El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió esta semana en su informe de gestión ante el Congreso a dos obras clave para Corrientes y la región: la autovía de la Ruta Nacional 12 y el segundo puente Chaco–Corrientes. Lejos de llevar certezas, las respuestas oficiales expusieron un escenario de indefinición que acrecienta las dudas sobre la continuidad y concreción de ambos proyectos, con impacto directo en el ordenamiento vial y en el entramado productivo que depende de estos corredores.
En el caso del segundo puente, el Gobierno nacional reconoció que el crédito del BID —que había sido aprobado— no llegó a ejecutarse. Según la respuesta oficial, al asumir la actual gestión, ese financiamiento se encontraba en etapa preparatoria y, al no contar con contrato firmado, los fondos fueron redirigidos a otras prioridades, como la asistencia social y el orden fiscal. Actualmente, el proyecto se encuentra «en revisión» tras la realización de la audiencia pública ambiental y su ejecución quedó supeditada a la «disponibilidad financiera», sin plazos ni definiciones concretas.
Para la autovía de la Ruta Nacional 12 —la travesía urbana de la capital correntina—, el panorama no resulta más alentador. Si bien el Gobierno informó un avance físico del 77,58%, admitió que el ritmo de obra se vio afectado en los últimos meses y que se están realizando gestiones para readecuar las condiciones financieras del contrato. En la práctica, esto confirma una desaceleración que en varios tramos ya se traduce en paralización.
La incertidumbre oficial contrasta con la preocupación creciente del sector privado. Días atrás, el presidente de la Federación Empresarial de Corrientes (FECORR), Roberto Báez, advirtió sobre el impacto de la detención de la autovía, una obra de 13 kilómetros considerada estratégica para la conectividad provincial. «Vemos con suma preocupación la interrupción de la obra; es mejor que no se hubiese hecho nada en el punto en el cual estamos», afirmó a medios locales, reflejando el malestar empresarial.
Desde FECORR remarcaron que la paralización no solo afecta a la infraestructura, sino también a la seguridad vial, la integración regional y el desarrollo económico. Se trata de un corredor clave para el flujo logístico hacia provincias vecinas y países como Paraguay y Brasil, utilizado diariamente por miles de vehículos. En ese contexto, reclamaron a legisladores nacionales de todos los espacios políticos que articulen una solución urgente y definan un plazo concreto para la finalización de la obra.
El impacto social de la paralización ya es tangible. La interrupción de los trabajos derivó en el despido de entre 120 y 130 trabajadores de la construcción. El secretario general de la UOCRA Corrientes, Juan de Dios Ávalos, describió un escenario crítico a fines de marzo: «Hace una quincena hubo un 50% de despedidos y luego la empresa largó a todo lo que faltaba porque ya no tiene cómo seguir subsistiendo».
La situación actual no es aislada, sino que se inscribe en un reclamo más amplio y sostenido en el tiempo. A fines de 2025, tras un siniestro vial de gravedad en el puente General Manuel Belgrano, las federaciones económicas de Corrientes y Chaco emitieron un duro comunicado conjunto en el que calificaron como “urgente e impostergable” la construcción de un segundo puente. El accidente —que dejó una víctima fatal y múltiples vehículos involucrados— volvió a poner en evidencia la saturación de una infraestructura por la que circulan diariamente miles de personas y cargas.
En ese momento, las entidades advirtieron que la falta de una alternativa no solo compromete la seguridad vial, sino también la continuidad de la logística regional y el desarrollo productivo del NEA. La dependencia de un único vínculo físico entre ambas provincias expone a toda la región a situaciones críticas ante cualquier contingencia.
Hoy, con un segundo puente sin definiciones claras y una autovía paralizada, el escenario combina incertidumbre, deterioro vial y un impacto económico concreto. La falta de previsibilidad golpea tanto a las empresas como a los trabajadores y a los usuarios que utilizan a diario estos corredores estratégicos.
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