El Gobierno de Javier Milei presentó en diciembre de 2024 el proyecto de Ley de Libertad Educativa, una iniciativa que busca derogar la Ley de Educación Nacional N° 26.206 vigente desde 2006. Encabezada por el secretario de Educación Carlos Torrendell, la propuesta plantea un cambio de paradigma en el sistema escolar argentino: redefine el lugar del Estado, amplía la autonomía de las instituciones y modifica el modo en que se financia y evalúa la enseñanza en todos los niveles.
Qué propone la ley: los ejes de la reforma
El proyecto ubica a los padres como titulares del «derecho preferente» sobre la educación de sus hijos y reduce al Estado a un rol subsidiario. En lugar de orientar pedagógicamente a las instituciones, el Estado se limitaría a garantizar el acceso al derecho de manera general. Bajo este esquema, las escuelas —tanto públicas como privadas— obtendrían mayor libertad para diseñar sus planes de estudio, elaborar reglamentos internos, seleccionar parte de su personal y administrar sus propios recursos.
En materia curricular, la norma establece un núcleo básico de contenidos comunes con un mínimo de horas obligatorias, y habilita a cada institución a definir libremente el tiempo escolar restante. Las escuelas privadas consolidarían su autonomía organizativa, pedagógica y laboral. Para la carrera docente, el proyecto prevé evaluaciones cada cuatro años y condiciona la estabilidad al desempeño, mientras que los establecimientos privados tendrían plena libertad para contratar y desafectar personal.
Otro cambio significativo es la equiparación jurídica entre instituciones públicas y privadas, habilitando para ambas el acceso a aportes estatales. El financiamiento podría canalizarse mediante vouchers, vales, becas o créditos fiscales —un modelo en el que el subsidio sigue al alumno y no a la institución—. Además, el proyecto reconoce formalmente el homeschooling y los sistemas de educación virtual como alternativas válidas a la escolaridad presencial, con evaluación exclusivamente a través de exámenes estandarizados. Por último, declarar a la educación como «servicio esencial» impondría a los docentes la obligación de garantizar pisos mínimos de continuidad durante medidas de fuerza gremiales.
La posición de los gremios misioneros: rechazo rotundo y estado de alerta
En Misiones, los principales sindicatos docentes no tardaron en responder. Los integrantes de la mesa de diálogo de la CGT regional —SEMAB CEA, UDA y AMET— junto a Sidepp emitieron un comunicado conjunto en el que califican el proyecto de «perjudicial para la educación pública y los derechos adquiridos» y declaran el estado de alerta ante su posible aprobación.
Para los gremios, la derogación de la Ley 26.206 equivale a eliminar al Estado como garante del sistema educativo. Sostienen que la propuesta promueve de hecho la desaparición de la escuela pública de gestión estatal, ya que las instituciones —al no contar con financiamiento garantizado— deberán autogestionarse para obtener recursos, lo que en la práctica impediría el acceso de los sectores populares al derecho constitucional a la educación pública y gratuita.
✅ CONFERENCIA DE PRENSA
La CGT convoca, a través de su Secretaría de Políticas Educativas, a una conferencia de prensa para abordar la crisis educativa, el recorte presupuestario y el rechazo al proyecto denominado «Ley de Libertad Educativa».
📄 Lunes 2 de marzo
⏰ 16hs— LA RUEDA, comunicación popular (@laruedanoticias) February 27, 2026
Ante la eliminación de las garantías del rol del Estado, los sindicatos expresan que «La desaparición de la escuela pública de gestión estatal, promoviendo la educación de gestión privada lo que establecería una falsa autonomía de las instituciones, en tanto que no se les garantiza el financiamiento del Estado y deberán autogestionarse para la obtención de recursos , lo que de facto pretende eliminar el derecho a la educación pública , gratuita y de gestión estatal , impidiendo el acceso de los sectores populares y de escasos recursos de ejercer el derecho constitucional a la educación pública».
Los gremios también advierten sobre el riesgo de segmentación social del sistema educativo, la pérdida de contenidos comunes entre instituciones y la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores de la educación. Señalan además que la reforma limitaría la capacidad de los sindicatos para negociar condiciones de trabajo, al otorgar a las escuelas privadas plena libertad de contratación y despido.
«Ante la gravedad de esta reforma educativa, alertamos que es urgente la unidad no solo de los docentes, sino de toda la comunidad educativa en su conjunto, en defensa propia de sus intereses«, expresa el Comunicado conjunto que publicó la mesa de diálogo.
Como respuesta concreta, los sindicatos convocaron a una concentración y marcha de antorchas el 1° de mayo a las 17 horas en la Plaza 9 de Julio de Posadas, bajo la consigna «Salarios dignos acorde al costo de vida. No a la reforma laboral». La movilización suma también el reclamo por la recomposición salarial pendiente y el rechazo al proyecto de reforma laboral que el gobierno tramita en paralelo en el Congreso. El debate sobre la Ley de Libertad Educativa recién comienza, y en Misiones ya tiene protagonistas definidos.
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