Una presentación judicial impulsada por trabajadores de Vialidad Nacional acusa a funcionarios del Gobierno de Javier Milei de haber retenido y desviado cerca de 400 mil millones de pesos provenientes del impuesto a los combustibles, recursos que por ley debían destinarse al mantenimiento de rutas y obras viales. La denuncia advierte sobre un «vaciamiento» del organismo, el deterioro de la red federal y el riesgo creciente para miles de usuarios que transitan por corredores nacionales.
La Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional presentó una denuncia penal ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°7 contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y autoridades de Vialidad Nacional por presuntas maniobras de malversación de fondos públicos, fraude e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Según el escrito judicial, el Gobierno nacional habría retenido alrededor de 400.000 millones de pesos correspondientes al Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), fondos que por ley deben ser transferidos automáticamente al fideicomiso destinado a financiar obras y mantenimiento de la red vial federal. La denuncia sostiene que esos recursos fueron utilizados para operaciones financieras vinculadas al sostenimiento del Tesoro Nacional, en lugar de aplicarse a infraestructura.
El gremio denunciante asegura que la falta de inversión derivó en un «colapso inducido» de Vialidad Nacional, afectando tanto el funcionamiento operativo como la capacidad técnica del organismo. Además, alertó sobre una «quiebra técnica» producto del atraso presupuestario y la paralización de obras estratégicas en distintas provincias.
El documento también advierte sobre el grave deterioro de las rutas nacionales debido a la ausencia de tareas de conservación preventiva. Baches, deformaciones del pavimento, banquinas deterioradas y falta de señalización son algunos de los problemas señalados en la presentación, que remarca el incremento del riesgo de accidentes viales y el impacto negativo sobre la conectividad y la producción.
En otro tramo, la denuncia apunta contra Federico Sturzenegger por presuntamente impulsar un proceso de desmantelamiento institucional basado en informes «ideológicamente falsos» para justificar el achicamiento de Vialidad Nacional y la reducción de personal técnico especializado.
Asimismo, se denunciaron supuestos mecanismos de persecución laboral dentro del organismo, incluyendo traslados compulsivos, jubilaciones forzadas y despidos sin sumarios administrativos previos. Según el sindicato, estas medidas buscarían silenciar objeciones internas frente al avance de concesiones privadas sobre corredores viales estratégicos.
La presentación judicial también expone el impacto del recorte sobre las provincias, ya que gran parte de los fondos viales deben coparticiparse para sostener rutas secundarias y caminos regionales. La interrupción de esos recursos, sostienen, agrava el deterioro de la infraestructura y profundiza el aislamiento de distintas regiones del país.
Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) adelantaron que acompañarán el avance de la causa y buscarán aportar más información a la investigación. Además, en el Congreso se impulsa la creación de una comisión de seguimiento sobre el destino del impuesto a los combustibles.
Fuente: Página 12
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