A más de dos años del inicio de la gestión de Javier Milei, distintos indicadores económicos comienzan a poner en tensión el relato oficial sobre una supuesta recuperación sólida de la economía. Los datos reflejan un escenario complejo, atravesado por la pérdida de empleo, el cierre de empresas y un deterioro sostenido del poder adquisitivo.
Según el último informe del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), desde diciembre de 2023 se perdieron más de 271.000 empleos registrados y cerraron unas 22.600 empresas en todo el país. La magnitud de estas cifras contrasta con el discurso del Gobierno, que insiste en destacar la creación de puestos de trabajo y una mejora general de la actividad.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la forma en que se presentan los datos oficiales. Mientras desde el oficialismo se habla de un crecimiento cercano al 10% del PBI, mediciones más amplias y comparables ubican esa cifra en apenas un 1,8%. Esta diferencia no es menor: evidencia una estrategia comunicacional que, para los críticos, busca instalar una percepción optimista que no se corresponde con la realidad cotidiana de amplios sectores de la sociedad.
El modelo económico actual muestra además un patrón de crecimiento profundamente desigual. Los sectores más dinámicos —como el agro y la explotación de hidrocarburos— están orientados al mercado externo y generan relativamente poco empleo. En cambio, actividades clave para el mercado interno como el comercio (-5%), la industria manufacturera (-9%) y la construcción (-15%) registran caídas significativas . Esta configuración impacta directamente en el mercado laboral, donde la capacidad de generación de empleo se ve cada vez más limitada. En ese sentido, los mecionados sectores de la industria y la construcción aparecen como los principales focos del deterioro laboral, concentrando una pérdida de alrededor de 121.000 puestos de trabajo desde el inicio del actual gobierno.
El deterioro también se refleja en la calidad del trabajo. La informalidad alcanzó el 43% de la población económicamente activa, mientras que la desocupación llegó al 7,5%, el nivel más alto para un cuarto trimestre desde la pandemia . En términos absolutos, se estima que más de 500.000 personas perdieron su ocupación desde el inicio de la actual gestión.
A este panorama se suma la caída del poder adquisitivo. Jubilados, empleados públicos y trabajadores del sector privado registrado vieron reducir sus ingresos reales, con caídas de hasta el 18% en algunos casos . Aunque ciertos indicadores muestran mejoras en los ingresos informales, especialistas advierten que estos datos están atravesados por cambios metodológicos y no necesariamente reflejan una recuperación genuina. Los trabajadores más afectados fueron los del ámbito de la sanidad (-15%), la construcción (-10%) y el sector docente (-6,6%), lo que pone en evidencia un marcado deterioro del ingreso real en actividades esenciales y de alta intensidad laboral.
En este contexto, crecen los cuestionamientos sobre el rumbo económico del Gobierno. Lejos de un crecimiento homogéneo, lo que se observa es una economía fragmentada, con «ganadores» y «perdedores» claramente definidos. Mientras algunos sectores vinculados a la exportación se benefician, amplias capas del entramado productivo y laboral enfrentan un escenario cada vez más adverso.
La discusión de fondo ya no gira únicamente en torno a los indicadores macroeconómicos, sino al impacto concreto de las políticas en la vida cotidiana. En un país con altos niveles de desigualdad, el desafío no es solo crecer, sino definir quiénes se benefician de ese crecimiento y a qué costo social se lo está logrando.
Fuente: Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO)
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