El sistema de prestaciones para personas con discapacidad vuelve a quedar en el centro de la escena. Mientras el Gobierno de Javier Milei oficializó esta semana una actualización del 2,10% en los aranceles, prestadores de distintas partes del país denuncian que la cadena de pagos se encuentra paralizada y que algunos profesionales todavía no cobraron servicios realizados desde mayo.
La situación fue expuesta en los últimos días por profesionales, centros de día, transportistas y otros trabajadores vinculados al sistema. Según las organizaciones del sector, existen prestaciones correspondientes a mayo y junio que continúan impagas, pese a que los servicios fueron realizados y facturados.
La Asociación de Prestadores de Discapacidad (Aspredis) denunció un “corte total de la cadena de pagos” y aseguró que la problemática afecta a trabajadores de distintos puntos del país. La entidad estimó que en esa ciudad son más de 700 los prestadores afectados.
El reclamo apunta directamente al funcionamiento del circuito de financiamiento. Los prestadores sostienen que los fondos que deben atravesar el sistema de obras sociales y organismos nacionales no están llegando con normalidad y reclaman al Gobierno una explicación sobre cuándo se regularizarán los pagos.
La situación genera preocupación porque, si los atrasos continúan, podría afectar la continuidad de tratamientos destinados a personas con discapacidad. En distintas provincias ya se evalúan medidas de fuerza y suspensión de prestaciones ante la falta de respuestas.
Un aumento que no cuadra
En medio de este escenario, el Gobierno nacional publicó el 24 de agosto la Resolución 2775/2026, mediante la cual estableció una actualización del 2,10% para los aranceles correspondientes a agosto.
La propia resolución establece que el incremento fue calculado sobre la variación del IPC de julio de 2026 y que se aplicaría sin diferencias según el tipo de prestación. También mantiene un adicional del 20% para las prestaciones realizadas en provincias de la zona patagónica.
Sin embargo, el anuncio de una actualización no resuelve el principal reclamo de los prestadores: cobrar por el trabajo que ya realizaron.
La diferencia entre el valor de los aranceles y los tiempos efectivos de pago se convirtió así en uno de los principales puntos de tensión. Mientras Nación sostiene un esquema de actualización mensual, profesionales y centros advierten que los atrasos ponen en riesgo la sustentabilidad de quienes sostienen diariamente las prestaciones.
Un conflicto que vuelve al Congreso
La crisis se desarrolla además mientras el Congreso discute nuevamente la Emergencia en Discapacidad.
El miércoles, distintos bloques opositores reunieron 133 votos para intentar incorporar al debate la prórroga de la emergencia, pero no alcanzaron la mayoría especial requerida para apartarse del reglamento. Hubo 107 votos en contra y 11 abstenciones.
Tras esa votación, la oposición anunció una sesión especial para el 9 de septiembre, en la que buscará volver a tratar la emergencia y otros proyectos.
En paralelo, este jueves la Cámara de Diputados bonaerense sancionó la adhesión de la provincia a la Ley 24.901, que establece el Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, y a la Ley 26.816, sobre empleo protegido para personas con discapacidad, en una señal de avance provincial mientras persisten los reclamos por el funcionamiento del sistema a nivel nacional.
Los prestadores, mientras tanto, advierten que si los pagos no se regularizan podrían avanzar con medidas de fuerza y suspensión de prestaciones, poniendo nuevamente en primer plano el impacto que la crisis de financiamiento puede tener sobre las personas con discapacidad y sus familias.
Fuente: Asprendis, Chaco Día por Día
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