Con el fin de fortalecer los controles sanitarios sobre alimentos destinados tanto al consumo humano como animal, la Legislatura Misionera sancionó el pasado 7 de mayo la Ley XVII – N° 216, mediante el cual se crea el Laboratorio de Análisis para Detección de Residuos de Fármacos y Químicos en Alimentos de Origen Vegetal y Animal, que tendrá sede en la ciudad de Posadas.
La nueva normativa, que fue oficializada este lunes en el Boletín Oficial, tendrá foco en la detección y prevención de residuos de medicamentos veterinarios, productos zoosanitarios y fitosanitarios en alimentos y/o productos de origen vegetal y animal.
Además, el laboratorio deberá capacitar e informar a productores sobre el uso adecuado de medicamentos y productos sanitarios, brindar apoyo técnico ante casos de contaminación y coordinar acciones con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
El proyecto fue presentado por el diputado provincial Carlos Rovira en 2023 y vio la luz en la primera sesión ordinaria de la Cámara de Representantes, el pasado 7 de mayo.
Entre sus funciones también se incluyen:
- Proponer programas de monitoreo y vigilancia de residuos químicos en alimentos;
- Establecer convenios con organismos provinciales, nacionales e internacionales y universidades;
- Emitir informes periódicos al Ministerio de Salud Pública;
- Realizar diagnósticos a pedido de autoridades competentes.
Funcionamiento y estructura
El Ministerio de Salud Pública de Misiones será la autoridad de aplicación y tendrá la facultad de dictar normas complementarias para implementar la ley. Asimismo, podrá designar un director para el laboratorio, quien deberá contar con título universitario de médico veterinario.
La normativa también contempla la posibilidad de crear laboratorios satélites, ampliar estructuras existentes y desarrollar servicios de extensión en distintos puntos de la provincia. Asimismo, la cartera de Héctor González deberá planificar el sistema de recolección de muestras para los controles correspondientes y definir mecanismos de sanciones, retiro de mercadería y decomisos en los casos necesarios.
Además, el Poder Ejecutivo quedó facultado a realizar adecuaciones presupuestarias para garantizar el funcionamiento del nuevo laboratorio.
Fuente: Primera Edición
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