La Justicia chaqueña analiza un nuevo planteo contra las máximas autoridades del InSSSeP. El abogado de un grupo de familias solicitó aplicar multas personales de hasta $100 millones diarios por el presunto incumplimiento de una sentencia que ordenó garantizar la cobertura integral de tratamientos para niños y jóvenes con discapacidad.
Reclaman sanciones millonarias por desobedecer una sentencia judicial
Un nuevo capítulo judicial se abrió en torno al conflicto entre el Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (InSSSeP) y un grupo de familias de pacientes con discapacidad que requieren tratamientos de alta complejidad. El abogado Sebastián Ferreyra Negri solicitó al Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chaco que imponga multas personales de $50 millones diarios al presidente del organismo y otros $50 millones diarios a su vicepresidente, lo que totaliza $100 millones por cada día de incumplimiento.
El planteo sostiene que la obra social provincial no cumplió de manera integral la Sentencia Nº 71/26, dictada el 26 de marzo, mediante la cual el máximo tribunal ordenó garantizar la continuidad de tratamientos médicos para once pacientes pediátricos con enfermedades complejas y discapacidad, muchos de ellos atendidos en el Hospital Italiano de Buenos Aires.
Además de las multas (astreintes), el abogado pidió que el STJ remita los antecedentes a la Justicia Penal al considerar que podría configurarse el delito de desobediencia judicial, previsto en el artículo 239 del Código Penal.
Denuncian incumplimientos parciales y falta total de algunas prestaciones
Según la presentación judicial, existen incumplimientos parciales respecto de la cobertura de medicamentos, autorizaciones médicas e insumos, lo que habría provocado la pérdida de turnos especializados y demoras en tratamientos. También se denuncian problemas con la continuidad de servicios de internación domiciliaria debido a presuntas deudas del InSSSeP con prestadores privados.
En otros aspectos, el escrito sostiene que el incumplimiento sería total, particularmente en la cobertura de traslados, alojamiento, acompañantes y otros gastos vinculados con las derivaciones médicas ordenadas por el STJ. Incluso, afirma que algunas familias debieron afrontar esos costos con recursos propios pese a que la sentencia disponía que fueran cubiertos por la obra social.
La demanda también detalla distintos casos particulares de pacientes que, según la presentación, continúan con dificultades para acceder a audífonos, equipamiento de rehabilitación, medicamentos o estudios especializados, además de enfrentar demoras administrativas que impactan en la continuidad de sus tratamientos.
El abogado cuestionó las demoras administrativas
En el escrito presentado ante el STJ, Ferreyra Negri sostiene que las auditorías, trámites internos y cuestiones presupuestarias invocadas por el InSSSeP no pueden justificar el incumplimiento de una orden judicial, especialmente cuando involucra el derecho a la salud de niños y adolescentes con discapacidad.
“La burocracia administrativa jamás puede operar como mecanismo suspensivo de derechos fundamentales”, argumentó el abogado en la presentación judicial, al sostener que la sentencia era de cumplimiento inmediato y que ya transcurrieron varios meses sin que, según denuncia, se haya ejecutado plenamente.
Ahora será el Superior Tribunal de Justicia del Chaco el que deberá resolver si hace lugar al pedido de aplicar las astreintes y si corresponde avanzar con la remisión de antecedentes a la Justicia Penal para investigar una eventual desobediencia de la sentencia.
Fuente: Diario Litigio
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