En nombre del “sinceramiento” de tarifas, el Gobierno de Javier Milei hizo una de las transferencias de ingresos más regresivas de los últimos tiempos. Desde su llegada a la Casa Rosada, el precio de la energía eléctrica se disparó muy por encima de la inflación y encima se configuró quiénes y cómo se pagan los costos del sistema. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), las tarifas eléctricas acumulan un aumento del 597% desde diciembre de 2023, más del triple que la inflación. Pero el dato más importante es la forma en que ese incremento se distribuyó socialmente. La redistribución benefició a sectores de mayor poder adquisitivo mientras el peso del ajuste se sintió sobre los trabajadores, sectores medios y hogares vulnerables.
Los cambios en el esquema tarifario
Antes de los cambios introducidos por los libertarios, el sistema tarifario se segmentaba en 3 niveles: quienes tenían ingresos más altos formaban parte del N1 y pagaban el precio pleno de la energía, sin subsidio estatal. El N2 eran los hogares con ingresos bajos y recibían un subsidio con topes de consumo. Finalmente el N3 eran los hogares de ingresos medios que si bien también tenían subsidios, era en un menor número. Hoy en día tenemos un sistema binario que ignora las diferencias de ingresos en pos de avanzar en una “igualdad” de precios.
El resultado está a la vista. En provincias como Formosa, los hogares de ingresos bajos registraron aumentos de hasta 2374% y los de ingresos medios de 1862% entre 2023 y 2026. En contraste, los sectores de mayores ingresos tuvieron un incremento de 226%, que si bien es alto, es un aumento considerablemente menor que el resto. Básicamente, quienes menos tienen terminan pagando lo mismo (o más) que los que tienen mayor capacidad económica. Algunos dirán que es un error, otros se excusarán con que así son las reglas del mercado. Y en parte es cierto, porque este empate tarifario no es más que el corazón del modelo neolibertario: desarmar cualquier mecanismo de progresividad, logrando un aplanamiento social que profundiza todas las desigualdades.
El ajuste se paga en la boleta
La política energética no puede analizarse aislada del programa económico general. El mismo Gobierno Nacional es quien afirma que la suba de tarifas es parte del ordenamiento fiscal, pero lo que no explican es quién financia ese ordenamiento. Al contrario del dogma libertario sobre el libre mercado, los datos nos muestran que el ajuste no lo absorbió ni el sistema, ni las empresas ni siquiera el Estado, fueron los usuarios. Y dentro de ellos, principalmente los hogares de ingresos medios y bajos.
Por ejemplo: el cargo por potencia, un componente fijo mensual, registró un aumento del 9906%: el valor por MW pasó de unos $80.000 a fines de 2023 a más de $8.005.215 en marzo de 2026, multiplicándose por más de 99 veces. Este aumento se trasladó casi íntegramente a las facturas. A esto se suma la dolarización de componentes clave del sistema, que introduce una lógica de precios desconectada de los ingresos en pesos de la población.
Para un gobierno, esto es desastroso a nivel social. Por un lado, se incrementa el peso de los servicios en el gasto familiar, que tiene que elegir entre pagar las boletas o cubrir otras necesidades básicas. Por otro lado, las familias ya no cuentan con ese dinero que antes dedicaban a otros consumos, por lo que aumenta también la morosidades y se retrae la actividad comercial.
Federalismo tarifario o desigualdad estructural
A la regresividad social se suma una desigualdad territorial creciente. La combinación entre decisiones nacionales (precio mayorista, transporte) y autonomías provinciales (Valor Agregado de Distribución) generó una brecha donde un mismo consumo puede costar hasta 6 veces más según la provincia. Mientras Mendoza lidera con aumentos superiores al 400%, provincias como Formosa o Santa Cruz intentaron amortiguar el impacto desde el componente local. Sin embargo, ese margen es magro ya que la mayor parte del costo está definida por la Nación.
El resultado es una Argentina fragmentada, donde el acceso a la energía depende cada vez más del lugar de residencia. En el NEA, por ejemplo, los aumentos llegaron a ser hasta 7 veces superiores al promedio nacional, cosa que es aún peor si consideramos que estas provincias son las que más necesitan del consumo eléctrico para la refrigeración en los meses de calor. La reducción del bloque subsidiado, de 550 kWh a apenas 150 kWh, agrava aún más la situación en regiones de altas temperaturas, cuando ahorrar energía es casi imposible.
La política energética actual redefine el concepto mismo de acceso a la energía. Lo que antes se sabía como un derecho básico, ahora se presenta como un bien sujeto a la capacidad de pago. El discurso oficial habla de eficiencia, de equilibrio fiscal y de precios reales. Pero los datos muestran otra cosa: un ajuste que no se distribuye de manera equitativa, sino que recae con mayor fuerza sobre quienes menos tienen.
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