La Defensoría del Pueblo de Formosa, junto con su par de Santiago del Estero, declaró de Interés Institucional prioritario y de urgente atención la problemática del sobreendeudamiento y la morosidad de personas y familias.
Según el organismo, la desregulación de las tasas de interés, la pérdida del poder adquisitivo y el aumento de alimentos, medicamentos, alquileres y servicios públicos llevaron a que 2,5 millones de hogares se encuentren endeudados, el valor más alto de los últimos 10 años. Además, señaló que el 92,3% de los hogares argentinos registra algún tipo de deuda.
El defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, señaló que se exhortó al Banco Central (BCRA) a establecer un Programa Extraordinario de Alivio y Reestructuración de Deudas de Consumo para personas humanas. La propuesta alcanzaría a tarjetas de crédito, préstamos personales y financiaciones otorgadas por proveedores no financieros alcanzados por su regulación.

El programa debería contar con una adhesión voluntaria, simple, gratuita y accesible, priorizando a jubilados y pensionados de haberes mínimos, beneficiarios de prestaciones sociales, personas con discapacidad, hogares monomarentales, trabajadores de bajos ingresos, monotributistas de categorías inferiores y desempleados.
Entre las medidas solicitadas se encuentran la reestructuración de saldos, plazos suficientes y cuotas compatibles con la capacidad real de pago, preservando el mínimo vital. También se pidió una tasa fija o previsible sustancialmente reducida, un tope al Costo Financiero Total y la prohibición de cargos que desnaturalicen el beneficio.
La Defensoría reclamó además períodos de gracia, reducción o condonación de intereses punitorios y la prohibición de su capitalización. También pidió evitar refinanciaciones automáticas no consentidas, garantizar la cancelación anticipada sin penalidad y entregar una liquidación completa de cada deuda.

El pedido contempla deudas vinculadas a tarjetas de crédito, préstamos personales y financiaciones otorgadas por proveedores no financieros. Foto: archivo
Piden un “Protocolo de Cobranza Digna”
Por otra parte, se solicitó al BCRA y al Ministerio de Economía la creación y fiscalización de un “Protocolo de Cobranza Digna” que prohíba el hostigamiento, las amenazas y la exposición de las deudas ante familiares, empleadores o terceros.
La propuesta también busca limitar los contactos en horarios irrazonables o con frecuencia abusiva y evitar documentos con apariencia judicial o información falsa sobre embargos, delitos o consecuencias legales. Además, se pidió identificar claramente al acreedor, al gestor y la composición actualizada de la deuda.
Finalmente, la Defensoría instó al Congreso de la Nación a tratar un régimen integral de prevención y saneamiento del sobreendeudamiento de consumidores de buena fe. Gialluca señaló además que el impacto alcanza especialmente a adultos mayores y mujeres: indicó que la brecha salarial de género creció 6,4 puntos en hogares con jefatura femenina, mientras que los hogares con jefaturas de 66 años o más aumentaron un 7,1% desde 2023.
Fuente: Defensoría del Pueblo de Formosa
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