El presidente de Industriales PyMEs Argentinos (IPA), Daniel Rosato, reveló que las aperturas de concursos preventivos se dispararon más del 130% en el último año solo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pronosticó que el 2026 romperá el récord que se alcanzó en pandemia.
Ante este escenario, le reclamó al Presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, una intervención urgente ante la “crisis terminal” que atraviesan las PyMEs y exigió al Congreso de la Nación que ponga en tratamiento legislativo y apruebe “en lo inmediato” el proyecto de ley de Emergencia Económica para evitar un cierre acelerado y masivo de empresas.
“Habíamos alertado que este año íbamos a llegar con el cierre de más de 1.000 PyMEs, pero el ritmo que vemos de la degradación de la economía local y las presentaciones de concursos preventivos de cierre nos demuestra que el daño al entramado productivo es mucho peor. Porque estos son solo datos de Capital Federal, pero aún restan los del resto del país para medir la real magnitud de la crisis. Por eso no hay tiempo de debatir ideologías, sólo de salvar a las empresas y a sus trabajadores, que son los perjudicados ante tanta inacción”, afirmó el titular de IPA.
Colapso productivo
Rosato dio precisiones del avance de la crisis junto con el titular del Departamento de Legales de IPA, Germán Pizzano, quien alertó por el inminente colapso judicial y productivo del sector manufacturero, tras revelar que las aperturas de concursos preventivos se dispararon casi un 132% en el último año.
“La actual coyuntura empresarial se caracteriza por el cierre de 24.437 empresas entre noviembre de 2023 y principios de 2026”, detalló Pizzano a través de un documento elaborado por el área legal de IPA. Las consecuencias sociales de esta extinción de unidades productivas son dramáticas, ya que “327.813 trabajadores perdieron la cobertura del sistema de riesgos del trabajo”.
El informe de IPA advirtió que la contracción productiva desencadenó un grave proceso de desinversión, el cual “se cristaliza mediante la pérdida neta de la inversión extranjera directa”, arrojando un saldo negativo que resulta “histórico y sin precedentes, la primera vez en 22 años”.
“En el primer trimestre judicial se abrieron más concursos que los registrados durante los años 2021 a 2024 respecto de cada año”, sostuvo. Ante la impotencia patrimonial que empuja a las PyMEs a un “fatal resultado falencial”, el informe de IPA subrayó la incalculable pérdida de capital que significa tener bienes de uso inactivos, en un marco donde existe una “capacidad ociosa del 40,2%”.
Para evitar la quiebra definitiva de las compañías o la ejecución judicial de sus bienes, desde IPA plantearon una salida apoyada en el Derecho de la Emergencia. El objetivo es implementar un “remedio paliativo y transitorio de emergencia, para que las PyMEs puedan recuperar capital de trabajo”.
Pizzano sostuvo que “el empresario PyME necesita tiempo para recuperar un capital de trabajo positivo y la única forma de conseguir ese tiempo valiosísimo es una legislación de emergencia”. Esta herramienta permitiría oxigenar las finanzas de las fábricas hasta lograr que “el ingreso por ventas totales resulte superior a los costos totales de producción”.
Fuente: Ser Industria
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