La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Reforma Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa obtuvo 149 votos afirmativos, 100 negativos y ninguna abstención, y ahora será girada al Senado para su tratamiento antes del inicio del período ordinario.
El nuevo régimen busca reemplazar la Ley 22.278, vigente desde 1980, y fija una pena máxima de 15 años para adolescentes que cometan delitos graves. Además, contempla una asignación presupuestaria superior a los 23 mil millones de pesos y habilita la firma de convenios entre Nación y provincias para la implementación del sistema.
Sin embargo, el debate en el recinto estuvo atravesado por fuertes cuestionamientos de distintos bloques opositores, que pusieron el foco en el carácter punitivo del proyecto, la falta de políticas preventivas y la viabilidad real de su aplicación en las provincias.
“Mamarracho jurídico” y advertencias por inconstitucionalidad
Una de las críticas más duras provino de la diputada Victoria Tolosa Paz, quien calificó la iniciativa como un “mamarracho jurídico” y defendió el dictamen alternativo de su espacio, que proponía mantener la punibilidad entre los 16 y 18 años con penas máximas de 10 años para delitos graves.
Según sostuvo, el texto aprobado no respeta el principio de proporcionalidad ni garantiza un sistema especializado que contemple la especificidad del juzgamiento juvenil. “No se soluciona con marketing político, cambiando la edad como si fuera un juego de póker”, lanzó.
En la misma línea, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó que no se hayan incorporado aportes de organismos como la Iglesia, UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría. Advirtió además que el proyecto presenta “un vacío de política pública” respecto de los menores no punibles y que “no dice una palabra sobre la cuestión preventiva”.
También alertó sobre el aspecto presupuestario, al considerarlo “ínfimo” y sin contemplar adecuadamente el impacto en las provincias.
Críticas por el sesgo “punitivista” y la criminalización de la pobreza
Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman y Romina del Plá rechazaron la baja de la edad de imputabilidad al advertir que la norma apunta a “la persecución penal de los pibes” y ampliará las facultades policiales en los barrios populares.
Bregman sostuvo que, aunque no se relacione delito con pobreza en el discurso, la criminalización efectiva recae sobre los sectores populares. Del Plá, por su parte, afirmó que la medida podría derivar en que organizaciones narco recluten a niños aún más pequeños, profundizando el problema en lugar de resolverlo.
La diputada Agustina Propato también catalogó la iniciativa como “irrazonable” y “contraria a los estándares internacionales”, y pidió la creación de una comisión bicameral de seguimiento. A su entender, la reforma “no agrega nada” sustancial en términos de políticas integrales para abordar las trayectorias delictivas juveniles.
“No previene la inseguridad”
Otra voz crítica fue la de Natalia de la Sota, quien cuestionó la efectividad de la reforma frente al problema de la inseguridad. “¿Esto previene? No, no previene”, sostuvo, y remarcó que el delito juvenil representa un porcentaje ínfimo del total de hechos delictivos.
Para la legisladora cordobesa, el debate se centra en un “título rimbombante” más que en una estrategia integral que contemple pobreza, deserción escolar, marginalidad y narcotráfico. “Hacerlo de verdad implica poner los recursos necesarios y las políticas públicas necesarias”, enfatizó.
Dudas sobre la implementación y el financiamiento
Incluso desde sectores que acompañaron la baja a 14 años surgieron reparos. Miguel Pichetto manifestó su apoyo a la reforma, pero expresó desconfianza respecto de que el Gobierno nacional efectivamente transfiera los fondos necesarios para la construcción de establecimientos adecuados para menores.
En ese sentido, advirtió que la aplicación de la ley debería supeditarse a que las provincias cuenten con infraestructura específica, ya que el costo de construcción de centros de detención especializados es elevado.
Un debate que continuará en el Senado
Mientras el oficialismo celebra la media sanción como un avance en materia de seguridad, la oposición anticipa que el proyecto podría enfrentar cuestionamientos judiciales y advierte sobre el riesgo de reforzar un enfoque centrado en el castigo por sobre la prevención y la inclusión social.
Con el envío inmediato al Senado, la Reforma Penal Juvenil abre un nuevo capítulo de debate en torno a la edad de imputabilidad en Argentina, en un contexto de fuerte polarización política y discusión sobre el rol del Estado frente al delito juvenil.
Con información de Parlamentario.
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