La Justicia de la provincia de Corrientes dispuso la restitución inmediata de Carlos Cipolini en el cargo de prosecretario de la Cámara de Diputados, tras hacer lugar a una acción de amparo que cuestionó su desplazamiento. La decisión deja sin efecto la Resolución N.° 19/2025 emitida por el cuerpo legislativo.
El fallo también ordena el pago de los haberes devengados desde diciembre de 2025, período en el que el funcionario había sido apartado de sus funciones. La medida judicial alcanza un conflicto institucional que se originó dentro del propio Poder Legislativo provincial y que ahora vuelve a escena con intervención de la Justicia.
El origen del conflicto en la Cámara de Diputados
El caso se remonta a una sesión legislativa realizada en diciembre de 2025, cuando la Cámara de Diputados de Corrientes resolvió la remoción de Cipolini de su cargo como prosecretario. En el mismo contexto también fue desplazada la secretaria parlamentaria Evelyn Karsten, en una decisión que generó cuestionamientos políticos y judiciales.
De acuerdo con la presentación judicial, la medida adoptada por el cuerpo legislativo habría presentado presuntas irregularidades procedimentales. Entre los puntos cuestionados se mencionó una posible vulneración del reglamento interno de la Cámara, lo que derivó en la posterior intervención de la Justicia.
La acción de amparo presentada ante la Justicia sostuvo que las decisiones adoptadas por la Legislatura no habrían respetado las formas previstas para este tipo de remociones. En ese marco, el tribunal analizó la validez del procedimiento y resolvió hacer lugar al planteo.
El fallo judicial establece que corresponde retrotraer la situación administrativa al estado previo a la destitución. En términos prácticos, esto implica la restitución de Cipolini en su cargo de prosecretario y la obligación del pago de los salarios no percibidos durante el período de apartamiento.
Si bien no trascendieron mayores detalles sobre los argumentos internos del tribunal, la resolución marca un límite a las decisiones del Poder Legislativo cuando estas son sometidas a control judicial en materia de legalidad administrativa.
Impacto institucional y tensiones políticas
El fallo reabre un escenario de tensión institucional entre sectores del oficialismo legislativo y actores políticos de la oposición, que habían cuestionado el procedimiento de remoción desde su origen. El caso vuelve a poner en discusión el alcance de las facultades de la Cámara de Diputados para designar y remover autoridades internas.
La intervención judicial introduce un nuevo capítulo en la relación entre los poderes del Estado en la provincia de Corrientes, donde este tipo de conflictos ha generado antecedentes de debate sobre los límites del control político y el control judicial.
La resolución también podría tener impacto en otros procedimientos administrativos similares, ya que establece un criterio sobre la revisión judicial de decisiones internas del Poder Legislativo cuando se alegan irregularidades en el proceso.
Con la orden judicial ya emitida, se espera que la Cámara de Diputados de Corrientes avance con la reincorporación formal de Cipolini y la adecuación administrativa correspondiente. Sin embargo, no se descarta que el caso continúe en instancias superiores si alguna de las partes decide apelar la decisión.
El conflicto, mientras tanto, permanece abierto en el plano político e institucional, con derivaciones que podrían extenderse en el tiempo dependiendo de la evolución judicial y de las definiciones que adopte el cuerpo legislativo.
Fuente: Corrientes Hoy
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