La crisis económica que atraviesa la Argentina bajo la gestión de Javier Milei comenzó a golpear con fuerza a empresas de distintos tamaños y rubros, incluso a aquellas cuyos dueños habían respaldado públicamente el rumbo libertario. La combinación de recesión, apertura de importaciones, caída del consumo y costos internos en alza dibuja un escenario cada vez más complejo para la industria nacional.
Uno de los casos más simbólicos es el del Grupo Marengo, la firma santafesina que en diciembre de 2023 lanzó una línea de caramelos llamada «No hay plata», en homenaje a la frase pronunciada por el presidente Javier Milei al asumir y anticipar el ajuste. Con el slogan «Si no hay plata, lo que sí habrá será dulzura, alegría y diversión», la empresa buscó subirse a la ola libertaria. Dos años después, la realidad terminó siendo amarga: tras una fuerte caída de ventas, suspensiones sin goce de sueldo, reducción de más del 30% del personal y conflictos por salarios adeudados, los dueños resolvieron vender la planta.
La crisis en Marengo se profundizó durante 2025, cuando el desplome del consumo impactó de lleno en la industria de las golosinas. En julio de ese año la empresa aplicó suspensiones por «fuerza mayor» y desde entonces el conflicto con los trabajadores fue en aumento. En las últimas horas se notificó al gremio la venta de la fábrica a un grupo del rubro, aunque persiste la incertidumbre sobre la continuidad laboral de los operarios.
Panorama complejo para pequeñas y grandes empresas
El panorama no es exclusivo del sector alimenticio. En la industria avícola, el mayor frigorífico del país, Granja Tres Arroyos, atraviesa una situación crítica por la importación masiva de pollo brasileño. La empresa, propiedad de Joaquín de Grazia —quien había defendido públicamente la reforma laboral impulsada por el Gobierno— enfrenta un escenario límite: en 2025 ingresaron cerca de 20 mil toneladas de pollo desde Brasil, más de un 300% respecto al año anterior.
La apertura importadora, sumada al cierre temporal de exportaciones hacia Europa por restricciones sanitarias y a costos internos dolarizados con energía cara y tipo de cambio atrasado, dejó a la compañía al borde de nuevos despidos. En marzo podrían desafectarse unos 450 trabajadores entre sus plantas y las de Cresta Roja, en un contexto donde la firma ya redujo significativamente su plantilla en el último año y aún adeuda indemnizaciones de retiros voluntarios.
El impacto es particularmente grave en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, donde el frigorífico es uno de los principales empleadores formales. Allí, la pérdida de puestos industriales convive con el crecimiento de pequeños comercios informales, mientras en las góndolas se multiplican los productos avícolas importados.
Empresas de muchos años también cerraron sus puertas
A este cuadro se suma el cierre de empresas tradicionales en otras provincias. En Córdoba, la histórica fábrica de alfajores La Paila anunció que bajará sus persianas a fin de mes tras más de 30 años de actividad. En un comunicado, la firma familiar atribuyó su decisión a la «difícil e inestable realidad económica» y a la falta de condiciones previsibles para producir. La apertura de importaciones y la caída del mercado interno fueron señaladas como factores determinantes.
Los casos de Marengo, Granja Tres Arroyos y La Paila muestran que la crisis ya no distingue entre pymes familiares ni grandes grupos agroindustriales. La recesión prolongada, la competencia externa y la contracción del consumo interno configuran un escenario donde incluso empresarios que celebraron el cambio de modelo hoy enfrentan cierres, ventas forzadas y despidos masivos. En ese contexto, el debate sobre el rumbo económico deja de ser ideológico y se vuelve urgente para miles de trabajadores y para un entramado productivo que evidencia signos de deterioro estructural.
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