Las modificaciones impulsadas por el Gobierno de Javier Milei sobre el sistema de discapacidad apuntan a un cambio estructural del modelo actual. El eje discursivo oficial está puesto en el «control», la «auditoría» y la «eliminación del fraude«, pero desde organizaciones, prestadores y referentes del sector advierten que detrás de ese enfoque hay un fuerte ajuste que puede derivar en pérdida de derechos, mayores barreras burocráticas y dificultades de acceso a tratamientos y prestaciones.
En diálogo con NEA HOY, la presidenta de la Asociación Civil Prestadores de Discapacidad, Gilda Marcela Kriskovich, cuestionó duramente el proyecto y sostuvo que «implica un enorme retroceso».
Reempadronamiento obligatorio y temor al colapso del sistema
Uno de los puntos centrales de la iniciativa oficialista es el reempadronamiento obligatorio de todas las personas que reciben pensiones por discapacidad. Según el texto, los beneficiarios deberán actualizar documentación médica, patrimonial y socioeconómica en un plazo de 90 días, bajo apercibimiento de suspensión automática del beneficio.
Además, la Secretaría de Discapacidad quedaría habilitada para realizar auditorías permanentes mediante cruces de datos con organismos como ANSES, ARCA y el SINTyS.
Para Kriskovich, la medida desconoce la realidad de miles de personas con discapacidades permanentes y genera una barrera burocrática innecesaria. «Me parece una locura hacer que todas las personas vuelvan a presentar estudios y documentación. Hay discapacidades permanentes, como el síndrome de Down o el Parkinson, que no desaparecen», afirmó y advirtió además que el impacto administrativo podría ser enorme para las provincias y el sistema sanitario.
Fin a la inserción laboral de personas con discapacidad: uno de los puntos más cuestionados
Otro de los cambios más polémicos es la incompatibilidad total entre pensión y empleo formal. Hasta ahora, el sistema permitía mantener la pensión mientras los ingresos laborales no superaran determinado límite. El nuevo proyecto elimina esa posibilidad: quien acceda a un trabajo registrado perdería automáticamente la asistencia estatal.
«El proyecto plantea incompatibilidades entre pensión y trabajo. Eso vulnera la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad», sostuvo. Además, explicó que «hoy una pensión ronda los 310 mil pesos más el bono y está muy por debajo de la línea de pobreza».
En ese contexto, advirtió que muchas personas con discapacidad realizan trabajos informales o changas «para poder sobrevivir y cubrir medicamentos o gastos diarios». «Penalizar eso sería un retroceso enorme», expresó.
El riesgo de desregular prestaciones y trasladar costos a las familias
Otro de los puntos que genera preocupación es la intención del Gobierno de avanzar sobre el sistema de financiamiento de prestaciones y aranceles regulados por la Ley 24.901.
Actualmente, el nomenclador nacional fija valores unificados para prestaciones como transporte, acompañamiento terapéutico, psicología, fonoaudiología, apoyo escolar y atención en centros especializados. El nuevo esquema impulsado por Nación propone mayor discrecionalidad para definir partidas y elimina mecanismos automáticos de actualización.
«Hoy el nomenclador establece valores iguales para todos los prestadores del país. Si eso se elimina y cada obra social fija el monto que quiere pagar, el problema va a ser enorme», alertó.
La referente señaló que actualmente ya existen serias demoras en los pagos a prestadores y centros de atención, incluso bajo el sistema regulado vigente.
“Ya hoy cuesta cobrar aun estando regulado. Si se desregula, muchas obras sociales van a pagar muchísimo menos y la diferencia la tendría que cubrir la familia. Entonces solo quien pueda pagar va a poder acceder a determinadas prestaciones, mientras otros quedarán afuera. Eso afecta directamente la calidad de vida de las personas con discapacidad”, remarcó.
“Sin prestadores no hay prestaciones”
Kriskovich aseguró que muchas instituciones y profesionales vienen cobrando con meses de demora, lo que pone en riesgo la continuidad de servicios y tratamientos. «Puede ser muy lindo ver un Excel lleno de ceros, pero detrás de esos números hay personas, historias y familias», afirmó.
La dirigente insistió en que la crisis afecta tanto a las familias como a transportistas, profesionales y centros especializados que continúan trabajando pese a los atrasos.
«No acompañen este proyecto»
Finalmente, la referente indicó que el sector de discapacidad se encuentra en alerta y envió un mensaje a los legisladores nacionales que deberán tratar las modificaciones que envió el Gobierno de Javier Milei: «Pedimos que los senadores no acompañen este proyecto».
«Sin prestadores no hay prestaciones, y sin prestaciones no hay derechos», concluyó Kriskovich.
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