La compañía que administra el servicio de agua potable en Posadas y Garupá decidió frenar nuevas obras mientras avanza el proceso de venta de sus activos en Argentina. La medida genera incertidumbre sobre el futuro de las inversiones en infraestructura y el funcionamiento de la concesión.
La empresa responsable del servicio de agua potable en Posadas y Garupá atraviesa un proceso de desinversión que impacta directamente en las obras previstas para la red de provisión. La firma decidió frenar nuevos proyectos mientras avanza la búsqueda de compradores para su operación en Argentina.
La prestataria Servicios de Aguas de Misiones S.A. (SAMSA) había proyectado invertir cerca de 5.000 millones de pesos durante 2025 para mejorar el sistema de distribución. Sin embargo, según los datos disponibles, solo se habrían ejecutado alrededor de 1.450 millones, una cifra muy inferior a lo planificado.
En medio de este escenario, la compañía también informó recientemente una inversión de 520 millones de pesos en una flota de vehículos, aunque en los balances esa suma estaría vinculada a recursos remanentes del año anterior.
Desinversión internacional
La situación responde al proceso de retiro del fondo estadounidense Platinum Equity, que actualmente busca desprenderse de los activos vinculados a la operación local.
La gestión de SAMSA depende de Urbaser Inversiones Argentina, una filial de Urbaser, holding con presencia en más de 30 países y decenas de miles de empleados en todo el mundo.
El proceso de venta de la filial argentina está siendo gestionado por Banco Santander, mientras la empresa mantiene congeladas las inversiones en infraestructura para el servicio de agua potable en el área metropolitana de Posadas.
Venta global y activos en Argentina
A nivel internacional, Platinum Equity ya acordó la venta de Urbaser Global por casi 6.000 millones de dólares a un consorcio integrado por Blackstone y EQT. Sin embargo, la división de negocios en Argentina —donde opera SAMSA— quedó fuera de esa transacción y continúa en proceso de búsqueda de compradores.
En ámbitos empresariales se menciona que existen grupos interesados en adquirir la operación en Misiones, aunque por el momento no se oficializó ningún acuerdo.
Posible intervención del Gobierno provincial
Ante el escenario de inversiones frenadas y cuestionamientos al servicio, el Gobierno de Misiones podría evaluar medidas sobre la concesión. La normativa vigente habilita la posibilidad de rescindir el contrato si se verifican incumplimientos graves o reiterados en la prestación.
El organismo encargado de fiscalizar el funcionamiento del servicio es el EPRAC, que tiene la facultad de aplicar sanciones a la empresa.
Mientras avanza la venta de la compañía, la provincia podría exigir al futuro operador la revisión de las condiciones de la concesión, cuyo vencimiento está previsto para 2030.
Fuente: La voz de Misiones
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