Lejos de quedar olvidada, la causa $LIBRA sumó un nuevo capítulo lleno de acusaciones que preocupan a la Casa Rosada. El caso que involucra al Presidente Javier Milei y el empresario estadounidense Hayden Davis suma una nueva denuncia, ahora hacia el fiscal a cargo del caso, Eduardo Taiano. Todo esto se destapó cuando la abogada y divulgadora judicial Natalia Volosin fue citada para ser la primera en declarar. Lo que llamaba la atención de esta decisión es que Volosin no está acusada de participar en la operatoria financiera, sino que fue una de las primeras personas en difundir documentos que podrían ser evidencia sobre cómo sucedieron las cosas.
La controversia nació cuando Volosin difundió una serie de publicaciones durante 2025 en su sitio de análisis judicial. Ahí dio a conocer documentos surgidos de peritajes realizados sobre a teléfonos celulares vinculados a la causa, entre ellos el de Mauricio Novelli. Entre ese material aparecía un borrador de contrato que, según explicó, habría sido parte de un acuerdo entre Milei y Davis.
Además del supuesto acuerdo, el material incluía otros elementos que ayudaban a reconstruir el circuito financiero detrás de la memecoin. Entre ellos figuraban contratos entre el estadounidense y empresarios locales, así como una factura de Pía Novelli (hermana de Mauricio) a Hayden Davis por 250.000 dólares emitida a una billetera virtual. Para Volosin esa factura era una de las pruebas más importantes porque hasta ese momento no había aparecido documentación que demostrara pagos concretos vinculados a $LIBRA.
Me dicen que soy la primera citada de la causa $LIBRA. Muy honrada. Como dice Santi Caputo: me preparé toda la vida para esto. pic.twitter.com/y45Dj1FqrK
— Natalia Volosin (@nataliavolosin) March 10, 2026
El manejo de la evidencia
Pero el contenido de los documentos no fue lo grave, sino cómo fueron manejados dentro de la investigación judicial. Volosin explicó que la documentación que ella hizo pública ya estaba en poder de la fiscalía desde noviembre del 2025. En concreto, los peritajes incluían el borrador del contrato, los acuerdos entre empresarios y la factura vinculada a la operación. Pero, a pesar de su importancia, el material no había sido incorporado formalmente al expediente.
Lo mismo sucedió con un segundo peritaje que incluía comunicaciones de los teléfonos peritados. Ese informe había sido entregado a la fiscalía a comienzos de enero y recién fue agregado al expediente a fines de febrero e incluso entonces el material se incorporó sin los anexos que contenían las pruebas completas haciendo que no se pueda acceder al contenido de las conversaciones. Para la abogada esta demora resulta muy difícil de justificar porque todas las pruebas deben ser incorporadas al expediente para que puedan ser analizada por el juez y por las partes. Además, asegura que retener material de manera prolongada dentro de la fiscalía podría afectar la transparencia de la investigación.
Una citación polémica
En medio de ese escenario, el fiscal Eduardo Taiano decidió citar a Volosin a declarar como testigo en la causa. Generalmente los citados suelen ser los implicados en la causa, por lo cual es entendible la sorpresa de la abogada cuyo único vínculo con el expediente fue la publicación de documentos. “Lo único que hice fue publicar información que el propio fiscal tenía desde hacía meses”, sostuvo.
La forma en que se concretó la citación también fue por demás extraña. La policía llegó a su casa y cuando ella bajó a recibirlos ya se había retirado, dejando una notificación bajo la puerta que sólo le daba 30 minutos para presentarse en la comisaría. La abogada llegó a la misma antes que el agente, ya que se había movilizado en bicicleta y ella, en moto.
Otro detalle por demás extraño fue que el fiscal había incorporado al expediente un informe con los datos personales de Volosin, obtenidos de bases oficiales del Estado, incluyendo información del registro nacional de personas. Ese documento, que incluía su domicilio y otros datos sensibles, fue subido al sistema judicial y puesto a disposición de las partes del expediente. La decisión resulta notoriamente grave porque expone información personal a los acusados en una causa que investiga una posible organización criminal transnacional. “Yo tendría que ser en la Argentina testigo protegido en los términos de la ley de víctimas. Lejos de eso, me amedrentaron y me apretaron mostrándome mis datos”, explicó.
He solicitado formalmente al @CPACF la designación de un veedor para mi declaración testimonial el martes 17/03 ante el fiscal Taiano en la causa $LIBRA, motivada en el temor provocado por su amedrentamiento a la libertad de expresión y al secreto de las fuentes periodísticas.
— Natalia Volosin (@nataliavolosin) March 14, 2026
Presiones y fiscales
A la controversia judicial se sumaron denuncias de presiones institucionales. La abogada sostuvo que personas que trabajaron con ella durante su paso por la Procuración General habrían sido objeto de medidas disciplinarias y secuestros de computadoras luego de que ella publicara la documentación del caso. Según afirmó, esas acciones habrían sido impulsadas desde el entorno del procurador interino Eduardo Casal.
“Acá el principal escándalo es que el fiscal de la causa LIBRA ocultó pruebas”, explicó. “Los periodistas y los twitteros estamos haciendo el trabajo de la justicia. Taiano debería ser denunciado por encubrimiento”. Ayer, los legisladores que integran la Comisión Libra solicitaron la recusación del fiscal Taiano en el expediente. Además, sostienen que Milei tuvo un rol de “partícipe necesario” en la presunta estafa y avanzan con pedidos de interpelación para Karina Milei y Manuel Adorni. En paralelo, Martín Menem se negó a que la conferencia fuera transmitida por Diputados TV.
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