La reforma de la Ley de Glaciares llegó a su momento más crítico. Tras obtener media sanción en el Senado el 26 de febrero —con 40 votos a favor y 31 en contra—, el proyecto enviado por el Ejecutivo de Javier Milei avanza ahora en la Cámara de Diputados con una velocidad que alarma a organizaciones ambientales y sectores opositores. Este martes, las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales se reúnen para emitir dictamen de mayoría; si lo logran, la sesión definitiva está prevista para este miércoles a las 15.
El desembarco de los gobernadores
Uno de los hechos más llamativos del debate será la presencia física de varios mandatarios provinciales en el Congreso. Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy) —integrantes del llamado «triángulo del litio»— llegarán juntos a defender la reforma ante las comisiones. También respaldan la iniciativa los gobernadores de Mendoza y San Juan, Alfredo Cornejo y Marcelo Orrego.
El argumento es compartido: la ley vigente desde 2010 genera «inseguridad jurídica» que frena inversiones en litio y cobre. En el caso de Salta, el interés es concreto: la provincia tiene proyectos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que superan los 10.000 millones de dólares, incluyendo el proyecto Rincón de Rio Tinto —el primero incorporado al régimen en el país, con una inversión estimada de 2.700 millones de dólares— y Diablillos, de AbraSilver, aprobado en febrero de 2026 con 760 millones de dólares.
En cambio, diputado y ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti manifestó antes de la sesión que no acompañará la modificación de la Ley. Así también, se espera que legisladores que responden a provincias como Chubut, La Pampa, Jujuy, Formosa, Santa Cruz, Santiago del Estero, La Rioja y la Provincia de Buenos Aires rechacen la iniciativa del gobierno nacional.
NO SE PUEDE ACOMPAÑAR LA REFORMA ACTUAL DE LA LEY DE GLACIARES.
Los glaciares son fundamentales para que tengamos agua dulce en el país. Influyen no sólo en el 36% de la superficie argentina que depende de ellos para tener…— Juan Schiaretti (@JSchiaretti) April 7, 2026
Los intereses detrás de los gobernadores
La presencia de los mandatarios no es solo política. Entre las empresas que se verían beneficiadas figuran multinacionales como Rio Tinto, Glencore, BHP, Barrick Gold, Lundin y Ganfeng Lithium, con proyectos en zonas hoy protegidas por la ley vigente.
En ese marco, la senadora salteña Flavia Royón, que votó a favor de la reforma, fue puesta bajo la lupa. El abogado ambientalista Enrique Viale la denunció públicamente durante las audiencias en Diputados, señalando presuntos vínculos con empresas del sector. Royón rechazó las acusaciones y aseguró haberse desvinculado de toda actividad privada antes de asumir su banca.
Las denuncias sobre fondos del Tesoro
El punto más explosivo del debate no viene del contenido de la ley sino de lo que ocurrió en paralelo al proceso legislativo. Un informe de seguimiento del gasto público reveló que, en los tres días previos a la votación en el Senado, el Gobierno transfirió 20.000 millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a cinco provincias. De esos bloques, 14 de 19 senadores votaron a favor de la reforma.
La situación se repitió. Entre el 19 y el 20 de marzo, otras 11 provincias recibieron 47.000 millones de pesos adicionales. Y el 1° de abril, mediante el Decreto 219/2026, el Ejecutivo giró un adelanto extraordinario de coparticipación de 400.000 millones de pesos a 12 provincias. En total, 16 provincias recibieron transferencias directas en las semanas previas al debate en Diputados, jurisdicciones que concentran 103 legisladores con voto en la sesión del miércoles. El informe señala que esa suma equivale a casi 20 veces el presupuesto anual del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, y advierte que los ATN carecen de criterios de asignación claros, lo que habilita su uso discrecional.
Qué cambia la ley y por qué genera rechazo
La normativa vigente prohíbe cualquier actividad minera o hidrocarburífera en glaciares y en el ambiente periglacial, definidos como bienes públicos y reservas estratégicas de agua. La reforma propone reemplazar esa protección general por un esquema selectivo: solo quedarían resguardados los glaciares que demuestren una «función hídrica efectiva«, evaluada caso por caso. Además, serían los propios gobernadores quienes determinen qué áreas merecen protección, con capacidad de ordenar al IANIGLA —el organismo científico a cargo del inventario nacional— la exclusión de formaciones del registro oficial.
Los científicos del organismo aclararon que no fueron consultados sobre los cambios. Investigadores advierten que en el noroeste argentino hasta el 97% de los cuerpos de hielo son geoformas periglaciares que no se ven a simple vista pero cumplen un rol hídrico esencial, y que podrían quedar desprotegidas con la nueva definición.
El escenario de la votación
El oficialismo confía en tener los votos. La base de firmas para la sesión especial ronda los 127 diputados —a dos del quórum de 129—, con apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la UCR e Innovación Federal. Incluso dentro del peronismo hay fisuras, con representantes de distritos cordilleranos que podrían acompañar.
La oposición anticipa impugnaciones judiciales basadas en las restricciones a la participación ciudadana durante las audiencias públicas de marzo, donde más de 100.000 personas se inscribieron pero menos de 400 pudieron exponer, en aparente violación del Acuerdo de Escazú, tratado internacional del que Argentina es signataria. Si el dictamen sale este martes, la votación definitiva sería este miércoles. La ley de protección ambiental más importante de la Argentina podría cambiar de fondo en menos de 48 horas.
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