El Foro de Organizaciones Vecinales de Corrientes (FORVE) cuestionó el operativo realizado sobre la Ruta Provincial 5 y reclamó que el Municipio garantice alternativas para las familias afectadas antes de avanzar con desalojos. La entidad advirtió sobre el impacto social de la medida y pidió priorizar el diálogo por encima de las sanciones.
El conflicto se originó tras el procedimiento realizado en el tramo comprendido entre la Rotonda de la Virgen de Itatí y el acceso a Laguna Brava, donde fueron retirados alrededor de 15 puestos de venta ambulante que funcionaban a la vera de la Ruta Provincial 5. Según las autoridades, la medida respondió a cuestiones vinculadas con la seguridad vial, el ordenamiento urbano y la ocupación irregular del espacio público.
Sin embargo, desde FORVE sostuvieron que detrás de cada puesto existe una familia que depende de esa actividad para generar ingresos diarios. Por ese motivo, manifestaron su preocupación y rechazo ante una decisión que, según indicaron, podría profundizar la situación de vulnerabilidad de numerosos trabajadores correntinos.
Críticas a una medida que afecta fuentes de trabajo
A través de un comunicado, la organización vecinal afirmó que el Estado tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de las normas, pero remarcó que las políticas públicas no pueden implementarse ignorando la realidad económica y social que atraviesan cientos de familias.
En ese sentido, cuestionaron que se avance con medidas de desalojo sin haber desarrollado previamente mecanismos de regularización, acompañamiento o relocalización para quienes trabajan en esos espacios. Desde el Foro consideraron insuficiente limitar el debate a la falta de habilitaciones cuando no existen alternativas concretas para sostener la actividad económica de los afectados.
La entidad también advirtió que este tipo de acciones pueden derivar en una mayor exclusión social. Según expresaron, resulta preocupante que se prioricen las sanciones antes que la búsqueda de soluciones consensuadas para quienes recurren al comercio informal como estrategia de subsistencia.
Pedido de diálogo y soluciones concretas
FORVE solicitó formalmente a la administración municipal encabezada por Claudio Polich que abra instancias de diálogo con los trabajadores afectados y suspenda aquellas medidas que puedan agravar su situación económica. El planteo apunta a encontrar mecanismos que permitan compatibilizar el ordenamiento urbano con el derecho al trabajo.
La organización remarcó que el desafío de cualquier gestión pública consiste en construir respuestas que contemplen tanto el cumplimiento de las normativas como la inclusión social. En esa línea, sostuvo que desalojar sin ofrecer alternativas equivale a dejar a numerosas familias sin su principal fuente de ingresos.
El pronunciamiento se suma a las repercusiones que generó el operativo en la capital correntina y reabre el debate sobre cómo abordar la informalidad laboral en un contexto marcado por la caída del consumo, la pérdida de poder adquisitivo y el crecimiento de actividades de subsistencia en distintos puntos del país.
Fuente: Diario Época, Corrientes Hoy
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