La Justicia Federal avanzó este martes con una batería de allanamientos y tomó una declaración considerada clave en la causa que investiga presuntas maniobras irregulares con fondos públicos que habrían perjudicado al Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña y a decenas de inversores institucionales.
Según confirmaron fuentes judiciales, el gerente general de la Bolsa de Comercio del Chaco, Julio Barrios Cima, declaró como testigo en el expediente impulsado por el diputado justicialista Santiago Pérez Pons, quien denunció posibles operatorias financieras de alto riesgo que habrían generado un millonario perjuicio.
En paralelo a la testimonial, la AFIP-ARCA y la Policía Federal realizaron un allanamiento en la sede de la entidad bursátil, ubicada en Frondizi 147 de Resistencia, en busca de documentación contable, respaldos electrónicos y registros vinculados a operaciones con cheques.
Los procedimientos se extendieron también a la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, a domicilios particulares y a comercios agropecuarios en Charata. Entre los lugares requisados figura la vivienda y oficina del funcionario radical Diego Landriscina, quien se desempeñaba como secretario de Gobierno municipal y días atrás solicitó licencia.
Fuentes judiciales indicaron que el objetivo es reconstruir el circuito del dinero y determinar si existió desvío de fondos públicos hacia instrumentos financieros de alto riesgo.
Cheques no garantizados y presuntas omisiones
El foco de la investigación está puesto en presuntas maniobras con cheques en el segmento no garantizado o no avalado. Una de las hipótesis bajo análisis es que la Bolsa podría haber omitido controles de evaluación de riesgo al admitir operaciones de empresas o personas que no reunían las condiciones necesarias para operar en ese mercado.
De comprobarse, esa supuesta falla habría expuesto tanto a organismos públicos como a inversores institucionales a pérdidas millonarias. El Municipio de Sáenz Peña sería uno de los damnificados, con pérdidas que, según estimaciones preliminares, superarían los 1.500 millones de pesos, dentro de un perjuicio global que rondaría los $10 mil millones.
Desde la entidad bursátil, en tanto, sostienen que las operatorias se realizaron dentro de los marcos legales vigentes, incluso aquellas con mayores niveles de riesgo, que —argumentan— también ofrecen mayores tasas de rentabilidad.
Cincuenta presuntas estafas y comisiones bajo la lupa
Los denunciantes aseguran que el caso del municipio sería apenas uno de alrededor de cincuenta afectados por el mismo circuito financiero, entre consejos y colegios profesionales, además de otros inversores institucionales. También se investiga si 49 de esos actores optaron por no iniciar acciones judiciales para evitar exposición pública.
Otra línea clave apunta a las comisiones cobradas en operaciones que luego cayeron en incumplimiento. La Justicia analiza cuánto se percibió por cheques que terminaron en default y bajo qué modalidad se abonaron esas comisiones, un aspecto que, de comprobarse irregularidades, podría derivar en imputaciones por cohecho u otros delitos contra la administración pública.
En ese marco, surge el nombre de Landriscina, quien habría intentado inscribirse como agente productor ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), trámite que —según trascendió— fue rechazado por su condición de Persona Políticamente Expuesta. La pesquisa intenta determinar si, pese a ello, habría percibido comisiones equivalentes a las de un productor registrado.
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Denuncia política y tensión institucional
La denuncia penal fue presentada por Pérez Pons junto a concejales justicialistas de Sáenz Peña. «Cuando se pierde dinero público, no pierde un Gobierno: pierde la gente», sostuvo el Legislador.
La causa, que también es seguida por fiscalías provinciales, se da en un contexto de fuerte tensión política. El Intendente radical Bruno Cipolini —aliado del Gobernador chaqueño Leandro Zdero— quedó en el centro del debate, mientras la oposición exige explicaciones formales e impulsa pedidos de interpelación.
Hasta el momento no hay detenidos, pero fuentes judiciales no descartan nuevas medidas en las próximas horas. La investigación busca determinar si existió negligencia en los controles, conflictos de interés o un esquema sistemático de comisiones irregulares que habría dejado un millonario agujero en las arcas públicas y en el patrimonio de inversores institucionales.
Con información de Diario Norte y Es Chaco
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