La política de apertura comercial impulsada por el presidente Javier Milei suma un nuevo capítulo con la eliminación progresiva de medidas antidumping que durante años funcionaron como una herramienta de defensa para la industria argentina frente a prácticas de competencia consideradas desleales.
En los primeros seis meses de 2026, la Secretaría de Comercio avanzó en la revisión de las cerca de 40 medidas que vencen este año y, según un relevamiento de Perfil, la mayoría de los expedientes analizados terminó con la caída de las protecciones. Para las cámaras empresarias y fabricantes nacionales, la decisión constituye una señal clara de que el Gobierno busca desmantelar los mecanismos de defensa comercial para profundizar la apertura de las importaciones.
La preocupación no es menor. La mayoría de las medidas alcanzadas protegía insumos industriales esenciales para la producción nacional, como aluminio, perfiles de PVC, químicos petroquímicos, autopartes, rodamientos y amortiguadores. Se trata de productos que forman parte de cadenas de valor que generan miles de empleos en todo el país.
La industria denuncia una competencia desigual
El principal cuestionamiento del sector privado es que la industria argentina no compite en igualdad de condiciones con los productos importados, especialmente aquellos provenientes de China. Empresarios sostienen que muchas compañías asiáticas cuentan con subsidios estatales, acceso a financiamiento más barato, escalas de producción masivas y costos laborales significativamente menores. En ese contexto, aseguran que eliminar las barreras antidumping equivale a dejar expuestas a las fábricas locales frente a una competencia imposible de sostener.
«Argentina no compite contra China; es arrasada por diferencias estructurales que ningún empresario local puede compensar», señalan especialistas vinculados al comercio exterior que siguen de cerca las revisiones impulsadas por el Gobierno. La preocupación se profundiza porque la apertura ocurre en medio de una fuerte caída del mercado interno y una retracción de la actividad industrial que ya obligó a numerosas empresas a reducir turnos, suspender personal o recortar puestos de trabajo.
El aluminio y las autopartes, entre los sectores más afectados
Uno de los casos más emblemáticos es la eliminación de la protección sobre láminas y chapas de aluminio importadas desde China. La medida deja sin efecto un arancel del 28% que protegía a productores nacionales y golpea directamente a empresas vinculadas a la cadena metalúrgica. Desde el sector advierten que las importaciones de manufacturas metálicas crecieron con fuerza durante el último año, mientras la actividad industrial continúa sin mostrar signos de recuperación.
Algo similar ocurre en el sector automotor y de autopartes. La caída de los derechos antidumping sobre rodamientos y amortiguadores para motocicletas se suma al incremento de piezas importadas, que según fuentes empresarias aumentó más de un 80% en comparación con el año anterior. Las empresas locales temen que la sustitución de componentes nacionales por importados termine afectando a cientos de talleres, proveedores y pequeñas industrias que dependen de estas cadenas productivas.
La postura oficial es diametralmente opuesta. Desde el Gobierno consideran que muchas de las medidas antidumping vigentes eran una «sobreprotección» heredada de administraciones anteriores que encarecía los costos de producción. La apuesta es que el ingreso de insumos más baratos permita mejorar la competitividad general de la economía y reducir precios para los consumidores.
Sin embargo, para la industria el problema es que la apertura no llega acompañada de una reducción equivalente de la presión tributaria, los costos financieros, la logística o las tarifas que enfrentan las empresas argentinas. Por eso, sostienen que la competencia termina siendo asimétrica: mientras los productos importados ingresan con menos restricciones, las fábricas nacionales continúan operando con costos muy superiores a los de sus competidores internacionales.
El empleo, en el centro del debate
La discusión excede el plano comercial y se traslada al mercado laboral. Según datos de la Unión Industrial Argentina (UIA), el 22,4% de las empresas redujo personal durante el último período. Además, más de un tercio de las firmas que realizaron ajustes también redujeron turnos de producción, mientras otras adelantaron vacaciones o aplicaron suspensiones.
Para los industriales, la eliminación de las medidas antidumping agrega presión sobre un sector que ya enfrenta dificultades para sostener la actividad. A esto se suma otro cambio que genera alarma: desde 2025 las medidas antidumping sólo pueden durar tres años y cuentan con una única posibilidad de renovación, cuando anteriormente podían extenderse por períodos más largos.
Las cámaras empresarias interpretan estas modificaciones como una decisión política orientada a reducir progresivamente la protección industrial y consolidar un modelo económico basado en una mayor apertura importadora.
Mientras el Gobierno defiende la estrategia como una herramienta para abaratar costos y aumentar la competencia, los sectores productivos advierten que el riesgo es que la sustitución de producción nacional por bienes importados termine profundizando la pérdida de empleo, el cierre de empresas y el debilitamiento de las cadenas industriales argentinas.
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