con los constantes comentarios del líder brasilero en su gestión de la pandemia. Las encuestas reflejan el desgaste de su mandato. Un sondeo del Instituto IPEC indica que el líder habría perdido una tercera parte de sus votantes de 2018 y apunta a que tan solo cuenta con una intención de voto del 23% para su reelección, cuando en 2018 fue elegido con el 55% de los votos.
Además de apoyar la destitución de Bolsonaro, los manifestantes salieron a exigir más vacunas, la reintroducción de las ayudas de emergencia de 600 reales y denunciar la participación del Gobierno en la deforestación de la Amazonia.
Rio de Janeiro
Brazilians clear and loud:
Bolsonaro & Co. OUT !!!#3JForaBolsonaro pic.twitter.com/bgS4JL87cf— Imediata (@agimediata) July 3, 2021
Freno al impeachment
El Presidente de la Cámara de Diputados Arthur Lira le puso un freno al pedido de destitución. Lira afirmó que abrir el proceso de destitución provocaría un freno de entre seis meses y un año en la actividad económica.
Brasil tuvo dos presidentes elegidos que cayeron por procesos de juicio político desde el fin de la dictadura en 1985. Estos fueron Fernando Collor de Mello en 1991 y Dilma Rousseff en 2016. Los analistas ven improbable que esto se repita con Bolsonaro porque, a pesar de su impopularidad, sigue teniendo el apoyo de un heterogéneo bloque de diputados conservadores.
Si el pedido de destitución es aceptado, la denuncia será tratada por una comisión y luego por el pleno de diputados, que deberá tener al menos el voto de 342 de los 513 votos para elevar el proceso al Senado, que debe votar si destituye o no al Jefe de Estado.
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