El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atraviesa uno de los momentos más delicados desde que asumió en el cargo. A la investigación por el financiamiento de su viaje a Punta del Este se le suma ahora una nueva denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, que pone el foco en una propiedad que no habría sido incluida en su declaración jurada.
La ampliación de la causa fue presentada por la Diputada Marcela Pagano, quien incorporó documentación sobre una vivienda ubicada en el country Indio Cuá Golf Club, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. Según la denuncia, se trata de una casa de dos plantas que no figura en la última presentación patrimonial del funcionario ante la Oficina Anticorrupción.
Una propiedad en la lupa
La controversia se disparó tras conocerse comprobantes de expensas por $699.637 correspondientes al barrio privado, que figuran a nombre de Bettina Angeletti, esposa de Adorni. El lote señalado —identificado como el número 380— cuenta, de acuerdo a la presentación judicial, con una construcción de dos plantas y se ubica en una zona privilegiada del predio, a pocos metros de la cancha de golf.
El country en cuestión dispone de infraestructura de alto nivel, con instalaciones como cancha de golf, caballerizas, canchas deportivas y un sistema de seguridad privada que representa buena parte del costo de las expensas. Mediante estimaciones citadas en la denuncia, las propiedades en ese complejo oscilan entre los USD 130.000 y USD 250.000, a lo que se suma una cuota de ingreso millonaria.
Piedra libre para Adorni!! El Jefe de Gabinete no declaró una casa de lujo, hecha a nuevo, en un country premium. No es un error administrativo, recordemos que es contador público! Y esto también lo van a adjudicar a la IA? #nostomandeboludos #CASTA amplié mi denuncia por… pic.twitter.com/fltV3RmrE5
— Marcela Pagano (@Marcelampagano) March 19, 2026
Omisiones y contradicciones
El punto más sensible radica en la presunta omisión de esta propiedad en la declaración jurada presentada por Adorni en agosto de 2025. En ese documento, el funcionario solo informó la tenencia del 50% de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y otro inmueble en La Plata.
La falta de registro de esta vivienda, en paralelo con el escándalo por el uso de vuelos privados cuyo financiamiento aún no está claro, profundiza las sospechas sobre la evolución patrimonial del jefe de Gabinete. En ese contexto, la fiscalía —con intervención de Gerardo Pollicita— ya analiza si corresponde avanzar en un encuadre por enriquecimiento ilícito o incluso por la posible recepción de dádivas, en el marco de las dos causas que actualmente rodean al funcionario.
Medidas de prueba y silencio oficial
La Diputada Pagano solicitó una batería de medidas urgentes para esclarecer la situación. Entre ellas, pedidos al Registro de la Propiedad Inmueble para confirmar la titularidad del lote, informes a la Municipalidad de Exaltación de la Cruz sobre permisos de obra y la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) para detectar posibles movimientos sospechosos vinculados a la adquisición del inmueble.
Hasta el momento, Adorni no realizó declaraciones públicas sobre esta nueva denuncia. Desde su entorno, en cambio, buscaron relativizar el caso. La Diputada Lilia Lemoine sostuvo en redes sociales que se trata de un «country de clase media» y que la vivienda habría sido reformada, en un intento por bajar el tono de la polémica.
Sin embargo, vecinos del predio indicaron que el funcionario contaría con custodia permanente de la Policía Federal durante sus estadías, un dato que añade otro elemento al debate público sobre el uso de recursos y privilegios.
La superposición de denuncias —por el financiamiento del viaje al exterior y ahora por una propiedad presuntamente no declarada— configura un escenario judicial y político adverso para Adorni. Con la causa en manos del juez Ariel Lijo y nuevas medidas en curso, la investigación avanza sobre un eje central: determinar si existieron inconsistencias patrimoniales o beneficios indebidos incompatibles con la función pública. En ese marco, el caso ya dejó de ser un episodio aislado para convertirse en un frente abierto que amenaza con escalar tanto en los tribunales como en el plano político.
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