Las universidades nacionales convocaron a una nueva marcha federal para el 12 de mayo, en reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno de Javier Milei. La protesta se da en un contexto de creciente conflicto entre el sistema educativo y el Ejecutivo nacional.
La medida fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a gremios docentes y organizaciones estudiantiles, que advierten sobre una situación crítica en el funcionamiento de las casas de estudio.
Desde el sector universitario sostienen que la movilización será masiva y federal, replicándose en distintos puntos del país como parte de una estrategia para visibilizar el conflicto.
El reclamo: una ley vigente que el Gobierno no aplica
El eje del conflicto es claro: existe una ley sancionada por el Congreso que garantiza el financiamiento, pero el Ejecutivo no la está cumpliendo.
Incluso, la Justicia ordenó al Estado nacional garantizar los fondos y actualizar salarios y partidas presupuestarias, lo que profundiza la gravedad institucional del conflicto.
Desde el CIN remarcan que no se trata solo de una discusión presupuestaria, sino de una cuestión de legalidad y respeto institucional: “Si no se respeta una ley votada, se pone en riesgo todo el sistema universitario”.
En este marco, la nueva marcha aparece como una respuesta directa a lo que consideran un desconocimiento del rol del Congreso y del Estado de derecho.
Ajuste, salarios en caída y universidades en crisis
Detrás del reclamo hay datos concretos: las universidades denuncian una caída sostenida del presupuesto y una fuerte pérdida del poder adquisitivo de docentes y trabajadores.
Según informes del sector, los fondos universitarios sufrieron una reducción real significativa, mientras que los salarios quedaron por debajo de la inflación, afectando el normal funcionamiento académico.
A esto se suma la falta de actualización de becas estudiantiles y partidas para investigación, lo que impacta directamente en estudiantes y en el desarrollo científico.
El resultado, advierten, es un sistema que “funciona a la mitad”, con crecientes dificultades para sostener clases, investigación y extensión.
El efecto de la “motosierra” en las universidades
Un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basado en datos oficiales, advierte que el presupuesto universitario registra un ajuste cercano al 30% respecto a 2023, y que podría alcanzar el 45,6% en los próximos meses, profundizando el impacto del recorte.
En el mismo período, los salarios docentes cayeron un 43,2%, mientras que los gastos de funcionamiento se redujeron un 57,1%, configurando un escenario que compromete seriamente la sostenibilidad del sistema universitario.
En este marco, el Gobierno continúa incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario, incluso después de que el Congreso rechazara el veto presidencial, lo que refuerza las críticas por el desconocimiento de decisiones legislativas.
A su vez, el Poder Ejecutivo desoye fallos judiciales en primera y segunda instancia que lo obligan a cumplir con la norma, la cual establece un aumento del 51% en los salarios universitarios, aún no aplicado.
En paralelo, la administración nacional impulsa una ley alternativa que propone incrementos del 12,3% en cuotas, muy por debajo de la inflación acumulada, lo que para el sector implica una nueva pérdida del poder adquisitivo.
Las consecuencias ya son visibles: alrededor del 10% de los docentes renunció, mientras que muchos de los que continúan deben complementar ingresos en plataformas de transporte o reparto. Se estima que 7 de cada 10 perciben salarios cercanos a $250.000, evidenciando el deterioro del ingreso.
El informe también proyecta, en base al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que la situación podría agravarse en los próximos meses, con una inflación persistente que seguiría erosionando salarios y presupuesto.
Un conflicto político que escala y suma presión social
La convocatoria del 12 de mayo no es un hecho aislado: se inscribe en una serie de protestas crecientes desde 2024, tras vetos presidenciales y recortes presupuestarios.
En este escenario, la marcha apunta también a interpelar a la sociedad, poniendo en debate el modelo de financiamiento educativo y el rol del Estado.
El trasfondo es político: mientras el Gobierno insiste en su política de ajuste, el sistema universitario advierte que la educación pública atraviesa uno de sus momentos más críticos en décadas.
Fuentes: Página 12, El destape
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