Las transferencias automáticas de recursos nacionales hacia las provincias volvieron a mostrar signos de deterioro durante junio. Según un informe privado, los envíos registraron una caída real interanual del -4,1%, mientras que el primer semestre cerró con un retroceso acumulado del -2,8%, profundizando la tensión sobre las finanzas de los gobiernos provinciales. La coparticipación tuvo una preocupante caída mensual del -29,9%.
El escenario refleja una menor disponibilidad de recursos para afrontar gastos esenciales como salarios docentes, personal de salud, fuerzas de seguridad y sistemas previsionales provinciales, áreas que concentran la mayor parte del presupuesto de las administraciones subnacionales.
Ver esta publicación en Instagram
La caída de la recaudación explica el retroceso
El principal factor detrás de la disminución de las transferencias fue el fuerte descenso de la recaudación de los impuestos vinculados al consumo y a la actividad económica. La Coparticipación Federal registró una baja real del –8,4% interanual durante junio, impulsada principalmente por el desplome de dos de los tributos más importantes. La baja más preocupante, no obstante, se dio a nivel mensual con 29,9%.
Por un lado, el Impuesto a las Ganancias sufrió una caída real del –14,2%, reduciendo significativamente los recursos distribuidos entre las provincias. Por otro, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) retrocedió –4,1%, reflejando el menor nivel de consumo y el enfriamiento de la actividad económica.
A este escenario se sumó la fuerte baja de los Impuestos Internos, que descendieron –19,7% interanual, mientras que el resto de los tributos coparticipados registró una disminución del –3,7%.
Las 24 provincias recibieron menos recursos
La retracción de las transferencias no hizo distinciones: las 24 jurisdicciones del país registraron caídas reales interanuales en junio, consolidando un escenario de menor disponibilidad de fondos para sostener el funcionamiento del Estado.
La situación adquiere mayor relevancia si se considera la estructura del gasto provincial. De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre el 70% y el 80% del presupuesto de las provincias se destina a servicios sociales esenciales, como el pago de jubilaciones provinciales, salarios de docentes, trabajadores de la salud y fuerzas de seguridad.
En ese contexto, cualquier reducción en los recursos coparticipables impacta directamente sobre la capacidad de los gobiernos provinciales para sostener esas prestaciones y afrontar sus compromisos financieros.
Más allá del resultado de junio, la comparación histórica muestra que el deterioro es aún más profundo. Las transferencias automáticas acumuladas entre enero y junio quedaron –11,6% por debajo del primer semestre de 2023, –13,1% por debajo de 2022 y –6,5% por debajo de 2021, todos los valores medidos en términos reales.
El dato más preocupante es que los recursos enviados a las provincias apenas superaron en un 0,7% el piso registrado durante el primer semestre de 2024, cuando las transferencias tocaron uno de los niveles más bajos de los últimos años en el inicio de la gestión de Javier Milei.
Con este panorama, las provincias comienzan la segunda mitad del año con un margen financiero cada vez más estrecho y con crecientes interrogantes sobre su capacidad para sostener el nivel de prestación de los servicios públicos sin una recuperación de la actividad económica y de la recaudación.
ADEMÁS EN NEA HOY:
La actividad económica cayó 1,5% en abril y volvió a encender las alarmas en el Gobierno nacional
