El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, intentó minimizar el impacto del ajuste impulsado por el presidente Javier Milei sobre la provincia. «Nosotros no nos vimos afectados en ese recorte. Hay que recordar que no teníamos mayores obras en ejecución ni obras comprometidas por parte de Nación», afirmó Valdés al referirse a la Decisión Administrativa 20/2026, el decreto con el que el Gobierno nacional profundizó el ajuste sobre distintas áreas sensibles.
La contradicción de Valdés quedó aún más expuesta por las declaraciones de su propio ministro de Salud, Emilio Lanari, quien reconoció abiertamente que Corrientes está financiando vacunas destinadas a afiliados del PAMI porque el Gobierno nacional dejó de enviarlas. «Estamos cubriendo a población de riesgo, como adultos mayores beneficiarios del PAMI, con vacunas que proveímos desde la Provincia porque Nación dejó de enviar», sostuvo el funcionario.
Además, alertó sobre el deterioro de programas sanitarios esenciales como Remediar, los tratamientos oncológicos y el sistema Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad, embarazadas y beneficiarios de pensiones no contributivas.
La situación de Incluir Salud también refleja el ajuste: según el ministro, Nación paga una cápita de apenas 612 pesos por afiliado, monto que calificó como «lamentable» e insuficiente para sostener el funcionamiento del sistema.
La UNNE, otro símbolo del ajuste que Valdés evita confrontar
El impacto tampoco pasa desapercibido en el sistema universitario. La Universidad Nacional del Nordeste sufrió un recorte directo de 330 millones de pesos a través de la misma Decisión Administrativa 20/2026.
La medida se conoció apenas horas antes de la Marcha Federal Universitaria que movilizó a miles de estudiantes, docentes y trabajadores en Corrientes y Chaco para reclamar financiamiento educativo.
Además del recorte operativo, el Gobierno nacional frenó obras de infraestructura universitaria por más de 5.300 millones de pesos en todo el país, afectando proyectos clave para distintas facultades y sedes regionales.
La situación adquiere todavía mayor peso político considerando que el rector de la UNNE, Omar Larroza, mantiene cercanía con el radicalismo correntino y el espacio político de Valdés.
Corrientes perdió más de $51 mil millones por la caída de la coparticipación
El impacto económico del ajuste de Javier Milei también aparece en los números fiscales. Durante el primer cuatrimestre de 2026, Corrientes perdió más de 51 mil millones de pesos en términos reales por la caída de las transferencias automáticas enviadas por Nación.
Aunque nominalmente los montos transferidos aumentaron, quedaron muy por debajo de la inflación. Solo en abril, la provincia recibió 200.295 millones de pesos, lo que representó una caída real interanual del 2,9%.
En el acumulado anual, la pérdida real llegó al 5,9%, profundizando la presión sobre las cuentas provinciales en un contexto donde continúan los reclamos salariales, las demandas sociales y la necesidad de sostener servicios esenciales.
Obras paralizadas, despidos e incertidumbre
La situación de la autovía de la Ruta Nacional 12 y el segundo puente Chaco-Corrientes se transformó en otro ejemplo del impacto concreto del ajuste libertario sobre la provincia.
El Gobierno nacional reconoció que el segundo puente quedó supeditado a la “disponibilidad financiera”, pese a que el financiamiento internacional ya había sido aprobado anteriormente. En paralelo, la autovía de la Ruta 12 avanza a ritmo irregular y con tramos prácticamente paralizados.
La incertidumbre ya provocó despidos de más de un centenar de trabajadores de la construcción y generó fuertes cuestionamientos de cámaras empresariales, sectores productivos y usuarios que dependen diariamente de estos corredores estratégicos.
Desde la Federación Empresarial de Corrientes (FECORR) alertaron que la paralización impacta directamente sobre la seguridad vial, la logística regional y el desarrollo económico de la provincia.
En ese contexto, la estrategia discursiva del gobernador parece cada vez más desconectada de la experiencia cotidiana de los correntinos, que enfrentan las consecuencias de un retiro del Estado nacional que ya impacta sobre servicios, infraestructura y calidad de vida.
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