El Senador nacional Francisco Paoltroni y el Diputado Gerardo González quedaron en el centro de la polémica tras la difusión de datos del sitio “Cuánto Deben”, que expuso el acceso a créditos hipotecarios millonarios por parte de funcionarios, legisladores y aliados del oficialismo nacional. Ambos representantes de Formosa, electos por La Libertad Avanza, obtuvieron estos beneficios durante su mandato, en un contexto atravesado por denuncias de presuntos tratos preferenciales.
Según la información publicada, los préstamos fueron otorgados por el Banco Ciudad y el Banco Nación, con montos que en algunos casos superan ampliamente los límites establecidos y, presuntamente, sin cumplir con los requisitos habituales del sistema financiero. En el caso del Nación, hubo una modificación para que la línea “Mas hogares con BNA” contenga diferencias esenciales para funcionarios o empleados del sector público, que no están disponibles para quienes trabajan en el sector privado, aún cobrando sus haberes en el Nación.
La primera y principal es que el préstamo cubre hasta el 90% del valor de la propiedad comprada, según detalla la web oficial de la entidad, en lugar del 75% como al resto de los clientes del Nación.
Francisco Paoltroni: montos que superan los límites oficiales
En el caso de Paoltroni, el crédito fue concedido por el Banco Ciudad por un total de 270 millones de pesos, con el objetivo declarado de adquirir una propiedad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su estadía durante las sesiones legislativas. Sin embargo, la operación generó cuestionamientos, ya que el monto supera el tope oficial de 100 millones de pesos previsto para este tipo de líneas.
A esto se suma que el propio Senador reconoció que se trata de una segunda vivienda, cuando estos créditos están destinados a la compra de la primera casa familiar.
De acuerdo con los registros difundidos, su deuda actual asciende a más de 304 millones de pesos. El legislador atribuyó su capacidad de pago a su actividad empresarial, aunque sus firmas registran antecedentes de embargos y sanciones por desmontes ilegales que rondan los 59 millones de pesos, lo que pone en duda su perfil crediticio.
Gerardo González: el crecimiento exponencial tras el apoyo legislativo
Por su parte, el caso de González exhibe un crecimiento crediticio que despertó suspicacias dentro del ámbito político. Al asumir su banca en diciembre de 2023, su historial financiero era prácticamente inexistente, con apenas 3.000 pesos registrados. No obstante, a partir de mayo de 2025 comenzó a acceder a préstamos en el Banco Nación, que fueron incrementándose de manera sostenida.
El salto más significativo se produjo luego de su acompañamiento a iniciativas clave del Gobierno de Javier Milei en el Congreso, como el voto favorable al DNU que otorgó fondos reservados a la SIDE y el rechazo al aumento jubilatorio, que lo convirtió en uno de los «87 héroes» como llamó Milei a quienes votaron en contra. Tras esas decisiones, su nivel de endeudamiento pasó de 9,6 millones de pesos en abril de 2025 a 177,6 millones en un solo mes, hasta alcanzar en febrero de 2026 un total cercano a los 209 millones de pesos.
De esta manera, González integra un reducido grupo de dirigentes libertarios con deudas superiores a los 200 millones de pesos contraídas con el Banco Nación en el último año, junto a Alejandro Carrancio y Alfredo González.
¿Un patrón de privilegios para una «nueva casta»?
La controversia no se limita a estos dos casos. El relevamiento también incluye a funcionarios vinculados al equipo económico de Luis Caputo, autoridades del Banco Central y legisladores como Lorena Villaverde (que tenía un embargo judicial) y Sharif Menem. Este último fue señalado como un caso paradigmático, al haber accedido a un crédito de 357 millones de pesos con escasa antigüedad laboral y un ingreso que, según especialistas, no justificaría ese nivel de financiamiento.
Por otro lado, el caso del concejal libertario de Luján, Alexis Hasen, podría aportar elementos para comprender los criterios detrás del otorgamiento de estos préstamos. Con apenas 28 años, Hasen integraba el directorio del Banco Nación al momento en que se modificaron los criterios para estos créditos. Según trascendió, tomó dos préstamos hipotecarios: uno a su nombre y otro a nombre de su madre, quien no contaría con historial crediticio y actualmente presenta dificultades para afrontar las cuotas.
El concejal solicitó licencia en la entidad bancaria y percibe una dieta cercana a los cinco millones de pesos. Sin embargo, la cuota de su crédito superaría el 50% de sus ingresos formales, lo que también genera interrogantes sobre la viabilidad financiera de la operación.
En un contexto en el que el acceso a la vivienda resulta cada vez más restringido para la mayoría de la población, la facilidad con la que dirigentes políticos acceden a créditos bajo condiciones consideradas excepcionales vuelve a instalar el debate sobre los privilegios en la función pública y la transparencia en el uso de herramientas financieras estatales.
A la par, mientras toda esta controversia ocurre, el Banco Nación avanza con el cierre de sus sucursales, agregando incertidumbre a los trabajadores, luego de que el Gobierno fallara en su intento de privatizarlo. La Justicia definirá si los créditos fueron otorgados legalmente, pero el contexto hace dudar mucho de su moralidad.
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